Cuando se cumplen 15 años de la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno de entonces de El Salvador y la guerrilla, líderes políticos y religiosos coinciden en el grave riesgo que corre el proceso de pacificación y reconciliación iniciado tras 12 años de guerra civil.
Además de la celebración realizada este martes en El Salvador, el gobierno de Elías Antonio Saca programó otra para el 14 de febrero en Nueva York, donde se alcanzó el acuerdo preliminar el 31 de diciembre de 1991, y ya ofreció su reconocimiento el viernes en Madrid a los países, entre ellos España, que prestaron sus buenos oficios en el proceso de negociación, que duró dos años.
Los actos de San Salvador contaron con la presencia de los presidentes Felipe Calderón, de México, Oscar Berger, de Guatemala, Manuel Zelaya, de Honduras, y Daniel Ortega, de Nicaragua, además de delegaciones oficiales de otros países de la región.
Analistas y dirigentes reconocen que hay aspectos de los acuerdos, firmados el 16 de enero de 1992 en Chapultepec, México, que se han cumplido, como las transformaciones de las Fuerzas Armadas y la creación de espacios democráticos, aunque de poco alcance.
Pero también advierten que el pacto experimenta estancamientos y retrocesos significativos, que ponen en peligro el proceso de pacificación y reconciliación, tan arduamente buscado luego de 12 años de guerra en la que murieron 75.000 personas, 6.000 desaparecieron y 40.000 resultaron lisiadas.
Un descarrilamiento de la vía trazada en el texto del cual acusan a los grupos poderosos de El Salvador, a los cuales atribuyen falta de cultura democrática y excesiva ambición de acumulación de capital, así como de intentar imponer su voluntad a cualquier precio.
El resultado de ello es que se ha producido crisis de incertidumbre, polarización política, violencia incontrolable, anarquía y una ola emigratoria nunca antes vista.
Desde 1992, los gobiernos han publicitado los Acuerdos de Paz como ejemplo auténtico de consolidación democrática y éxito económico. Este libreto ha sido repetido por los últimos tres gobiernos salvadoreños en distintos foros internacionales, con el fin de cosechar apoyo político y financiero.
Entre los puntos centrales del pacto de paz se destacan: el cese del conflicto armado, la desmilitarización de la sociedad, desaparición de la dictadura militar y desmovilización de las fuerzas insurgentes, el respeto irrestricto de los derechos humanos y la reconciliación nacional.
El pacto, además, incluía la creación de la Policía Nacional Civil (PNC), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), y una reforma profunda de los sistemas judicial y electoral.
Una vez que se comenzaron a implementar los Acuerdos, la fuerza guerrillera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se transformó en partido político legal.
Para el coronel retirado, David Munguía Payés, quien combatió como oficial de campo en la guerra contrainsurgente, los Acuerdos de Paz son el episodio histórico más relevante del país después del Acta de Independencia Centroamericana en 1821, debido a su trascendencia para la pacificación de El Salvador.
Munguía Payés indicó a IPS que las Fuerzas Armadas han cumplido con el pacto a cabalidad. Tras la firma, los militares se "adaptaron a la nueva realidad política del país".
"De hecho, en 1992 se ratifican algunos cambios que tienen que ver con una nueva misión para la institución armada", manifestó el militar, quien en las elecciones de 2004 apoyó la candidatura presidencial del hoy fallecido dirigente del FMLN, Shafik Hándal.
Según Munguía Payés, el ejército ajustó su doctrina y visión en concordancia con los tiempos de paz, destacando el respeto a los derechos humanos, reduciendo en casi la mitad del número de efectivos, acatando el sometimiento al poder civil y cediendo las funciones de seguridad pública a la reciente creada PNC.
David Morales, quien recientemente presentó los resultados preliminares de una investigación sobre el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, aseveró a IPS que la PNC, creada en 1993 con asesoría de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), padece de una desnaturalización que la ha alejado de su perfil original: una policía profesional, civil y respetuosa de los derechos humanos.
En los últimos años, la PDDH ha divulgado varios informes en los que establece que la PNC es la institución estatal que más viola los derechos humanos y que todo indica que en su interior funcionan "grupos de exterminio social".
El Salvador, agregó Morales, vive en una situación de involución y de ausencia de democracia, en donde no hay espacio para que la población participe en las decisiones fundamentales del Estado.
"Tenemos una situación económica y social de profundas desigualdades, del mismo nivel de las existentes antes del conflicto, o en los años 60", apuntó Morales, quien es asesor jurídico de Tutela Legal del arzobispado salvadoreño.
Salvador Sánchez Cerén, ex miembro de la comandancia general del FMLN y signatario de los Acuerdos de Paz, aseguró que desde el inicio de la posguerra, grupos de mucho poder, debido a la falta de cultura política, han boicoteado el proceso democrático, irrespetado el espíritu de lo pactado en México e incumplido varios acuerdos.
"Esto ha impactado de manera tal, que ha impedido que la democracia avance y se consolide. Algunos sectores, actualmente, acarician el modelo autoritario nuevamente", señaló el actual jefe de la bancada legislativa del FMLN.
Sánchez Cerén agregó que incluso se han aprobado leyes que intentan sembrar "miedo y exclusión" y que tienen "el propósito de intimidar a los adversarios políticos, pero que son violatorias de los derechos humanos", como la reciente Ley Antiterrorista.
La norma dice que los participantes de actos que provoquen zozobra pública y atenten contra "la paz social", como por ejemplo, una manifestación que se desborde y termine en enfrentamientos con la Policía, pueden ser acusados de terroristas.
El obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, manifestó a IPS que, en medio de las celebraciones, el gobierno aún no quiere reconocer las causas que originaron la guerra.
"Desde que firmamos la paz ha aumentado la pobreza, el desempleo y hay una gran inseguridad ciudadana, y añadió que pactamos la paz pero no tenemos un país reconciliado", dijo el prelado, quien lamentó que la Iglesia Católica, mediadora de primera fila del proceso pacificador y que sufrió amenazas de muerte en aquel momento, ni siquiera sea mencionada en los preparativos de la conmemoración.
El religioso agregó que "el gobierno no reconoce que las causas están ligadas a una injusticia estructural y que ella continúa". "Por tanto, tenemos una especie de guerra de otra manera, seguimos viendo la gente que muere cada día" por la pobreza, apuntó.
El Salvador vive sometido a un constante enfrentamiento político entre las fuerzas tradicionales de izquierda y derecha, que a menudo paraliza la actividad legislativa, al tiempo que se producen al menos 30 protestas callejeras diarias de comunidades y organizaciones sociales que demandan, por ejemplo, agua potable y vivienda, o el fin de proyectos urbanísticos ambientalmente perjudiciales.
Todo esto, en medio de una ola de violencia que ya convirtió a este país en unos de los más afectados por este flagelo de América Latina.
A esto se suma la difícil situación económica, la cual ha provocado una ola emigratoria sin precedentes. Según el Centro de Recursos para Centroamericanos, 700 salvadoreños abandonan diariamente su país, principalmente hacia Estados Unidos.
El obispo de la capital salvadoreña, por su parte, insistió que este aniversario permite debatir temas muy importantes, que suscitan preguntas como: ¿de quién es el país? ¿es de todos o de unos pocos?
Finalmente el prelado advirtió que las celebraciones no se deberían convertir en meros actos solemnes. "Se debe hacer un diagnostico objetivo, elaborar un análisis de las causas y encontrar una solución concertada, si lo logramos en este año, habrá elementos para la esperanza; de lo contrario, será una campaña mediática, fotos para el recuerdo y nada más".
