La muerte de nueve personas a balazos el domingo, entre ellas un policía militar, ilustra el cambio operado en la violencia delictiva crónica de esta ciudad brasileña con la incorporación de milicias ilegales que combaten el narcotráfico y le disputan el control de las «favelas».
Esos grupos encabezados por policías, pero denominados por muchos "paramilitares", ya tendrían el dominio de más de 90 favelas, según datos informales de las autoridades de seguridad pública. En Río de Janeiro hay cerca de 700 de esos barrios pobres y hacinados, donde viven un tercio de los seis millones de habitantes de esta ciudad.
Las milicias, que se autodenominan Autodefensas Comunitarias, se expandieron con fuerza el año pasado, pero sólo ganaron repercusión en la prensa a fines de diciembre, cuando el narcotráfico reaccionó desatando una ola de atentados contra algunos policías, sus cuarteles y autobuses.
El incendio de un autobús que provocó la muerte inmediata de ocho pasajeros quemados vivos conmovió al país y destapó la pelea mortal entre el crimen organizado, que se adueñó de las favelas en las dos últimas décadas, y estos grupos parapoliciales que han asumido el control de parte de esas comunidades pobres.
Además de expulsar al narcotráfico y de asesinar a supuestos criminales, las milicias son acusadas de extorsionar a la población local cobrándole una "tasa de seguridad", de explotar el negocio del transporte irregular en microbuses y el suministro de electricidad y de señales de televisión por cable, ambas captadas ilegalmente y sin costos.
El alcalde de Río de Janeiro, Cesar Maia, reconoce la ilegalidad de las milicias, pero las considera un mal menor que el narcotráfico. No asume explícitamente su apoyo, pero en sus opiniones que divulga a través de un blog personal en Internet, señala que una represión policial a esos grupos "paramilitares" favorecería el retorno de los traficantes de drogas.
La población reacciona apoyando inicialmente a las milicias que desplazan a los delincuentes, pero luego se va dando cuenta de que la violencia y las arbitrariedades se repiten, señaló a IPS Rubem Cesar Fernandes, director de Viva Rio, la organización no gubernamental de más amplia actuación en las favelas de la ciudad, que moviliza a unas 1.200 personas, entre trabajadores voluntarios y ejecutores de varios proyectos.
Las últimas confrontaciones con decenas de muertos desde diciembre indican que la población de los barrios pobres ahora está entre tres fuegos, el de los narcotraficantes, el de la policía y el de las milicias.
La batalla del domingo ocurrió en la favela Kelson's, ocupada por una milicia desde diciembre. Los traficantes expulsados contraatacaron en la mañana de ese día, matando a un oficial de la Policía Militar y presunto líder de las milicias y a tres de sus probables colaboradores. Una patrulla policial sorprendió a los atacantes y ametralló uno de sus automóviles, matando a cinco personas.
Los parapoliciales constituyen una evolución y ampliación de los viejos "escuadrones de la muerte" que existen en Brasil desde por lo menos cuatro décadas atrás, opinó Fernandes. Su manera de operar responde a la confrontación con el narcotráfico y a la asimilación de algunos de sus métodos, por ejemplo la ocupación territorial de comunidades como las favelas.
Su creciente actuación se debe en parte a la necesidad de autodefensa, pues los "comandos" de narcotraficantes empezaron a asesinar deliberadamente a policías en Rio de Janeiro en los últimos años, admitió el director de Viva Rio.
El alcalde Maia difundió el mes pasado un mensaje de un "paramilitar" justificando su adhesión al movimiento porque "un policía tiene que ocultar su identidad para circular en la ciudad, tiene que ocultar a su familia". Para tener seguridad tendría que vivir en "condominios cerrados", barrios privados muy protegidos, pero su costo es excesivo para el sueldo de policías de bajo rango.
Así que la alternativa es convertir la comunidad donde viven en "un condominio cerrado para efectos de seguridad", con un contrato informal con los pobladores, según el alegato difundido por Maia.
Pero el nuevo gobernador del estado de Río de Janeiro, Sergio Cabral, tiene una posición distinta y anunció que reprimirá duramente a las milicias, pues es intolerable el "poder paralelo" ejercido por esos grupos y por el narcotráfico en numerosas favelas. El comandante de la Policía Militar, Ubiratan de Oliveira, coincidió en la posición de "no pactar" con la ilegalidad.
En Brasil, la seguridad pública es responsabilidad de los gobiernos estaduales que disponen de dos fuerzas independientes, la Policía Militar que actúa en las calles para la represión y la prevención de delitos, y la Policía Civil, encargada de las investigaciones y la preparación de los procesos judiciales.
Es "dificil que las autoridades enfrenten de hecho a las milicias", porque existe la tendencia a "conciliar con los colegas" y de considerarlos aliados en la lucha contra la criminalidad, evaluó Fernandes. De todas formas, la decisión del gobernador indica una reacción que puede frenar su expansión, aunque sin extinguirlas, opinó.
El control territorial de las favelas permite a las milicias explotar los recursos y el mercado local, como el transporte ilegal y el servicio de distribución de gas en bombonas, sobre los cuales cobra una tasa. Además, empiezan a actuar en negocios inmobiliarios, venta de terrenos y alquileres, y juegos tragamonedas, observó Fernandes.
Por ahora, los "paramilitares" no admiten el tráfico de drogas, pues su relativa legitimidad y cierto apoyo popular proceden de haber expulsado a las bandas de traficantes, reconoció. Pero nada asegura que, como organizaciones de negocios ilícitos, no extiendan su "administración" a esa actividad.
