Brasil no tiene una estrategia nacional para combatir la contaminación vinculada a los cambios en el clima terrestre, pese a ser con China e India uno de los tres países en desarrollo que emiten más gases invernadero, afirman expertos y ambientalistas.
Tampoco desarrolla unas políticas que ayuden a enfrentar su vulnerabilidad ante el cambio climático.
Según cifras suministradas por Brasil a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en 1994 (último año relevado) este país emitió casi 1.470 millones de toneladas de gases que contribuyen a mantener el calor de los rayos solares en la atmósfera, un efecto conocido como "de invernadero".
Ese mismo año, India emitía 1.230 millones de toneladas de gases, mientras 3.650 millones de toneladas eran arrojadas a la atmósfera por China, el que más contamina de los países en desarrollo, no obligados aún a abatir sus emisiones.
Estados Unidos, que según los principios de la Convención sí debería reducir sus emisiones, produjo 6.300 millones de toneladas de esos gases en 2004.
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En virtud del Protocolo de Kyoto —en vigor desde 2005 como instrumento de la Convención—, sólo los países ricos que lo han ratificado están obligados a reducir sus emisiones de gases a volúmenes 5,2 por ciento inferiores a los de 1990 en un plazo que vence en 2012.
Brasil reconoce su parte de responsabilidad en la contaminación. Pero prefiere recordar que las alteraciones climáticas son resultado de emisiones de los países ricos, sobre todo Estados Unidos y Gran Bretaña, desde la Revolución Industrial de fines del siglo XVIII.
"Ese argumento puede llevar al inmovilismo", replica el biólogo Paulo Moutinho, del no gubernamental Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia (IPAM, por sus siglas en portugués). "No hay casi nada en Brasil que pueda calificarse de política nacional sobre cambio climático", opina.
El IPAM se especializa en la región brasileña que registra los mayores incendios forestales de este país y que "representan 75 por ciento de las emisiones totales" de gases invernadero nacionales, alerta Moutinho, entrevistado por IPS.
"Brasil no está preparado para soportar los cambios del clima", afirma el científico José Antonio Marengo, del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), quien entregará el 26 de este mes al Ministerio de Medio Ambiente un estudio realizado por su equipo, donde se evalúan las tendencias climáticas nacionales y se plantean escenarios para 2100.
"Adaptamos los modelos globales a las características de Brasil", explicó Marengo a IPS. "Nuestro estudio, realizado con modelos producidos por la Universidad de São Paulo y por el INPE, donde fue ejecutado en un supercomputador, equivale a un mini IPCC", afirma referencia al informe que publica periódicamente el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, principal entidad internacional en la materia.
El IPCC (siglas en inglés) alertó el 2 de este mes que hay 90 por ciento de certeza de que el cambio climático obedece a actividades humanas y que la temperatura terrestre puede elevarse hasta cuatro grados a fines de este siglo, alterando el régimen de lluvias, la extensión de las áreas habitables en los litorales de varios países y la producción de alimentos.
En 2005, Marengo ya había entregado al gobierno un estudio semejante, pero basado en modelos generales.
"La población más pobre es la que sufrirá más" y la región más afectada sería un cuadrilátero en el semiárido Nordeste, comprendiendo "desde el oeste del estado de Piauí, el sur de Ceará, el norte de Bahía y el oeste de Pernambuco", donde se encuentran algunas de las ciudades de menor desarrollo humano, precisó.
Las proyecciones indican riesgos de sequías de 10 o más años. "El gobierno está muy poco preparado para atender emergencias allí. Como máximo podría distribuir algunas canastas de alimentos", opinó.
Mientras, en la norteña selva amazónica, el mayor impacto será la pérdida de diversidad biológica.
Moutinho y Marengo coinciden en que el asunto recibe un tratamiento insuficiente de las autoridades, que no han considerado la variante ambiental en el programa de inversiones 2007-2010, lanzado el 22 de enero por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva para lo que resta de su segundo mandato.
El Plan de Aceleración del Crecimiento prevé inversiones de casi 250.000 millones de dólares en centrales hidroeléctricas, carreteras, usinas atómicas, producción petrolera, ampliación de puertos y aeropuertos, construcción de barcos y plantación de millones de hectáreas de oleaginosas para obtener combustibles no fósiles.
Los aspectos ambientales de ese paquete pudieron haber sido sugeridos por el Foro Brasileño sobre Cambios Climáticos, que Lula creó por decreto en 2000 para "concienciar y movilizar a la sociedad respecto del debate y toma de posición sobre los problemas derivados del cambio del clima por gases de efecto invernadero".
El Foro, que reúne a 12 ministros y es presidido por Lula, además de contar con representantes de organizaciones no gubernamentales y científicas, debería "auxiliar al gobierno en la incorporación de las cuestiones del cambio climático en las diferentes etapas de las políticas públicas". Hasta ahora, realizó apenas algunos encuentros universitarios.
"Los ambientalistas se prenden de la crítica de la vulnerabilidad. Pero el huracán Katrina (en 2005) demostró que ni Estados Unidos está preparado para enfrentar ese tipo de problemas", alega José Domingos Gonzalez Miguez, quien coordina desde 1994 una comisión gubernamental sobre mudanzas climáticas globales en el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
El funcionario más capacitado en la materia, que ayudó a elaborar propuestas brasileñas incorporadas al Protocolo de Kyoto, Miguez subraya el aporte de este país a la solución de problemas climáticos.
"Produjimos dos grandes premisas que orientan todo el debate, como las contribuciones históricas de gases invernadero de los países desarrollados", recuerda Miguez sobre la propuesta brasileña aplaudida por los ambientalistas.
"Hacemos más de lo que nos obliga el Protocolo. No estamos obligados a reducir emisiones, pero ya tenemos más de 106 proyectos para el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), que representan 10 por ciento del total mundial", afirma.
El MDL es un instrumento del Protocolo de Kyoto que permite a los países ricos cumplir parcialmente sus obligaciones invirtiendo en proyectos limpios en naciones del Sur en desarrollo.
Además, argumenta Miguez, se "sobredimensiona" el papel de los países en desarrollo. "Si ocurriera ahora un huracán, nuestra contribución habría sido mínima. A Brasil le corresponden dos por ciento de las emisiones y comenzó a lanzar gases cuando se industrializó, hace unos 50 años, dos siglos después de que los países ricos iniciaran esa contaminación atmosférica", alega.
No es fácil para un país con problemas sociales como éste dedicarse a superar las vulnerabilidades climáticas. "El gobierno debe elegir entre invertir en salud, educación y saneamiento o prepararse para el cambio climático", pese a lo cual "se invierten cerca de 50 millones de dólares por año para prevenir los incendios forestales, la principal fuente de gases invernadero" brasileña, alegó.
Pero esas cifras no describen completamente la disponibilidad de fondos públicos. En 2007, este país pagará casi 50.000 millones de dólares a acreedores externos e internos.
Con todo, la superficie boscosa talada o sometida a "queimadas" (incendios para limpiar la tierra que se destinará a la agricultura) fue en 2006 menos de la mitad de la de dos años atrás.
Miguez reconoce que la deforestación se redujo también por la caída de los precios internacionales de productos agrícolas, sobre todo la soja, cuyo cultivo en áreas boscosas incide en la deforestación.
El gobierno de Lula también ha prevenido la deforestación, según reconoce el IPAM, estableciendo en 2004 y 2005 unos 240.000 kilómetros cuadrados de nuevas áreas protegidas en la Amazonia, sobre todo donde la tala es más intensa.
"Esas zonas tendrán efecto importante en la reducción de futuras emisiones de carbono resultantes de la deforestación" señala el informe "La Amazonia en clima de cambio", realizado por el IPAM, el estadounidense Woods Hole Research Center y la Universidad Federal de Minas Gerais.
Es frecuente, sin embargo, que las zonas deforestadas para plantar o criar ganado lleguen hasta los bordes mismos de las áreas protegidas, sin que el gobierno cuente con funcionarios ni equipos para reprimir eventuales transgresiones de los límites.
