Como en un devenir psicoanalítico, los argentinos se encuentran desmenuzando otra capa de la cebolla de su historia. Esta vez, como disparador aparecen dos causas judiciales por crímenes contra la humanidad que involucran a Isabel Perón, la presidenta derrocada en marzo de 1976.
Al pedido de detención con fines de extradición de España de la viuda de Juan Domingo Perón ordenado el jueves pasado por un juez de la occidental provincia de Mendoza como imputada en la desaparición de dos personas en ese distrito, se sumó en la víspera una orden similar emanada del juez Norberto Oyarbide, en Buenos Aires, y que está a punto de ser cumplida en Madrid.
Desde el golpe de Estado que dio origen a la sangrienta dictadura militar de siete años, la capital española fue el lugar de residencia de Isabelita, como la llamaba Perón usando el diminutivo de su identificación artística en tiempos de bailarina, aunque su verdadero nombre es María Estela Martínez.
El expediente en manos de Oyarbide, que parece comprometerla más que el caso anterior, investiga los delitos cometidos por la Alianza Anticomunista Argentina, más conocida como Triple A, un grupo parapolicial de ultraderecha que actuó a la sombra del gobierno iniciado en 1973 por Perón y que, a su muerte en junio del año siguiente, siguió su viuda debido a que era la vicepresidencia.
No es un dato menor que Oyarbide haya terminado de decidirse sobre la situación procesal de la ex presidenta luego de escuchar el testimonio de Luis Eduardo Duhalde, actual secretario de Derechos Humanos del gobierno justicialista (peronista) de centroizquierda de Néstor Kirchner. El funcionario narró en el juzgado su experiencia como testigo y víctima de la Triple A.
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Duhalde, casi homónimo del predecesor de Kirchner de 2002 a mayo de 2003, fue defensor de presos políticos en los años 70 y socio y amigo del diputado de la izquierda peronista Rodolfo Ortega Peña, un abogado asesinado por la Triple A, paradójicamente apéndice de un gobierno del mismo Partido Justicialista pero de signo ideológico opuesto.
Según se desprendió de los dichos del testigo reconstruidos por el diario local Clarín, en los despachos gubernamentales de entonces circulaban listas de los llamados "enemigos marxistas", que luego coincidieron con las personas asesinadas o amenazadas por la Triple A, considerada un ensayo de lo que sería el terrorismo de Estado de la dictadura que hizo desaparecer a 30.000 personas.
El primer pedido de extradición motivó el arresto de Isabel Perón el viernes en Madrid. Si bien la acusada fue prontamente dejada en libertad provisional debido a sus 75 años y su salud precaria, el trámite sigue su curso.
Ambas causas abren capítulos de futuro incierto. Un interrogante jurídico aparece a la hora de determinar la responsabilidad de la ex presidenta en el accionar de esta banda terrorista pergeñada por el entonces todopoderoso ministro de Bienestar Social, José López Rega, quien falleció tras las rejas en junio de 1989 en Buenos Aires y a la espera de su enjuiciamiento.
La Triple A tenía como objetivo principal declarado combatir a la izquierdita guerrilla peronista Montoneros y todo lo que sus líderes entendían ayudaban su accionar.
Para mayor complejidad, en la causa de la ciudad mendocina de San Rafael, el juez Héctor Acosta sostiene que el decreto presidencial de octubre de 1975, que ordenó a las Fuerzas Armadas "aniquilar el accionar" de las guerrillas de Montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo, significó el punto de partida para los crímenes de lesa humanidad de la dictadura.
En ese marco institucional y antes del golpe de Estado fue que desaparecieron Héctor Fagetti Gallego, de 26 años, y Jorge Verón, de 17 años.
El abogado Gastón Chillier, director ejecutivo del no gubernamental Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió en diálogo con IPS que, a su entender, "los crímenes deben ser juzgados, (pero) nos preocupa que las investigaciones deben ser serias, para no banalizar los principios de imprescriptibilidad".
Chillier, cuya entidad es querellante y asesora en cientos de causas por violaciones a los derechos humanos, aclara como opinión tentativa ya que no tuvo acceso a los expedientes— que "en ambas causas se investigan hechos que se encuadrarían en la figura de lesa humanidad, ya que habrían sido cometidos o bien por agentes del Ejército o por agentes paraestatales".
Ya en 2000, el CELS pidió investigar a la ex mandataria, pero ahora enciende luces de advertencia: "Tanto en un caso como en el otro, no creemos que se pueda hacer una relación directa entre la firma de los decretos y la desaparición de personas, hay que ser muy cuidadosos", enfatizó Chillier.
Para el constitucionalista Daniel Sabsay, quien también aclara a IPS que opina en función de los detalles sobre ambos casos leídos en la prensa, plantea hipótesis inquietantes para la viuda de Perón.
"No queda duda para nadie que las bandas armadas que asolaban al país en aquellos años, del 73 al 76, no lo hacían en un marco de clandestinidad ajena al gobierno sino que actuaban con una impunidad notable, contra objetivos bien claros, que eran antagónicos de lo que sostenía el Poder Ejecutivo de entonces", indicó.
Sabsay, autor de reconocidos tratados jurídicos, agrega que en el gobierno peronista de ese periodo "hubo zonas liberadas (despejada de control policial por orden superior), se asesinaba en pleno día, a cara descubierta, se hicieron desaparecer personas, se extorsionó, se obligó a muchos a exiliarse, hubo censura cultural. Es decir, se actuaba fuera de toda legalidad democrática".
"No teniendo duda alguna de que se trata de delitos de lesa humanidad, uno siempre se preguntaba cuál era la línea divisoria real entre la dictadura y los años que la precedieron", concluye Sabsay.
No obstante, el experto reclama para el proceso que se juzguen "hechos y pruebas perfectamente bien analizados e investigados" y anticipa que, si se confirma la acusación, la Corte Suprema de Justicia entenderá que se trata de delitos contra la humanidad y, por tanto, imprescriptibles.
En el plano político, la reactivación del debate con centro en el gobierno que precedió a la dictadura tiene implicancias directas sobre el presente. Además de Isabel Perón, otros funcionarios y allegados a la derecha peronista imputados en las causas fueron protagonistas de la vida democrática hasta hace pocos años, y algunos siguen siendo aliados del gobierno de Kirchner.
"Todo parece indicar que se resquebrajan algunos pactos de impunidad", celebra ante IPS Patricia Walsh, militante en los años 70 de la Juventud Peronista (izquierda), hija del escritor y periodista asesinado por la dictadura Rodolfo Walsh y ahora ex diputada nacional por la opositora Izquierda Unida.
Walsh resalta que la Justicia no actuó hasta que un diario español, El Mundo, y otro argentino, Perfil, detectaron en Madrid y Buenos Aires a dos de los máximos jerarcas de la Triple A, Eduardo Almirón y Juan Ramón Morales, respectivamente.
La ex diputada valora que "la lucha contra la impunidad en la Argentina no avanza de manera lineal, obedece a muchas causas". Crítica del gobierno de Kirchner, puntualiza que "una vez que llegó al poder utiliza el discurso de los derechos humanos para no dar cuenta de su pasado político en Santa Cruz", la austral provincia argentina de la que fue gobernador.
"Kirchner no es un ex militante de la izquierda peronista sino un hipócrita que simula haberlo sido, como lo demuestra el hecho de que algunos de sus aliados sindicales o intendentes del Gran Buenos Aires (localidades aledañas a la capital argentina) estén pidiendo hoy impunidad para Isabel Perón", acusa Walsh.
Por último, una pregunta que puede amenazar a la figura central de la política argentina del siglo XX. Si Juan Domingo Perón viviera ¿debería ser indagado por el juez Oyarbide?
Sabsay, de buenas relaciones con la casi extinta y opositora Unión Cívica Radical, considera que "debería demostrarse la responsabilidad de quien presidía el país en la utilización del Estado para los fines de la Triple A".
"Parecía un secreto a voces que López Rega (quien fue secretario privado, enfermero y ministro de Perón) era el gran responsable de la Triple A, pero veo muy difícil demostrarlo, Perón ya está muerto", comentó.
Por su parte, Chillier reclama que "no hay que pedirle al Poder Judicial que dé lo que la política no da, como es una discusión de la historia política de nuestro país".
Para Walsh, no hay dudas. "Sí, por supuesto que sí (Perón mercería ser investigado). "Fue la juventud maravillosa la que llevó a Perón al poder y la misma juventud la que salió espantada el 20 de junio de 1973 cuando llegó a Ezeiza (el principal aeropuerto internacional argentino) y se produjo una masacre" por el enfrentamiento armado de corrientes internas del mismo partido.
Las referencias de la ahora dirigente de Izquierda Unida son a la Juventud Peronista, de izquierda y ligada a la insurgencia de Montoneros, que fue llamada "la juventud maravillosa" por el propio Perón, creador a mediados del siglo XX del movimiento que cobijó a lo lardo de su historia a las más variadas tendencias ideológicas y que llegó tres veces a la presidencia de Argentina por el voto popular.
Walsh estaba en la Plaza de Mayo, el paseo ubicado frente a la casa de gobierno, en 1974, cuando el viejo caudillo, poco antes de morir, expulsó a los miles de militantes de la izquierda peronista y con ello se produjo la ruptura definitiva entre ambos.
Fue un momento de quiebre histórico, pues despejó el camino para que la ultraderecha conducida por López Rega se apoderase de todo los resortes del poder.
