Más de tres décadas después de los crímenes cometidos por el grupo parapolicial conocido como Triple A, ensayo de lo que fue luego el terrorismo de Estado de la dictadura militar en Argentina, la justicia arrestó a uno de sus jefes operativos, el ex comisario Juan Ramón Morales.
El ex policía, de 88 años y aquejado de un cáncer de próstata, se negó a declarar y quedó este lunes bajo arresto domiciliario en su apartamento del barrio céntrico de Palermo, en Buenos Aires. Morales había sido descubierto en el balcón de esa vivienda por un fotógrafo del semanario local Perfil, que publicó su imagen en la edición de la víspera.
Es el segundo arresto en menos de un mes de un jefe de la hoy desaparecida Triple A, como se la llamaba en la época a la ultraderechista Alianza Anticomunista Argentina, que usaba sus siglas como presentación. El primero fue el del ex subcomisario Rodolfo Almirón, descubierto en Valencia, España, por el diario local El Mundo, y detenido el 28 de diciembre.
"Muchos reclamábamos la reapertura de esta causa, y sabemos que ahora se investiga el paradero de otros responsables de la Triple A", señaló satisfecho a IPS el abogado Rodolfo Yansón, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, una de las organizaciones que había pedido al juez tramitara la extradición de Almirón.
La Triple A fue una agrupación armada de corte fascista creada en 1973 por el entonces ministro de Bienestar Social José López Rega, también conocido como "El Brujo" por su afición a las llamada ciencias ocultas y el funcionario con más ascendiente sobre la presidenta María Estela Martínez (1974-1976).
Martínez, más conocida como Isabel Perón, había asumido el 1 de julio de 1974 la titularidad del Poder Ejecutivo, por ser la vicepresidenta, tras la muerte de su esposo, Juan Domingo Perón, tres veces mandatario de Argentina y fundador del hoy otra vez gobernante Partido Justicialista, una fuerza con características de movimiento que acoge las más variadas corrientes ideológicas.
El objetivo de esa organización parapolicial era eliminar a dirigentes de izquierda, tanto los que integraban el propio justicialismo como de otros partidos marxistas o progresistas. Para ello, López Rega convocó a ex efectivos de la Policías Federal que habían sido expulsados de la fuerza por brindar protección a una banda de delincuentes.
López Rega, quien falleció en 1989 cuando hacía tres años que esperaba en prisión ser enjuiciado por corrupción, asociación ilícita y homicidio, reincorporó y ascendió a estos ex oficiales policiales.
A Almirón lo ascendió a subcomisario primero y luego lo asignó a la custodia de Isabel Perón. La ex presidente, que reside en España, también puede ser llamada a declarar en la causa en Argentina.
Morales fue uno de los jefes militares de la organización armada, habría participado en múltiples ejecuciones según los testimonios y viajó a radicarse en Madrid para hacerse cargo de la protección de López Rega cuando éste huyó en 1975 a España, meses antes del golpe de Estado que dio paso a la dictadura (1976-1983).
Según organismos defensoras de derechos humanos, suman más de 1.500 las personas asesinadas entre 1973 y 1975 por esta banda de policías y civiles que contaba con protección y respaldo del gobierno constitucional de entonces.
Entre las acciones más recordadas de la Triple A de 1974 se cuenta el asesinato a balazos del diputado peronista de izquierda Rodolfo Ortega Peña, del subjefe policial Julio Troxler, ametrallado al bajar de su automóvil, y del pensador marxista Silvio Frondizi, hermano del ex presidente Arturo Frondizi (1958-1962), en la puerta de su casa y junto a su yerno, Luis Mendiburu.
En 1975, el abogado Miguel Radrizzani Goñi radicó ante la justicia la denuncia contra López Rega y su organización criminal.
Pero la causa avanzó lentamente hasta cerrarse con la muerte del ex ministro en 1989. A partir de entonces, el reclamo de justicia de organizaciones humanitarias y de familiares de las victimas se centró en las violaciones a los derechos básicos perpetradas por la dictadura militar, mucho más que en la etapa de la Triple A.
Sólo en febrero de 2006, el fiscal federal Eduardo Taiano pidió la reapertura del caso por considerar que los asesinatos de la organización parapolicial fueron crímenes contra la humanidad, que, como tales, no prescriben. Pero debió pasar casi otro año para que se produzcan novedades en el proceso.
En diciembre, periodistas de El Mundo encontraron a Almirón en Valencia y acto seguido la Confederación Intersindical Gallega denunció que el ex policía había sido jefe de la seguridad del ex presidente de la Junta de Galicia, Manuel Fraga.
También aseguraron que su abogado fue el actual alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, del centroderechista Partido Popular, y denunciaron que hubo complicidad de esa agrupación opositora al gobierno nacional con el ex policía argentino, integrante conspicuo de la Triple A.
Entonces el juez federal Norberto Oyarbide, a cargo de la causa desde su reapertura, pidió a la Audiencia Nacional de España que dispusiera la detención de Almirón con fines de extradición, y así lo hizo.
"La existencia de la Triple A y los diversos hechos cometidos por sus miembros obedecieron circunstancias políticas montadas desde el Estado, bajo cuyo amparo y garantía de impunidad actuó la asociación", determinó el juez en diciembre. "Surge claramente que fue gestada desde el Estado", añadió.
Según el magistrado, en el proceso se logró reconstruir una reunión realizada en agosto de 1974 en la residencia presidencial argentina, en la que Isabel Perón, tras asistir a una presentación con diapositivas, daría el visto bueno para que se atentara con el ex subjefe de la policía, Troxler.
En ese marco, el diario argentino Página 12 publicó el domingo que Felipe Romeo, director y fundador de la revista El Caudillo, órgano de difusión de la Triple A, también vive en Buenos Aires.
El Caudillo sostenía en sus publicaciones de entonces que "el mejor enemigo es el enemigo muerto", y tenía avisos pagos del ministerio de López Rega.
Este mismo domingo, Perfil publicó la foto de Morales, tomando fresco en el balcón de su apartamento. Dos días antes de publicar la imagen, los periodistas habían advertido al juez Oyarbide que lo harían, y el magistrado organizó entonces la detención que se produjo horas después de la difusión de la imagen.
Morales se negó a declarar y quedó bajo arresto domiciliario.
