Cuando el gobierno colombiano anunciaba el aplazamiento por dos semanas del resultado de una investigación sobre la explosión de una mina de carbón que mató a 32 mineros, ocho personas más morían en otro yacimiento.
Siete mineros, uno de ellos menor de edad, y una mujer murieron el martes por la explosión de gas metano en una mina de carbón en la zona rural del municipio de Gámeza, en el departamento de Boyacá, centro-oriente del país.
Al parecer, el yacimiento funcionaba ilegalmente, al igual que muchas de las 3.500 minas existentes en Boyacá, según una fuente del gubernamental Instituto Colombiano de Geología y Minas (Ingeominas) citada por el diario El Tiempo.
Por otra parte, el resultado de otra explosión de metano por la que murieron el sábado 32 trabajadores en la nororiental zona rural de Sardinata, prometido por el gobierno para este miércoles, hubo de ser aplazado, dada la intensa concentración de gases en la zona, según decidió la coordinadora regional de Ingeominas, Maritza Fernández.
Fue suspendida desde el martes la licencia de funcionamiento de las minas de San Roque y La Preciosa, en una de las cuales se produjo la explosión, informó la oficina de prensa de Ingeominas.
Los hechos ocurrieron en las cercanías de Sardinata, población de unos 35.000 habitantes situada a 92 kilómetros al noroeste de Cúcuta, capital del nororiental departamento Norte de Santander, en la frontera con Venezuela.
Cerca de 200 minas de carbón se concentran en la zona, en exploración o explotación, informó a IPS el ingeniero Carlos García, funcionario de la gobernación departamental.
Son "minas que contratan trabajadores que se desenvuelven con métodos artesanales o sólo medianamente industrializados, con un gobierno indolente que no concede créditos de fomento y no vigila las condiciones de higiene en un trabajo en el que suceden con frecuencia, en mayor o menor gravedad, hechos similares" dijo a IPS el dirigente sindical Gustavo Triana, de la Central Unitaria de Trabajadores.
"Tanto en Norte de Santander como en Cundinamarca y Boyacá suceden accidentes similares, dada la ausencia de garantías laborales y de parámetros de seguridad industrial", agregó.
La situación es "muy distinta a las exploraciones a campo abierto que se realizan en los departamentos de Guajira o Cesar (en la costa norte), en donde se explora cerca de 80 por ciento del carbón, con gran rentabilidad para los capitales extranjeros y demasiado poca para el país", continuó Triana.
El carbón es el segundo rubro de exportación de Colombia, después del petróleo.
En seis pequeñas poblaciones de características similares a las de Sardinata se realizaron entre el lunes y el martes los sepelios de los 32 muertos.
Nilsa Acuña, esposa de uno de los fallecidos dijo a IPS por teléfono que se sentía bien tratada pues pudo escoger el ataúd de su marido. "Primero me dieron una caja muy fea, por lo que pedí cambio y me aceptaron" dijo, pero no pudo responder cuánto ganaba el muerto, ni si sus condiciones de trabajo se ajustaban a la ley.
"Mi esposo murió como un guerrero", agregó y expresó malestar porque desde el sitio de la tragedia los cuerpos fueron "amontonados como cerdos en un camión —para ser trasportados a sus sitios de origen— y eso sí no está bien, porque todos somos hijos de Dios".
Alexis, su hijo, un soldado que viajó 13 horas desde el noroccidental departamento de Antioquia para asistir al sepelio, afirmó que su padre trabajó en las minas 17 años para mantener a la familia, y que por ahora resta esperar los resultados de la investigación.
Tampoco Alexis pudo decir cuál era el salario percibido por el trabajo realizado a entre 100 y 400 metros bajo tierra, ocho horas diarias, cinco días a la semana.
Los informes oficiales dan cuenta de que toda la seguridad social de los trabajadores estaba al día. Según entrevista de El Tiempo a Juan Combaría, uno de los mineros que se salvó por estar de descanso, su salario equivale a 426 dólares mensuales.
Otro minero entrevistado en la emisora W Radio, José Paredes, afirmó que las regalías por la extracción carbonífera no llegan a la región, y que los niños, por falta de escuelas, reciben clases debajo de los árboles.
El presidente Álvaro Uribe visitó la zona de Sardinata el domingo para manifestar su tristeza por la tragedia y asegurar que el gobierno investigaría las condiciones técnicas en las que funcionaba la mina.
El lunes, el ministro de la Protección Social anunció que la Administradora de Riesgos Profesionales del Instituto de los Seguros Sociales reconocería a cada familia de los fallecidos un auxilio funerario de 963 dólares y una pensión equivalente a 75 por ciento del salario base de cotización del trabajador, no inferior al sueldo mínimo fijado en 192 dólares.
Estos anuncios son "una nueva cortina de humo" ante el Congreso legislativo estadounidense, en trance de votar el Tratado de Libre Comercio entre los dos países, que establece estándares laborales. "Pero la verdad es que en el país vivimos el colmo de las inequidades", afirmó el sindicalista Triana.
El director del departamento de Socorro de la Cruz Roja Seccional Santander, Juan Carlos Torres, narró a IPS las dificultades del rescate de los cadáveres y la tristeza de las familias, con las que "realizaremos jornadas de apoyo, en aspectos que no tienen valor económico, pero sí de afecto y acompañamiento".
