El probable cierre forzoso de Radio Caracas Televisión (RCTV), la más antigua emisora privada de señal abierta de Venezuela, ha colocado en rincones opuestos al gobierno de Hugo Chávez y a entidades del sistema interamericano.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el socialista chileno José Miguel Insulza, afirmó en una declaración escrita que el cierre inducido de RCTV "aparece como una forma de censura contra la libertad de expresión".
También quebraron lanzas a favor de RCTV y sus trabajadores la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la relatoría del organismo sobre la libertad de expresión, mientras en el país alzaban voces críticas políticos de oposición, la jerarquía de la Iglesia Católica y organizaciones no gubernamentales.
Preocupado, Insulza manifestó que, "sin entrar en consideraciones legales sobre una medida de esta naturaleza, es necesario tomar en cuenta las repercusiones políticas. El cierre de un medio de comunicación masivo es un hecho muy poco común en la historia de nuestro continente, y no tiene precedentes en las últimas décadas de democracia".
Tal decisión "es contraria al clima político generado a partir de las elecciones de diciembre, cuando el reconocimiento, por parte de la oposición, de la victoria del presidente Chávez, pareció abrir camino a un clima de diálogo y concordia entre todos los venezolanos", agregó el secretario general de la OEA.
Chávez anunció durante una parada militar que no renovaría la concesión que RCTV usa desde 1953, y que según el gobierno vence el 27 de mayo de este año, por la conducta de la empresa a favor del golpe de Estado cívico-militar de abril de 2002 que lo separó del gobierno por 48 horas.
Luego ratificó públicamente que la decisión "no tiene vuelta atrás" por la reiterada orientación "golpista" de la planta.
"Ciertamente se trata de acusaciones severas", sostuvo Insulza. "Pero si se ha cometido algún ilícito el camino que corresponde en democracia es acusar a los presuntos autores ante la Justicia", añadió.
Carlos Correa, de la organización no gubernamental Espacio Público, avaló ese criterio, pues según dijo a IPS, "si el gobierno considera que los conductores de RCTV son golpistas, debe encausarlos ante los tribunales, pero no vulnerar el derecho de la sociedad a recibir la información y puntos de vista que procesa esa televisora".
En cambio, Eleazar Díaz Rangel, ex presidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas, estimó que "la medida está sustentada en la legislación venezolana. No hay ningún atropello, sino que desaparece una forma de expresar opiniones con una determinada orientación, con una política muy clara de enfrentamiento". "No sería cuestionable que tenga una línea crítica y de denuncia, si eso no hubiese estado acompañado de acciones que vincularon su desempeño durante varios meses con actitudes favorables al golpe (de Estado) y al paro petrolero de dos meses iniciado a comienzos de diciembre de 2002", que afectó severamente la economía al cortar los ingresos de exportación, agregó Díaz Rangel.
Marcel Granier, presidente del grupo 1BC, dueño de RCTV, dijo al anunciar que presentará batalla jurídica al gobierno que "ningún medio —ni RCTV ni sus trabajadores— ha sido acusado formalmente de golpista, ni se le ha probado algo al respecto".
"Aquí el único golpista, y que fue encarcelado por ello, es Chávez", agregó Granier, en alusión a que el mandatario encabezó, cuando era teniente coronel en actividad del Ejército, la cruenta y fallida rebelión del 4 de febrero de 1992, que lo catapultó al conocimiento de la ciudadanía y por lo cual estuvo preso hasta que fue indultado en 1994.
El gobierno rechazó "categóricamente" la declaración de Insulza, y se avivó la vieja confrontación entre los medios de comunicación privados y Chávez, quien inicia este miércoles un nuevo mandato sexenal anunciado como de "construcción del socialismo del siglo XXI".
Insulza "falsea la realidad con respecto a la legitimidad de la decisión de no renovar la concesión" a RCTV, expresó la cancillería en un comunicado.
"No hace otra cosa que atender a requerimientos y presiones de sectores nacionales e internacionales que, recurrentemente, han intentado desprestigiar a un gobierno que ha respetado, como ningún otro en la historia nacional, los derechos humanos y las libertades democráticas", se indica.
El secretario general de la OEA "se inmiscuye indebidamente en un asunto que es de la estricta competencia de las legítimas autoridades de la nación", con lo cual "incurre en una flagrante violación de la Carta de la Organización, que le impone promover y defender la democracia dentro del principio de la no intervención", agregó el texto de Caracas.
Insulza, cuya candidatura a la OEA apoyó Caracas en 2005 frente a la del mexicano Luis Ernesto Derbez, "ignora la exigencia de la absoluta mayoría de la población, que demanda democratización y uso responsable de los medios de comunicación audiovisuales, para construir una sociedad fundada en valores de paz y democracia".
Chávez recibió en diciembre el apoyo en las urnas de 7,3 millones de ciudadanos, 63 por ciento de los votos emitidos, frente a 4,3 millones, que equivalen a 37 por ciento, de su principal contendor, el opositor Manuel Rosales.
En esa instancia Chávez proclamó que "quienes votaron por mí lo hicieron por el proyecto socialista, de una Venezuela distinta".
Mientras el gobierno exhortaba a Insulza a "retractarse de un conjunto de expresiones que están reñidas con la verdad", la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otra entidad del sistema de la OEA, decidía a favor de quienes hacen RCTV y despachaba a Caracas recomendaciones para salvaguardar sus derechos.
La Comisión dio un plazo de dos meses al gobierno para acoger sus recomendaciones y, en caso contrario, elevará el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según informó RCTV, cuyos directivos esperan una "reconsideración" del caso.
La Comisión no acostumbra a divulgar el texto de estos pronunciamientos a la espera de que se acojan o no sus recomendaciones, y el gobierno no se ha pronunciado al respecto.
El relator especial para la libertad de expresión en la Comisión, Ignacio Álvarez, pidió al gobierno venezolano "garantizar que sigan existiendo medios con diferentes líneas editoriales que aseguren un ambiente de pluralismo democrático".
El ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Willian Lara, dijo que "2007 es el año de la democratización del espectro radioeléctrico", y aseguró que "el uso de la señal del Canal 2 (actual RCTV) a partir del 28 de mayo será una referencia ejemplar de respeto y promoción de la libertad de expresión".
Lara respondió así a Rosales, quien calificó la medida contra RCTV como un "zarpazo a la democracia".
Desde la jerarquía católica, el cardenal Jorge Urosa, arzobispo de Caracas, pidió el domingo, tras oficiar la llamada Misa de la Paz, "una reconsideración por parte del presidente Chávez en relación a la negativa de renovar la concesión a RCTV, pues debe haber medios que tengan una postura diversa a la del gobierno nacional".
El arzobispo Ubaldo Santana, presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, sostuvo que "la democracia sufriría si empezaran a cerrarse medios de comunicación". "El gobierno debería revisar esa decisión, pues ya detenta suficiente poder como para limitar la información y la libre expresión en el país", apuntó.
Otras cadenas privadas de televisión, como Venevisión, del magnate Gustavo Cisneros, y Televen, tienen las mismas fechas de concesión que RCTV, pero no han sido aludidas por el gobierno. Aunque fueron de línea opositora durante la crisis política de 2002 y 2003, han cambiado su orientación editorial.
Globovisión, una emisora de televisión de 24 horas diarias de información y opinión y también de línea opositora aunque con una concesión que dura aún ocho años más, ha sido objeto de advertencias por parte del presidente y sus ministros.
El gobierno, el parlamento (íntegramente oficialista debido a que la oposición no se presentó a las últimas elecciones que renovaron su conformación hace un año) y alcaldías en manos de seguidores de Chávez disponen de varios canales de televisión.
Telesur, una emisora por suscripción basada en Caracas y que tiene como socios a los estados de Argentina, Cuba, Uruguay y Venezuela, compró recientemente un canal de televisión con señal abierta, CMT, que estaba en manos privadas.
En predios oficialistas se discute dedicar el Canal 2, en manos del gobierno o mediante una empresa mixta, a la difusión de producción audiovisual independiente, o también entregarlo a las redes de medios comunitarios y productores independientes.
