La presidenta chilena Michelle Bachelet ha dado señales de comprometerse con reformas educativas de fondo y a corto plazo. Pero la instancia de diálogo que estableció para debatir propuestas terminó sus trabajos en medio de polémicas.
"Me sorprendió el discurso de la presidenta, no pensé que iba a anunciar cambios estructurales", dijo a IPS Loreto Egaña, directora del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE) e integrante del polémico Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, creado por Bachelet en junio para aplacar un histórico paro de estudiantes secundarios.
La mandataria hizo sus anuncios en una ceremonia el lunes 11 en el palacio de la Moneda, al recibir el informe final del heterogéneo Consejo, integrado por 81 representantes de todos los sectores políticos, sociales, económicos, profesionales y confesionales del país, además de actores educativos como directores, profesores, apoderados y estudiantes.
Antes de analizar con detalle el documento de 250 páginas, Bachelet informó que enviaría al Congreso legislativo un proyecto de nueva Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), blanco central de críticas de los 700.000 estudiantes que en mayo y junio se tomaron sus colegios exigiendo cambios en varios planos del sistema educacional.
La actual LOCE fue promulgada por el recién muerto ex dictador Augusto Pinochet el 10 de marzo de 1990, un día antes de entregar el poder al gobierno democrático de Patricio Aylwin (1990-1994), para regular el sistema educativo que cubre hoy a 3,5 millones de alumnos de enseñanza básica y secundaria y a otros 800.000 de la educación superior.
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Esta ley permitió la creación de colegios privados con subvención estatal y el traspaso de los establecimientos que estaban bajo la dirección del Estado nacional a los 345 municipios del país, iniciando un cuestionado proceso de descentralización y privatización de la educación.
La mandataria también anunció la creación de una agencia pública de aseguramiento de la calidad —o superintendencia— y el mejoramiento del sistema de financiamiento, que se centrará en la subvención preferencial a los niños y jóvenes más desposeídos.
También se estudiarán las mejores alternativas existentes para renovar la administración de los colegios, prometió Bachelet, aunque no habló expresamente de terminar con la "municipalización", otra de las grandes aspiraciones de maestros y alumnos.
La mandataria conformó un comité de ministros, integrado por los titulares de Educación, Hacienda, Interior y Secretaría General de la Presidencia, para proponer las iniciativas legales y administrativas correspondientes, que deberán estar listas durante el primer trimestre de 2007.
Paralelamente, la presidenta encomendó a la cartera de Educación modificar los actuales grados escolares —para incentivar la especialización de los estudiantes—, modernizar la educación técnico profesional, desarrollar una auténtica carrera docente y mejorar la llamada jornada escolar completa.
"El plazo es breve y no podemos esperar. Chile y la comunidad educativa abrigan grandes esperanzas en este proceso, y no los vamos a defraudar", prometió Bachelet.
Las disposiciones están en sintonía con los principales acuerdos del Consejo, que valoró la coexistencia de la educación pública y privada, reconocimiento que interesa en particular a los sectores ligados a la oposición derechista.
"Estas modalidades educativas no son antagónicas, y corresponde plantear propuestas que potencien a ambas para contribuir a una mejor educación", establece el documento del Consejo Asesor.
El grupo propuso "generar las condiciones para destinar más recursos a la educación, priorizando a los estudiantes más pobres y con mayores problemas sociales", así como establecer requisitos más exigentes para los municipios y los dueños de los establecimientos privados subvencionados por el Estado.
De igual forma, planteó garantizar el acceso equitativo de niños y jóvenes a los centros educativos y medir la calidad de los mismos. Además, demandó la creación de una carrera profesional docente, revisando el estatuto que rige para el magisterio, y el mejoramiento de la formación inicial y continua.
No obstante, en sus seis meses de trabajo, el Consejo vivió muchos contratiempos y disensos, que quedaron expresados en las conclusiones.
"Fue un periodo intenso, agotador, porque todos los integrantes nos tomamos la tarea muy en serio, todos queríamos opinar sobre todo", comentó Egaña. "Era la primera vez, desde el retorno a la democracia en 1990, que se discutía (tan amplia y profundamente) sobre la municipalización, la ley de subvenciones, del rol del Estado en la educación", añadió.
El llamado bloque social —integrado por profesores, estudiantes secundarios y universitarios y profesionales que abogan por el fortalecimiento de la educación pública— fue el más díscolo, tanto que decidió no adherirse al texto final, elaborando un informe alternativo, titulado "Crisis educativa en Chile: propuesta al debate ciudadano".
"Puede que se haya entendido mal, pero nosotros no nos retiramos del Consejo. Trabajamos seriamente hasta el final, sólo que optamos por no hacernos parte de las conclusiones", explicó a IPS Darío Vásquez, director nacional del Colegio de Profesores.
Según profesores y alumnos, el documento final del Consejo no es fiel a la discusión sostenida, ya que habría sufrido modificaciones de última hora. Lo califican como un "recuento de opiniones divergentes", que no identifica mayorías y minorías, las cuales podrían haber guiado de mejor forma el posterior trabajo de la mandataria. Sin embargo, Vásquez valoró los anuncios de la presidenta, especialmente el referido a la elaboración de una nueva LOCE, si bien se mostró convencido de que las reformas serán de "alcance limitado".
"Si se fortalece la educación pública, terminando con la municipalización —a través de la creación de administradoras autónomas territoriales— y se modifica el actual sistema de financiamiento, yo me declaro más que conforme", dijo el dirigente del magisterio, que se opone a la actual existencia del lucro en la educación.
El rector de la privada Universidad Diego Portales y miembro del Consejo Asesor, Carlos Peña, criticó en su habitual columna dominical del diario El Mercurio que el bloque social hubiera adoptado esa posición disidente.
"La actitud de estudiantes ¡y profesores! estropea, de manera insensata, una de las iniciativas más innovadoras de la presidenta Bachelet: hacer políticas públicas considerando la deliberación ciudadana", dijo el abogado chileno.
El presidente del Consejo, el académico Juan Eduardo García-Huidobro, señaló que "el informe tiene la gracia de contener prácticamente todas las opiniones sobre educación y será un instrumento de trabajo muy importante para el gobierno".
Egaña también es cauta a la hora de pensar en las transformaciones. "Las presiones son muchas, y el gobierno no tiene la capacidad ni el poder político para hacerlas", arguyó la experta en educación, considerando que la propia coalición gobernante está dividida ante ciertos temas.
En su opinión, es posible avanzar en la creación de la superintendencia, pero hay escasas posibilidades de terminar con el lucro. También duda de la fiscalización que el gobierno pueda hacer de los recursos entregados a los administradores privados.
La directora del PIIE expuso que las posturas defendidas en el Consejo dan cuenta de las visiones contrapuestas de la sociedad.
La experta distinguió tres grupos: uno conformado por la oposición derechista y la Iglesia Católica, que aún concentran gran poder, otro integrado por los profesionales liberales de la coalición de centroizquierda que gobierna Chile desde 1990, y por último el denominado bloque social.
"Los primeros estaban por hacer mínimos ajustes al modelo, los segundos por continuar con el sistema introduciendo la lógica financiera del premio y la sanción para mejorar los resultados, y los terceros pensaban que era necesario hacer cambios sustantivos", explicó Egaña. Sólo falta saber qué posición imperará, concluyó.
