Nuevas incertidumbres nublan el panorama político brasileño por decisiones del Poder Judicial que causan conflictos con el parlamento y los partidos, en vísperas de la investidura de gobernantes elegidos en octubre.
El Supremo Tribunal Federal (STF), instancia máxima de la Justicia y guardián de la Constitución, anuló la "cláusula de barrera", aprobada por el Congreso legislativo en 1995 y que iba a ponerse en vigencia en 2007.
Esa regla limitaba la actuación de los partidos que no obtuvieran por lo menos cinco por ciento de los votos nacionales en las elecciones para diputados y dos por ciento en nueve de los 27 estados. En virtud de ella, las fuerzas políticas podían mantener a sus parlamentarios elegidos, pero sin participación en comisiones ni derecho a ser portavoces, y perdiendo los recursos del fondo partidario público y tiempo de propaganda en radio y televisión.
Algunos partidos minúsculos ya se estaban fusionando para recuperar esas prerrogativas, pero dos de ellos cuestionaron la medida ante el STF que, en prolongada sesión que terminó en la noche del jueves 7, acogió por unanimidad la tesis de inconstitucionalidad de la cláusula.
La decisión provocó airadas reacciones de dirigentes de los grandes partidos y analistas políticos, que la consideran un "retroceso" en la democracia y "una violencia" contra el Poder Legislativo, con riesgo de confrontación entre poderes.
[related_articles]
En Brasil hay 29 partidos con registro legal y 16 con representación en el Congreso Nacional. La regla aprobada hace 11 años, y sólo ahora rechazada en la Justicia, buscaba estimular una reducción de esa fragmentación que dificulta la gobernabilidad, favoreciendo la corrupción, según sus defensores.
Esos pequeños partidos son en general creados para acomodar a políticos de intereses contrariados en otras colectividades, y por eso son tildados de "partidos de alquiler". En el escándalo de corrupción que estalló el año pasado, muchos de sus miembros fueron acusados de recibir dinero para adherirse al oficialismo y apoyar propuestas del gobierno.
El fallo del STF puede intensificar la movilización del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y de varios partidos a favor de una reforma política más amplia, con el objetivo de mejorar la representatividad, la gobernabilidad y la transparencia electoral. Aumenta también la exigencia de que el Congreso tenga mayor cuidado al modificar la legislación electoral y partidaria.
Pero el mundo político brasileño se ha visto sacudido también por otra amenaza judicial. El Tribunal Superior Electoral (TSE), que controla el proceso de las elecciones, amenaza con rechazar las cuentas presentadas por los comités de campaña de numerosos partidos y candidatos, empezando por la del propio presidente Lula, reelegido para un segundo mandato el 29 de octubre con 58 millones de votos.
Los auditores técnicos del Tribunal calificaron de ilegal la contribución de casi 10 millones de reales (4,6 millones de dólares) recibida por la candidatura de Lula a la reelección presidencial. Se trata de donaciones vedadas por ley, pues provienen de empresas que realizan actividades obtenidas por concesiones públicas, como carreteras, puertos y energía eléctrica.
El presidente del TSE, Marco Aurelio de Mello, había informado que este año sería rígida la aplicación de la ley, poniendo fin a la tradicional "aprobación con salvedades" de esas contribuciones, toleradas hasta ahora por los tribunales electorales.
El rechazo de las cuentas podría acabar con la impugnación de los elegidos, impidiendo su investidura, advirtió. Podría impedir inclusive la toma de mando del propio Lula el 1 de enero, según interpretaron varios jueces y juristas. Pero el mismo riesgo corren por lo menos seis gobernadores estaduales electos y centenares de parlamentarios de varios partidos.
El TSE juzgará el martes 12 las cuentas de la campaña de Lula. Los técnicos consideran que hay "irregularidades insanables" en ellas, lo que ha puesto lógica tensión por el riesgo que puede correr la investidura del presidente reelecto.
"No existe ese riesgo", aseguró a IPS el jurista Invan Nunes Ferreira, que hasta el año pasado fue miembro del Tribunal Regional Electoral del sureño estado de Río de Janeiro. Las leyes aseguran la investidura de Lula, y además parece políticamente inviable impedirla pues se trata de un presidente reelecto con 61 por ciento de los votos válidos, sostuvo.
Pero los hechos generan incertidumbres y armas para que la oposición imponga nuevas dificultades al gobierno, pues sí es viable judicialmente "impugnar el mandato" de quienes fueron elegidos mediante "abuso del poder económico", matizó. Esa impugnación puede solicitarse en los 30 días posteriores a la investidura.
La contribución a la campaña electoral de empresas beneficiadas por concesiones públicas puede configurar ese abuso del poder económico, aclaró Nunes Ferreira.
Las condiciones políticas para impugnar a un presidente en su primer mes de mandato son improbables, pero una acción de ese tipo le serviría a la oposición para "limitar el margen de maniobra del gobierno" y ponerlo a la defensiva desde el primer momento, evaluó.
Con esas decisiones y posibilidades, la Justicia asume protagonismo en la política brasileña, en un momento en que los altos salarios de jueces también están bajo cuestionamiento por superar el límite constitucional establecido para agentes del Estado.
