En las cálidas tierras de Camiri, una población del Chaco boliviano 1.000 kilómetros al sureste de La Paz, unas 12.000 personas se alzaron reclamando la refundación de la petrolera estatal YPFB y cerraron las válvulas de suministro de hidrocarburos a los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca.
En el quinto día de una huelga general, una asamblea de habitantes de la cruceña región petrolera a la que se sumaron indígenas guaraníes, resolvió marchar hasta la planta de almacenamiento y distribución de petróleo crudo, gasolina y gas natural ubicada en las afueras de la ciudad y obligaron a los obreros de la compañía Transredes a cerrar las válvulas.
Antes de que los manifestantes rodearan las enormes instalaciones de Transredes, en las que se destacan los gigantescos tanques de almacenamiento de hidrocarburos, los trabajadores de la empresa redujeron paulatinamente la presión de despacho hasta el cierre total, describió el periodista Nelson Vila en diálogo telefónico con IPS.
La mitad de las acciones de Transredes son de la anglo-holandesa Shell y de Prisma Energy, propietaria de negocios remanentes de la arruinada corporación estadounidense Enron.
Desde el lunes 29 de enero, la región petrolera de Camiri, en el oriental departamento de Santa Cruz, ingresó en una huelga por tiempo indeterminado con el bloqueo de la vía que une la capital departamental, Santa Cruz de la Sierra, con la población de Yacuiba, en la frontera con Argentina, una de las pocas rutas de conexión comercial con el vecino país.
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La entrega al Estado de los campos petroleros de menor capacidad (marginales), actualmente en poder de empresas extranjeras, y la refundación de la estatal YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) con un perfil operativo y descentralizado en la región sudoriental del Chaco, son las principales demandas del Comité Cívico de Camiri, una organización que agrupa a vecinos, sindicatos y gremios.
El gobierno se propone modificar la ley 3.058, que disponía la creación de una empresa descentralizada, por una corporativa, independiente y eficiente bajo un esquema concentrado para evitar su desarticulación, y sólo limitada a las tareas de fiscalización y administración de contratos con las compañías extranjeras, según el ministro de Hidrocarburos y Energía, Carlos Villegas.
El Chaco y el sur bolivianos guardan las principales riquezas de hidrocarburos de este país. Se estima que los yacimientos de la zona poseen 48 trillones de pies cúbicos de gas natural, la segunda reserva más importante de América del Sur, después de la de Venezuela.
Pero, paradójicamente, esa zona es habitada por grupos étnicos en extrema pobreza y que carecen de servicio de gas natural, a pesar de su cercanía con los grandes yacimientos que alimentan las exportaciones a Brasil y Argentina.
Con la interrupción del tránsito, decenas de camiones y buses detenidos y dificultades para el comercio y demás actividades económicas de Santa Cruz, el diálogo entre los manifestantes y La Paz no prosperó por la desconfianza del gobierno, que pide un terreno neutral para las negociaciones.
Frente a un probable desabastecimiento de carburantes en Santa Cruz y el sureño Chuquisaca, el vicepresidente Álvaro García Linera hizo una apresurada exhortación a los dirigentes cívicos de Camiri para que suspendieran las medidas de presión.
"Queremos dialogar, respetamos sus demandas, y no tiene justificación el cierre de válvulas porque representan las venas de la patria", dijo un afligido García Linera, además de asegurar que existían coincidencias con la voluntad de refundar YPFB.
Desde Camiri, el periodista y vicepresidente del comité de huelga Mirko Orgaz recordó a IPS que la recuperación de los hidrocarburos costó más de 60 vidas en la ciudad de El Alto, en octubre de 2003, y acusó al presidente Evo Morales de quitarle contenido histórico a la nacionalización del petróleo, aplicada el 1 de mayo del pasado año.
Las masivas movilizaciones conocidas como "la guerra del gas", encabezadas en 2003 por la población organizada de El Alto, suburbio altiplánico de La Paz, determinaron la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el fin de su política energética basada en la privatización y las exportaciones de hidrocarburos.
El 1 de mayo de 2006, Morales decretó la nacionalización del petróleo, obligando a las compañías extranjeras que lo explotaban a renegociar sus contratos en condiciones más favorables para el Estado boliviano.
Pero la medida no implicó expropiaciones de instalaciones ni de refinerías ni dio a YPFB facultad para operar en lugar de las empresas extranjeras.
"Nacionalización significa expropiación, con o sin indemnización, y la reversión de los campos petroleros" a YPFB, dijo Orgaz, en desafío al modelo del gobierno de izquierda, que mantiene como operadoras a las compañías transnacionales en tareas de exploración y explotación, y a cambio obtiene mayores ingresos por impuestos, con porcentajes variables y de acuerdo a la capacidad de los yacimientos.
Aunque el gobierno de Morales quiere fortalecer a YPFB para devolverle las facultades operativas que tenía antes de su privatización en 1996, la falta de recursos financieros se convierte en la principal traba para alcanzar ese objetivo, que comprende además la compra de acciones de las refinerías operadas por la brasileña Petrobras.
"La refundación de YPFB es nuestra voluntad y decisión, pero llamamos de manera pacífica a los líderes para acudir al diálogo que el gobierno ha convocado", dijo García Linera.
"Los bolivianos, como los norteamericanos (estadounidenses), chinos o ecuatorianos tiene el derecho de expropiar las inversiones de las transnacionales. En el caso boliviano las petroleras tienen denuncias de corrupción, violación de las leyes, y han puesto en riesgo nuestra seguridad energética y engañado al pueblo sobre las inversiones, por lo que no se debería indemnizar", afirmó Orgaz.
La asamblea realizada en la tarde del viernes rechazó la propuesta de un cuarto intermedio en la huelga general y censuró la demora del gobierno para atender sus demandas.
A la movilización asistieron representantes de 25 capitanías del pueblo guaraní, que habita Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, donde se produce casi todo el gas natural y el petróleo para el mercado interno y las ventas al exterior.
El municipio de Cabezas, en Santa Cruz, también amenazó con una huelga y el cierre del gasoducto que suministra 25 millones de metros cúbicos de gas por día a Brasil, el mayor comprador de hidrocarburos bolivianos.
Tras conocer las resoluciones de la asamblea de Camiri, los trabajadores de YPFB en los occidentales departamentos Oruro y La Paz, anunciaron su respaldo a las medidas y demandas.
Este sábado, las consecuencias del desabastecimiento podrían comenzar a sentirse en Santa Cruz de la Sierra, la principal ciudad del país, habitada por 1.3 millones de personas, y en la capital, Sucre, de 261.000 personas. El resto del país se abastece de otras fuentes y refinerías localizadas en Cochabamba y Santa Cruz.
