Por primera vez, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) incluye en su panorama social de la región un capítulo dedicado a los pueblos indígenas en el que invita a reconocer sus derechos, incluido el de la autodeterminación.
"Si bien en la mayoría de los Estados de América Latina se han registrado cambios constitucionales y legislativos tendientes a reconocer los derechos de los pueblos indígenas, el balance es crítico, ya que se constata la falta de eficacia y el incumplimiento de las normas", concluye el informe que anualmente elabora esta agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
"La información disponible permite comprobar la discriminación estructural que afecta a los pueblos indígenas y que se expresa en marginalidad, exclusión y pobreza, y su ubicación sistemática en los quintiles más bajos de los países", acota el documento presentado este lunes en la capital de Chile.
En América Latina existen 671 pueblos indígenas reconocidos por los Estados y, de acuerdo a la información recopilada en los censos de 2000, las personas autoidentificadas como indígenas superan los 30 millones. La heterogeneidad es enorme entre etnias y países.
Perú, México, Bolivia y Guatemala son los países que tienen mayor población indígena, entre 8,4 y 4,6 millones de personas. Les siguen un grupo de cinco naciones, entre ellas Chile, que poseen entre 500.000 y un millón. Más abajo se ubican ocho naciones, como Argentina y Uruguay, que no superan el medio millón de personas.
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La mayoría de estas etnias viven en tierras ancestrales, sobre todo rurales, pero una serie de factores —como pobreza, degradación de suelos, invasión de colonos e intereses de empresas nacionales e internacionales— están motivando la migración hacia otras zonas e urbes.
La Cepal apunta que se trata en general de poblaciones jóvenes o muy jóvenes, con mayor fecundidad que el resto de los habitantes de los países. Además, se destaca la irrupción de los pueblos originarios como actores sociales y políticos en los últimos 20 años.
"A raíz del posicionamiento de los movimientos indígenas frente a las agendas de desarrollo y los Estados, se produjeron en los últimos años una serie de cambios constitucionales y avances legislativos muy importantes" para las etnias, dijo a IPS la argentina Fabiana Del Popolo, experta del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), la División de Población de la Cepal.
Entre ellos se destaca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, y la reciente Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por el nuevo Consejo de Derechos Humanos en junio, y todavía no aprobada por la Asamblea General del foro mundial.
Esos tratados y documentos plantean los derechos a la autodeterminación, a la no discriminación, a la integridad cultural, al desarrollo y bienestar social, a la participación política y a la propiedad, uso, control y acceso a las tierras y recursos naturales.
Actualmente, 13 países latinoamericanos han reconocido el Convenio 169, pero esto no se ha traducido necesariamente en mejoras en la calidad de vida de sus etnias.
"Paraguay es uno de los países que ha reconocido y reconoce prácticamente todos (los tratados a favor de los pueblos indígenas), pero cuando uno ve las brechas en mortalidad infantil, fecundidad, es uno de los países más inequitativos. Y Chile, por el contrario, que no ha ratificado el Convenio 169, es uno de los países que menos brechas muestra", sostuvo De Popolo.
"Esto no quiere decir que no importe el Convenio. Nosotros pensamos que en estos países que ya han avanzado en el reconocimiento de sus derechos individuales y colectivos, hay bases más sólidas para poder avanzar más rápidamente" en otras áreas, acotó la experta.
"Chile ni siquiera reconoce el término de pueblo, que dentro de la ONU es totalmente aceptado. Quizás en algunos sectores hay cierto temor de que esto implique la conformación de estados dentro de los estados, que no es la demanda generalizada de los pueblos indígenas. Los estados van a seguir siendo Estados nacionales", argumentó De Popolo.
Según la investigadora de la Cepal, las etnias están luchando para hacer valer las garantías consagradas en los instrumentos internacionales. "Ya hay varios casos de violación a los derechos de los pueblos indígenas que han sido llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han sido ganados por las organizaciones indígenas", dijo.
"A comienzos del siglo XXI, surgen nuevas obligaciones para los Estados en términos de reconocer, promover y garantizar los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, de acuerdo al estándar internacional", afirma el Panorama Social de América Latina.
"Este es un proceso que recién se ha iniciado en América Latina y no hay vuelta atrás. Todo lo que signifique reconocimiento y mayor participación va a ir tomando cada vez más preponderancia ", auguró De Popolo.
El informe también se refiere a la pobreza y la distribución del ingreso, la evolución del empleo asalariado y las políticas públicas y transformaciones de la estructura familiar en la región.
"El último cuatrienio (2003-2006) puede calificarse como el de mejor desempeño económico y social de América Latina en los últimos 25 años", resume el documento.
Según las estimaciones de la Cepal, 39,8 por ciento de la población de la región se encontraba en situación de pobreza en 2005, y 15,4 por ciento en indigencia. Los países con mejores resultados fueron Argentina y Venezuela.
Por tercer año consecutivo, ambos indicadores se redujeron en la región y se prevé que este año vuelvan a registrar una disminución, situándose en 38,5 por ciento y 14,7 por ciento, respectivamente.
Según el secretario ejecutivo de la Cepal, el argentino José Luis Machinea, el descenso puede explicarse por las altas tasas de crecimiento del producto interno bruto registradas en los últimos años en la región, el constante aumento del empleo y la incipiente mejor distribución del ingreso en algunos países.
Pero los grados de pobreza siguen afectando a mucha gente: 209 millones de personas, de las cuales 81 millones son indigentes.
La agencia de la ONU verificó el progreso de la región hacia la consecución del primero de los ocho Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM), que plantea disminuir a la mitad, en 2015, la proporción de población en pobreza extrema vigente en 1990.
Cuando ha transcurrido 64 por ciento del periodo previsto para el cumplimiento, América Latina registra un avance de 69 por ciento. "Podría decirse, entonces, que la región como un todo se encuentra bien encaminada", indica el informe. Pero sólo Brasil y Chile han alcanzado ya esa meta.
