Hace más de dos años que fue «rescatado» por el gobierno británico de la cárcel que Estados Unidos mantiene en su base naval de Guantánamo, en el oriente de Cuba, pero Asif Iqbal no logra pasar un día de su vida sin recordar la angustia del encierro injusto.
"No hay un momento en que no lleve a Guantánamo conmigo", dice Iqbal, un ciudadano británico que fue acusado por sus celadores estadounidenses de ser miembro de la red terrorista Al Qaeda y de haber participado en una reunión de unas 100 personas para organizar los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.
"Nos sometieron a un aislamiento total y a las más diversas torturas psicológicas para aumentar los niveles de estrés: música altísima, luces intensas, temperaturas extremas de calor y frío. Después de tres meses, dijimos que sí, que éramos miembros de Al Qaeda. Podíamos decir cualquier cosa por tal de salir del aislamiento", cuenta.
Capturado en Afganistán, en 2002, este cartero británico de 25 años de edad fue liberado dos años y medio después gracias a la intervención del gobierno de Tony Blair.
Las autoridades británicas demostraron que en la fecha de la supuesta reunión, Asif Iqbal se encontraba en su país y, por ende, no podía haber participado en la organización del ataque terrorista. ¿Qué puede pasar con todas aquellas personas que no tienen un gobierno como el británico que los defienda?, pregunta ahora.
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"Mi principal temor es que los torturen al punto de las confesiones falsas. Los que viven en Afganistán o en Pakistán no tienen quién los defienda. Si son inocentes y Estados Unidos dice lo contrario, no podrán probar nada", dijo Iqbal a la prensa en su primera visita a Cuba como una persona libre.
"Todos los que están ahí adentro son inocentes hasta que se demuestre lo contrario", añadió.
Iqbal integró una delegación internacional pacifista que viajó a Cuba esta semana para exigir al gobierno de Estados Unidos que cierre la cárcel de Guantánamo. Entre estos pacifistas se cuentan familiares de los detenidos, la madre de un bombero fallecido durante los ataques del 11 de septiembre en Nueva York y la madre de un soldado estadounidense muerto en Iraq.
Situada a 920 kilómetros al este de La Habana, la base naval fue establecida en 1903 como una concesión "a perpetuidad" a Estados Unidos, que hará uso de ella hasta que la necesite. El contrato fue parte de la llamada Enmienda Platt, un texto aprobado por el Congreso estadounidense para ser incluido en la primera Constitución de Cuba.
El apéndice constitucional establecía el pago a Cuba de 2.000 pesos anuales en moneda de oro estadounidense, renta que el gobierno de Fidel Castro se negó a cobrar desde su arribo al poder en 1959, pero que Washington igual sigue depositando anualmente. En la actualidad el pago equivale a algo más de 4.000 dólares.
El gobierno cubano exige la devolución a su jurisdicción de los territorios ocupados por la base. Además, en 2004 y 2005, intentó promover una resolución de condena a Estados Unidos por la violación de los derechos humanos de cientos de prisioneros recluidos en la cárcel de Guantánamo.
En este contexto, Cuba no puso reparos para que el grupo de pacifistas marchara el jueves 11 de enero hasta el perímetro fronterizo de la base para exigir el cierre de la cárcel, la derogación de la Ley de Comisiones Militares aprobada por el presidente estadounidense George W. Bush el pasado año y la restauración del hábeas corpus.
La Ley sobre Comisiones Militares de 2006 limita la revisión judicial de las detenciones y establece el procesamiento por una comisión militar de los ciudadanos extranjeros que se encuentren bajo custodia estadounidense en cualquier parte del mundo, en calidad de "combatientes enemigos".
Considerada por la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI), con sede en Londres, como "salvaguardia fundamental contra la detención arbitraria y la tortura", el hábeas corpus impide encarcelar personas si no hay pruebas acusatorias en su contra.
"No es un derecho abstracto. Si se puede mantener un detenido indefinidamente, se destruyen las familias y se violan los derechos humanos. La administración de Bush está tratando de destruir este derecho", sostuvo el abogado Hill Goodman, quien viajó a esta isla caribeña en representación del Centro por los Derechos Constitucionales, con sede en Nueva York.
Para Iqbal, lo peor de su estancia en Guantánamo fue el desconocimiento: "No saber qué nos pasaba, por qué nos tenían ahí, si nos iban a garantizar los mínimos derechos humanos". Y este sufrimiento no es sólo de los presos, es el sufrimiento de cada familia, añadió.
La misión pacifista, que comenzó su estadía en Cuba el lunes pasado y culmina la noche de este sábado con la proyección de un filme sobre Guantánamo en una sala habanera, incluyó encuentros con autoridades de este país, una conferencia sobre el terrorismo y las condiciones de la prisión estadounidense y un homenaje al héroe nacional, José Martí.
Además de prever la realización de una conferencia de prensa a su regreso a Washington, el grupo anunció la realización de una manifestación en esa capital para movilizar a la opinión pública y atraer la atención del gobierno de Bush. "Sin hábeas corpus, todos somos prisioneros", es uno de los mensajes que lleva el grupo.
"Más de 700 personas han sido encarcelas y casi 400 fueron liberadas sin ninguna acusación ni disculpa de parte de Estados Unidos. Unos 370 quedan aún presos y el gobierno de Bush ha dicho que sólo 50 o 60 serán llevados a juicio. ¿Qué hacen los otros restantes aún presos?", interrogó la ex diplomática Ann Wright.
Tras una carrera de 29 años en el ejército y 16 en el cuerpo diplomáticos de ese país, Wright renunció a su puesto en la embajada de Washington en Kabul, en 2003, por su oposición a la guerra contra Iraq.
"La ocupación de Iraq y el comienzo de la guerra fue un delito cometido por el gobierno de mi país, sin la autorización de la comunidad internacional. Tenemos que asumir esa responsabilidad como debemos realizar un juicio político al presidente (Bush) por sus actividades criminales", dijo Wright.
Por su parte, Cindy Sheehan, que perdiera a su hijo Casey en la guerra de Iraq, aseguró que a los pacifistas les preocupa la situación de los prisioneros, pero también de los soldados estadounidenses en Iraq. "Ellos pueden ser víctimas de la retribución por el trato inhumano que da mi gobierno a otros seres humanos", afirmó.
