Atomizada y carente de voz dentro de Cuba, la oposición continuó el último año sin poder sustraerse de la política estadounidense hacia este país, cuyo futuro concentra las más variadas conjeturas a partir de la enfermedad de su presidente, Fidel Castro.
Para algunos sectores disidentes, el liderazgo que asumirá en el Congreso de Estados Unidos el opositor Partido Demócrata a partir de este mes, debería posibilitar eventuales cambios en la estrategia de enfrentamiento que lleva adelante el gobierno de George W. Bush, del Partido Republicano.
"Es necesario que Cuba y Estados Unidos pongan fin a la guerra fría", comentó a IPS Manuel Cuesta Morúa, portavoz de Arco Progresista, una coalición de pequeñas agrupaciones de corte socialdemócrata que critica la postura sostenida por Washington.
En su opinión, se podrían "ir preparando las condiciones para un intercambio y diálogo" con el gobierno que venga después de Bush, que probablemente "no será republicano".
Después de muchos años de ausencia de recepciones y reuniones de todo tipo realizadas por la Sección de Intereses de Estados Unidos (SINA) en La Habana, a las cuales asisten normalmente decenas de disidentes, Cuesta Morúa mantuvo un encuentro a fines de noviembre con el actual jefe de esa legación, Michael Parmly.
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"Seguimos siendo críticos del embargo", indicó, en referencia a la política restrictiva impuesta por Washington hace más de cuatro décadas y que La Habana y organismos internacionales llaman bloqueo. También se manifestó contrario al plan de la estadounidense Comisión para una Cuba Libre.
"Lo que ha cambiado es la disposición de la SINA de escuchar a todas las alternativas de la oposición", añadió.
Según Cuesta Morúa, el jefe de la SINA mostró disposición para "abrirse a la realidad cubana total y diversa" y, a la vez, dejó claro que "su misión no es dictar pautas de por dónde debe ir la transición en Cuba, un asunto que compete a los cubanos".
"Sobre esa base aceptamos dialogar", agregó el dirigente opositor, quien considera que la disidencia terminó 2006 "con un grado de legitimidad que es irreversible".
Desde su óptica, el gobierno en funciones encabezado por Raúl Castro, el hermano menor del mandatario convaleciente de una grave enfermedad y quien desde fines de julio lo reemplaza provisionalmente, habría optado por aceptar que "la oposición es un hecho real" en esta isla caribeña de régimen socialista y partido único.
Sin embargo, Elizardo Sánchez, presidente de la no reconocida Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, estimó que "hablar de oposición en el país podría ser un término que nos queda un poco grande o sobredimensionado, porque somos muy pocos".
"Existe un movimiento de derechos humanos y pro democracia que sufrió un golpe muy duro en 2003, pero que se ha ido reponiendo de eso y cada día tiene más visibilidad", indicó Sánchez en entrevista a IPS. Ese año fueron detenidos 75 opositores y condenados a severas condenas bajo cargo de conspirar con Washington para desestabilizar Cuba.
En tanto, el tema de la ayuda financiera proveniente de Washington puso nuevamente en tela de juicio la independencia, o no, de los disidentes, calificados por las autoridades, sin distinción, de "grupúsculos contrarrevolucionarios" y "mercenarios".
El detonante partió esta vez desde Washington, a raíz de un informe de noviembre de la Oficina de Contabilidad del Gobierno de Estados Unidos (GAO por sus siglas en inglés), según el cual los fondos asignados para determinadas acciones de la oposición fueron mal empleados y no tuvieron el impacto deseado.
Ese estudio fue encomendado por los congresistas Jeff Flake, republicano, y William Delahunt, demócrata, partidarios de un cambio en la política de Washington hacia La Habana, quienes a mediados de diciembre encabezaron una delegación bipartidista que visitó esta isla, pero que no se entrevistó con miembros de la disidencia.
"Estados Unidos ha gastado millones de dólares para ayudar a la democracia en la isla con pocos o ningún resultado", se quejó Flake, en declaraciones a la prensa de su país.
En las filas opositoras, la reacción al informe fue desde el rechazo a la demanda de que se normalice ese tipo de respaldo que la Agencia para el Desarrollo Internacional estadounidense (Usaid) dedica a organizaciones que trabajan por un cambio político en la isla.
"Toda la asistencia que se reciba ahora es como un ensayo general para la que habrá que dar a la hora de la reconstrucción de Cuba", comentó Sánchez, sin precisar para cuando vislumbra esa etapa.
En su opinión, "la mayoría de los activistas del movimiento disidente viven en situación de pobreza y no se les puede pedir que renuncien a esa ayuda para evitar acusaciones de mercenario".
Sánchez fue firmante de una carta entregada a Flake y Delahunt en la que, junto a otros tres conocidos opositores, se pide la reanudación de una asistencia que "resulta urgente y vital", para los "prisioneros políticos" y sus familias e integrantes del movimiento de derechos humanos.
"La gente necesita alimentos, medicina y ropa, así que estamos a favor de cualquier forma de ayuda humanitaria que se pueda generar, incluso del gobierno de Washington", subrayó esa misiva.
El texto incluyó las firmas de Marta Beatriz Roque, de la Asamblea para Promover la Sociedad Civil, cuyas posturas coinciden con la política estadounidense de mano dura hacia Cuba, Gisela Delgado, del Proyecto de Bibliotecas Independientes, y Vladimiro Roca, del Partido Socialdemócrata de Cuba.
"La mayoría del movimiento de derechos humanos y pro democracia ve a Estados Unidos, a la gran república del Norte, como un aliado, un amigo, una fuerza que nos apoya ahora y nos debe apoyar después", comentó Sánchez.
Para el activista, las excepciones en ese sentido son pocas, aunque alertó que a veces parecen "demasiadas" esas esperanzas puestas en Washington, que lleva "siglo y medio influyendo en los asuntos de Cuba".
Entre los críticos de esa postura figura Eloy Gutiérrez Menoyo, para quien esas asignaciones monetarias "ponen en entredicho la independencia de los que se enfrentan al gobierno de la isla por la vía pacifica y con un pedido de apertura democrática".
"Si hay tantos exiliados cubanos con buena posición económica, deberían ser ellos quienes ayuden a la disidencia interna", consideró Gutiérrez Menoyo, que considera la vía del enfrentamiento estadounidense una estrategia que "no contribuye para nada a la democratización de Cuba".
Gutiérrez Menoyo lidera Cambio Cubano, una organización que fundó en su exilio en Estados Unidos. Vive en la isla desde 2003, aunque sin conseguir aún la autorización legal de residencia.
También Arco Progresista marcó distancias respecto de la asistencia gubernamental de Washington.
"Nosotros rechazamos esos fondos porque provienen de un gobierno que está en virtual guerra con Cuba y fácilmente quienes los reciben son considerados enemigos en este país", dijo Cuesta Morúa.
Desde su óptica, una cosa es el apoyo de la sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales, y otra el proveniente de gobiernos, que resta independencia" y tiende a neutralizar a los grupos opositores a favor de determinadas intenciones.
