Cinco años después del colapso económico, financiero y político de Argentina, con los ahorros de un millón de personas atrapados en los bancos por orden gubernamental, la justicia dispuso finalmente una solución monetaria para decenas de miles de damnificados.
Por mayoría de sus integrantes, la Corte Suprema de Justicia resolvió el caso este miércoles proponiendo un mecanismo de ajuste que obliga a los bancos a devolver a sus clientes un monto equivalente al valor real que tenía en diciembre de 2001. También avaló la constitucionalidad de la medida que ordenó transformar depósitos y créditos en dólares a pesos, la moneda local.
El máximo tribunal argentino "condena a los bancos a restituir la totalidad de los depósitos convertidos en pesos", indica el dictamen esperado con expectativa por un grupo de ahorristas fuera del edificio sede. "El resultado es equivalente al ciento por ciento del valor en dólares de los depósitos", añade.
"Los ministros debatieron largamente la cuestión y llegaron a una solución coincidente a pesar de opinar de manera diferente en muchos aspectos. La finalidad de la sentencia es buscar la paz social y mostrar que es posible un consenso sobre cuestiones tan difíciles y que preocupan a la comunidad", se expresa en otro tramo del fallo.
El presidente de la Asociación de Ahorristas de la República Argentina, Carlos Báez Silva, señaló a IPS que la sentencia, que será de aplicación en decenas de miles de casos pendientes en ese último escalón judicial, "es una solución mercantilista y no jurídica, confunde valores con precios".
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Para Báez Silva, uno de los aún afectados por la retención de depósitos, los jueces elaboraron una fórmula legal para devolver ahorros en lugar de limitarse a decir si fue o no legal la medida de restringir drásticamente el retiro de depósitos bancarios ordenada en 2001 por Domingo Cavallo, el entonces ministro de Economía del gobierno de Fernando De la Rúa.
La decisión de Cavallo se anunció sorpresivamente a comienzos de diciembre de ese año en medio de una severa crisis de confianza en el sistema financiero, con el objetivo de frenar la creciente fuga de capitales que provocaba una merma acelerada y peligrosa de las reservas monetarias del país.
Pero la medida tuvo un efecto totalmente contrario. Se acentuó la desconfianza y el dinero circulante se hizo cada vez más escaso, agregando más elementos para profundizar la recesión y con ello agudizar las tensiones sociales y la crisis política.
Finalmente Cavallo renunció el 19 de diciembre de 2001, mientras se desataba una revuelta social y se registraban saqueos a comercios. Al día siguiente hizo lo propio el presidente De la Rúa, cuando sólo había transcurrido la mitad de su mandato de cuatro años y en medio de manifestaciones multitudinarias y una feroz represión policial.
La crisis económico-financiera se zanjó en forma dramática tras la asunción el 1 de enero del presidente interino Eduardo Duhalde, nominado por el Congreso legislativo ante la acefalía gubernamental.
Duhalde resolvió devaluar el peso, dejando atrás más de 10 años del llamado régimen de convertibilidad, impuesto por el propio Cavallo en su primera actuación como ministro de Economía del entonces gobierno de Carlos Menem (1989-1999), que fijó la paridad del peso con el dólar en un tipo de cambio uno a uno.
La depreciación, que llevó la cotización hasta cuatro pesos por dólar a medida en que pasaban las semanas, desesperó a los ahorristas que no podían retirar su dinero de los bancos ante la permanencia de la medida, denominada popularmente como "corralito".
Un millón de cuentas sumaban entonces alrededor de 50.000 millones de dólares en el "corralito", en depósitos en pesos y en dólares. Lo mismo ocurrió con los tomadores de créditos, algunos tenían deudas a largo plazo en las dos monedas.
Ahorristas indignados rompieron en esos días vidrios y puertas de las casas bancarias, amenazaban con armas o golpeaban a los empleados. Los directivos de los bancos optaron por cercar las sedes ubicadas en la zona céntrica de Buenos Aires con muros metálicos, que fueron pintados con consignas por los depositantes damnificados.
El gobierno de Duhalde decidió finalmente en 2002 pasar a pesos los créditos en dólares del sistema financiero, para evitar que las deudas se triplicasen. Pero, para compensar, también dispuso igual medida para los depósitos en la moneda estadounidense, aunque le agregó un coeficiente de actualización por costo de vida.
A partir de entonces se plantearon múltiples estrategias para permitir el retiro gradual de los depósitos. Se propuso sacar ahorros de los bancos mediante la adquisición de bienes inmuebles, automóviles o maquinaria— y una amplia oferta de bonos del Tesoro, que convenía canjear en el mediano y largo plazo.
A medida que la economía comenzó a estabilizarse y a crecer tímidamente a partir de fines de 2002, la toma de títulos del Estado no resultó a la postre una mala opción. Tampoco lo fue canjear los depósitos por inmuebles que luego se valorizaron fuertemente. Pero hubo quienes, urgidos por las circunstancias, aceptaron ofertas de retiro en pesos a pérdida.
Empero, para quienes no aceptaron ninguna de las fórmulas sólo les quedó la vía judicial. Así, decenas de miles de ahorristas retiraron su dinero tras fallos de primera y segunda instancia que ordenaban a los bancos reconocer el depósito en la moneda de origen, aunque fuera en dólares.
Otros, en cambio, debieron afrontar el rechazo de bancos y del Estado de las acciones de amparo presentadas y apelaron hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia.
Los ahorristas confiaban en que la Corte argumentara ahora que "la propiedad es inviolable" tal como señala la Constitución, y que la llamada "pesificación" fuera declarada inconstitucional. Uno de los integrantes del tribunal falló en ese sentido, pero los otros seis optaron por una solución política que permite la recuperación de los ahorros.
Tras un largo debate, los magistrados aceptaron de hecho la legalidad de la "pesificación" de 2002 y ordenaron devolver los depósitos de acuerdo a esa medida que fijaba el valor de cada dólar en 1,40 pesos, más el coeficiente de actualización que se fijó entonces y un interés de cuatro por ciento anual.
Ese mecanismo significa, en concreto, que cada dólar depositado en 2001 será devuelto a sus clientes por los bancos a una cotización algo por encima del tipo de cambio actual, que ronde los tres pesos por unidad. Los depositantes recuperan así lo que tenían al momento de la confiscación.
Pero esta determinación es muy controversial. "Devuelven el capital, pero ¿qué pasó con el costo de haber tenido ese dinero inmovilizado por cinco años?" se pregunta Báez Silva, quien repasa los costos más dramáticos de la crisis, los casos de gente que se enfermó y murió durante aquellos meses.
Según un estudio de la Fundación Favaloro y el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, presentado en el XXXII Congreso Argentino de Cardiología en 2005, entre diciembre de 1999 y diciembre de 2002 se registraron 20.000 muertes más que las habituales por factores cardíacos y 10.000 infartos más.
Los expertos relacionaron estos males con la crisis que, según señalaron, afectó principalmente a la clase media, y en una presentación no habitual en un congreso médico advirtieron a las autoridades sobre la necesidad de contemplar los costos que pueden tener sus medidas.
