La reflotada investigación en Argentina de los crímenes políticos perpetrados en los años 70 por la banda parapolicial Triple A se alimenta a diario de nuevos elementos, al punto de que va camino a erigirse en una mega causa por delitos contra la humanidad.
"Cada día se presentan nuevos casos de damnificados, familiares, organizaciones o partidos de izquierda", comentó a IPS el fiscal Eduardo Taiano, responsable de la reapertura de estas pesquisas que habían permanecido sepultadas por casi dos décadas. "Muchos de estos casos nunca habían sido denunciados penalmente", añadió.
Taiano dictaminó a fines de 2005 que los crímenes de la Triple A, como simplemente se identificaba a la ya desaparecida ultraderechista Alianza Anticomunista Argentina, fueron delitos de lesa humanidad y como tales no prescriben.
El juez federal que intervenía entonces en la instrucción, Norberto Oyarbide, le dio la razón y así se retomó una pesquisa que tiene a tres imputados y que suma diariamente múltiples víctimas.
"Hoy mismo recibí el testimonio de un gremialista (sindicalista adherente) de un Partido Socialista que en aquellos años fue blanco de tres atentados de la Triple A, luego se fue del país y hoy, por primera vez, se presentó a hacer la denuncia", relató Taiano, quien avizora una avalancha de casos similares.
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Minutos después de la entrevista, la red Justicia Ya, que reúne al Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) y más de otras 10 organizaciones, presentó ante la justicia 683 casos de ejecutados entre 1973 y 1976, el período democrático que precedió a la dictadura militar que a su término en 1983 dejó un saldo de miles de asesinados y 30.000 desaparecidos.
Los abogados aclararon que el listado presentado es "parcial", porque está abierto a nuevas denuncias, y aparecen allí asesinatos no denunciados antes ante la justicia junto a otros emblemáticos, como el del diputado del peronismo de izquierda Rodolfo Ortega Peña y el del pensador marxista Silvio Frondizi, hermano del ex presidente Arturo Frondizi (1958-1962).
La solicitud a Oyarbide incluye medidas procesales tendientes a establecer la identidad de los responsables materiales y políticos de esos hechos.
Juan Domingo Perón, fundador a mediados del siglo XX del heterogéneo movimiento que legalmente se llama Partido Justicialista, había llegado en 1973 por tercera vez a la presidencia de Argentina, trayendo consigo a su secretario personal José López Rega, quien desde el Ministerio de Bienestar Social armaría la tenebrosa Triple A.
El 1 de julio de 1974 muere Perón y asume en su lugar su tercera esposa, María Estela Martínez, más conocida por su nombre artístico de bailarina, Isabel, quien era la vicepresidenta. Fue derrocada por las Fuerzas Armadas el 24 de marzo de 1976.
Es en ese periodo que recrudece la actividad represiva parapolicial de los dirigidos por López Rega, muerto en 1989 en la cárcel a la espera de ser enjuiciado.
La abogada Myriam Bregman, del Ceprodh, explicó a IPS que los crímenes de la Triple A habían quedado pendientes debido a la gran cantidad de procesos por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura.
Las denuncias se sumarán a 15 querellas que corresponden a cerca de 40 víctimas presentadas en lo que va de este año. El Partido Comunista reclamó por sus víctimas en enero, y el Movimiento Socialista de los Trabajadores presentó este mes una denuncia por 15 asesinatos y una desaparición, ocurridos entre 1974 y 1975.
El abogado Marcelo Parrilli, quien acompañó la presentación de los socialistas, declaró a IPS que, si bien las ejecuciones de los militantes fueron hechos públicos en aquellos años, es la primera vez que se piden sanciones penales ante la justicia.
El mismo camino siguió el Partido Obrero que presentó esta semana tres casos de ejecuciones de militantes en 1974, y el Partido de la Liberación, que llevó ante la justicia la denuncia de dos militantes cuyos cuerpos aparecieron baleados en 1975 en un descampado en las afueras de Buenos Aires.
El fiscal explicó que se presentaron también como querellantes, sin plantear por ahora casos detallados de víctimas, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la asociación de docentes de la Universidad de Buenos Aires, y otras agrupaciones.
Por todo eso, el fiscal prevé que este proceso va a adquirir una enorme magnitud y anticipó que habrá que pedir una unificación de las querellas.
Investigaciones últimas sostienen que Perón bendijo la formación de esa estructura paralela que se ocuparía de perseguir a dirigentes y militantes de partidos de izquierda, organizaciones sociales y gremiales, y de neutralizar a grupos izquierdistas radicalizados de su propio partido.
En un anexo del archivo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), creada en 1984 para recoger las denuncias de los casos de secuestros, torturas y desapariciones de personas durante la dictadura, se agruparon los casos de víctimas de ese tipo de delitos y de ejecución sumaria previas al golpe de Estado de 1976.
En esa lista de la Conadep, que toma denuncias de casos ocurridos entre 1966 y 1976, hay 1.170 víctimas, 1.122 de las cuáles fueron blanco de desapariciones o ejecuciones entre 1973 y 1976.
Entre los crímenes más sonados de esta banda se encuentran el asesinato a balazos de Ortega Peña, de Frondizi, acribillado en la puerta de su casa, y del entonces subjefe de la Policía Federal, Julio Troxler. También a la Triple A se le atribuye el asesinato del sacerdote Carlos Mugica, activista del Movimiento de Curas del Tercer Mundo y de la Teología de la Liberación, de actuación destacada en favor de los habitantes de barrios marginales y adherente al peronismo de izquierda.
La primera denuncia contra la Triple A data de 1975, cuando el abogado Miguel Radrizzani Goñi pidió a la justicia que investigue a la organización liderada por López Rega. Pero la causa produjo escasos avances y recién en 1986, tras la recuperación de la democracia, se consiguió detener al ex ministro.
López estuvo en prisión tres años hasta que murió y el proceso se cerró. Pero en diciembre de 2005, la causa se reabrió con la declaración del fiscal Taiano, y un año después empezaron los movimientos. En diciembre pasado fue detenido en España el ex subcomisario Rodolfo Almirón, integrante de la banda.
En enero se produjo el arresto del ex comisario Juan Ramón Morales, quien vivía en Buenos Aires y era otro conspicuo integrante de la organización, y también fue detenido Felipe Romeo, director de la revista ultraderechista El Caudillo, financiada con avisos del ministerio a cargo entonces de López Rega.
No obstante, la resolución más sonada en el ámbito judicial fue la que ordenó la detención en España con fines de extradición de la ex presidenta Martínez de Perón. La orden fue dictada primero por un juez federal de la occidental provincia de Mendoza, y pocos días después por el juez Oyarbide. Está en situación de detenida en su domicilio debido a razones de salud y edad.
