En un nuevo capítulo de la revisión del pasado reciente argentino, un ex jefe de operaciones navales de la última dictadura militar (1976-1983) asumió este jueves ante la justicia su responsabilidad en el plan para eliminar opositores mediante los «vuelos de la muerte».
El vicealmirante retirado Luis María Mendía, comandante de operaciones navales entre 1976 y 1979, admitió haber firmado un plan de instrucciones para la llamada "lucha contra la subversión" que planteaba "la eliminación física a través de aviones que, en vuelo, arrojarían los cuerpos vivos y narcotizados al vacío".
Lo hizo ante el juez federal Sergio Torres, quien lo procesó el año pasado y lleva adelante el proceso por la represión criminal practicada en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) que operó como centro clandestino de detención durante el régimen. Por esa institución pasaron unos 5.000 secuestrados, la mayoría aún desaparecidos.
Según el representante especial para los Derechos Humanos de la cancillería argentina, Horacio Méndez Carreras, quien fue abogado de familiares de ciudadanos franceses desaparecidos en Argentina, Mendía fue "un ideólogo del terrorismo de Estado dentro de la Marina" que "adoctrinaba a oficiales jóvenes".
De acuerdo al testimonio del ex oficial naval Adolfo Scilingo, quien conmovió al país a mediados de los años 90 al confesar su participación en los vuelos de la muerte, en 1975 y 1976 Mendía había convocado a todos los oficiales de la Armada a una sala de cine de Puerto Belgrano, una base situada al sur de la oriental provincia de Buenos Aires.
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Allí dio a conocer un plan de "exterminio de la subversión apátrida" que "como mala cizaña, debía ser eliminada de la tierra de los argentinos", según su opinión. El programa, que admitió este jueves lleva su firma, se llamó "Plan de Capacitación contra la Insurgencia Terrorista de la Armada Argentina".
Según la confesión de Scilingo ante la justicia española que lo condenó, Mendía dijo ante unos 900 subordinados que para preservar "la ideología occidental y cristiana" se realizarían "interrogatorios intensos" con "práctica de tortura y el sistema de eliminación física a través de los aviones que, en vuelo, arrojarían los cuerpos vivos y narcotizados al vacío, proporcionándoles de esta forma una 'muerte cristiana'".
El ahora vicealmirante había sido procesado 20 años atrás por violaciones a los derechos humanos en la ESMA, pero en 1989 fue indultado por el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999).
Al declararse en 2005 la inconstitucionalidad de leyes de impunidad dictadas en los años 80, la causa de la ESMA se reabrió, lo que dio pie a que Mendía fuera acusado y procesado por nuevos delitos.
"Las diatribas deberían ser dirigidas contra mí y no contra los jóvenes oficiales que dieron fiel cumplimiento a mis órdenes", declaró el ex represor de 82 años, tres décadas después de los hechos que se investigan. "Muchos de mis subordinados se encuentran hoy detenidos de manera absolutamente injusta e ilegal", añadió.
Los oficiales que comandaba "combatieron con abnegación, valor, valentía, subordinación y heroísmo durante los ocho años que duró la guerra contra organizaciones subversivas y terroristas, y en ningún momento se excedieron en las órdenes recibidas del Estado Mayor, que fueron fidedignamente cumplidas", dijo.
Pero nada había dicho en 1995 cuando Scilingo lo acusó en su testimonio como represor arrepentido en el libro "El Vuelo", del periodista Horacio Verbitsky. De hecho, las revelaciones de Scilingo fueron un fenómeno aislado en la marina de guerra.
Sobrevivientes de la represión coincidieron en advertir un cambio en la estrategia de los acusados de mayor rango de las Fuerzas Armadas para liberar de responsabilidad a oficiales que bajo proceso y detenidos por estas causas.
"La declaración de Mendía es una prueba contundente de que existió un genocidio", dijo a IPS Enrique Fukman, sobreviviente de la ESMA. "Nosotros siempre sostuvimos que no hubo excesos sino que se cumplían órdenes superiores, pero responsables son todos, no se puede limitar el alcance de los juicios", advirtió.
Fukman fue secuestrado en noviembre de 1978 en Buenos Aires y llevado a la ESMA donde permaneció cautivo hasta febrero de 1980. "Un día de enero de 1979 unos 40 compañeros detenidos en 'capucha' —un sitio donde permanecían con la cara cubierta— fueron trasladados para los vuelos de la muerte", recordó.
Ante el juez, Mendía hizo hincapié en que en la Armada regía el principio de la "obediencia debida" y rescató que "los oficiales y suboficiales fueron injustificadamente tomados como chivos expiatorios porque ellos eran muy jóvenes y cumplían órdenes dadas por almirantes que asumían toda la responsabilidad al hacerlo".
La idea de la obediencia debida fue impuesta por las Fuerzas Armadas al gobierno democrático de Raúl Alfonsín (1983-1989) luego del enjuiciamiento de los ex comandantes del régimen.
Los militares reclamaban el fin de los procesos que se abrieron a partir de los juicios a las cabezas de la dictadura, alegando que los subordinados cumplieron órdenes superiores. Y esa idea se convirtió en ley en 1987.
Así, miles de represores quedaron libres de proceso. Pero en 2005 la ley fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en base a nueva jurisprudencia internacional a la que adhirió Argentina, y según la cual los delitos de lesa humanidad no se extinguen ni son pasibles de ningún tipo de amnistía.
Al mismo tiempo que intentan circunscribir la responsabilidad en los jefes, los acusados protagonistas de aquella etapa en la que imperó el terrorismo de Estado pretenden correr las culpas hacia otros lugares, acusando por ejemplo a Francia de haber provisto agentes de inteligencia a la represión e involucrando al derrocado gobierno de Estela Martínez de Perón (1974-1976).
Martínez fue detenida en España en enero por pedido de un juez federal argentino que investiga su responsabilidad en la actuación del grupo ilegal conocido como "Triple A" que ejecutaba a izquierdistas y opositores a su gobierno. Luego, un segundo magistrado la involucró en otro proceso por crímenes de esta misma organización.
"Las Fuerzas Armadas aplicaban a rajatabla la legislación vigente", se defendió Mendía en alusión a decretos dictados en 1975 que ordenaron "aniquilar el accionar de la subversión". Pero no explicó por qué si sólo se trataba de aplicar normas vigentes se llevó a cabo el golpe de Estado de 1976.
Mendía pidió a la justicia tomar declaración como testigos a quienes eran entonces máximos responsables del gobierno de Francia y la captura de un ciudadano francés que, según su versión, intervino en el secuestro de dos religiosas de ese país, crímenes que están comprendidos en el proceso sobre la ESMA.
Se trata de la misma versión defendida en enero por el ex capitán de navío Alfredo Astiz, condenado en ausencia en Francia por el asesinato de las monjas Alice Domon y Léonie Duquet, y acusado de otros múltiples crímenes. "Parece que intentaran volver a la idea de la obediencia debida para que zafen los subordinados, y de paso justificar lo que hicieron en una pretendida legalidad", comentó a IPS Graciela Daleo, otra sobreviviente de la ESMA, en la que permaneció cautiva desde octubre de 1977 hasta enero de 1979.
En su opinión, estas tardías acusaciones contra el gobierno de Martínez y Francia sugieren además un intento de diluir las culpas en un vasto contexto nacional e internacional que superaría los límites del régimen.
