Inclusive con la oposición frontal de movimientos que constituyen su base social, los gobiernos sudamericanos han resuelto iniciar la integración regional por su aspecto más crítico, las grandes obras de infraestructura.
A juicio de indígenas, ecologistas y miembros de organizaciones no gubernamentales, las grandes centrales hidroeléctricas, los gasoductos y las autopistas —un paquete de más de 300 megaproyectos que es la base de la Comunidad Sudamericana de Naciones—, entrañan impactos sociales y ambientales y no contribuyen a integrar los pueblos.
Durante la II Cumbre de la Comunidad Sudamericana, que comienza este viernes por la noche y finalizará este sábado en la central ciudad boliviana de Cochabamba, los delegados de los 12 países miembros aceptaron reunirse con movimientos civiles en la Cumbre Social para la Integración de los Pueblos.
Pero asistieron a ese encuentro paralelo, que también se celebra hasta este sábado en la misma ciudad, para reafirmar que seguirán adelante con la polémica Iniciativa de Integración de la Infraestructura de la Región Sudamericana (Iirsa).
El jueves, el secretario general (viceministro) de Relaciones Exteriores de Brasil, Samuel Pinheiro-Guimaraes, ya había alertado a los movimientos sociales, con los que mantiene siempre buen diálogo, que la integración física de América del Sur no se detendrá.
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"El progreso tecnológico y científico que vemos en el mundo entero impulsa todas las áreas, desde la economía hasta la guerra. Necesitamos constituirnos en un bloque para hacer frente a esa realidad, y la conexión física del continente es imprescindible", afirmó.
"Trabajo en la Iirsa desde 2002 y he visto algunos cambios en su concepción, que aparecen a medida que realizamos diálogos como éste con los movimientos sociales", sostuvo Ariel Pares, quien coordina la participación brasileña en la Iniciativa desde el Ministerio de Planeamiento de ese país.
Al hablar junto a altos funcionarios de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Viviendas de Bolivia, Pares fue enfático.
"La población y la economía de América del Sur están fuertemente concentradas en los litorales del Atlántico y del Pacífico. Necesitamos hacer ejes viales bioceánicos para unir esos dos extremos y llevar desarrollo al vacío existente en medio del continente", sostuvo.
Los "vacíos" a los que se refiere Pares son el Pantanal, las cordilleras andinas y la región amazónica. Esta última alberga cerca de 20 millones de habitantes solamente en su porción brasileña.
Un proyecto en particular va a poner a prueba la disposición de los gobiernos sudamericanos, varios de los cuales están ocupados por fuerzas que hasta hace poco criticaban estos planes.
Las dos megacentrales hidroeléctricas proyectadas sobre el río Madeira, en el occidental estado brasileño de Rondônia cercano a la frontera con Perú y Bolivia, forman parte de la Iirsa y son consideradas peligrosas tanto por el Movimiento de Afectados por las Represas, en Brasil, como por el Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), aunque la agencia ambiental brasileña Ibama diga lo contrario.
"Los mismos estudios realizados hasta ahora por el consorcio brasileño que desea construir las usinas muestran que, desde 1990, se ha incrementado en dos por ciento el nivel de sedimentos en el lecho del río", observa el especialista boliviano en salud pública Pablo Villegas, miembro del Fobomade.
"Ellos mismos estiman que en 50 años el fondo del río se habrá elevado hasta en 20 metros, ampliando el lago que será formado por las (planificadas) centrales de San Antonio y Jirau", agregó.
"Del lado boliviano, esa expansión del lago podría inundar la región de Riberalta y Guayaramerin, donde viven más de 100.000 personas que perderían su sustento", agregó.
Esa posibilidad no aleja el interés del gobierno boliviano de tomar parte del proyecto. "No nos oponemos y hasta queremos ser parte, si el complejo sobre el río Madeira no afecta la soberanía boliviana ni al pueblo de esa región", apuntó el viceministro de Electricidad de Bolivia, Jerjes Mercado.
El funcionario informó asimismo que el 15 de este mes, el canciller boliviano David Choquehuanca viajará a Brasilia a debatir el plan con técnicos de ese país.
"El problema del complejo de Madeira, que aún puede incluir otras dos usinas y una hidrovía, es que fue concebido en 2000, por el anterior gobierno brasileño (de Fernando Enrique Cardoso), cuando la coyuntura de América Latina era otra", opinó el analista y sociólogo Luis Novoa, profesor de la Universidad de Rondônia.
"Se necesita frenar el cronograma y revisar el proyecto", recomienda.
Va ser una tarea difícil, porque a favor de los proyectos está el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien expresó inclusive su disposición a romper lazos con sus aliados tradicionales para construir las centrales.
"Indígenas, 'quilombolas' (descendientes de esclavos), ambientalistas y el Ministerio Público deben dejar de ser obstáculos al desarrollo", dijo Lula.
Incluso planes fuera de la Iirsa, pero enfocados como instrumentos de integración, atraen la atención de los gobiernos que están dispuestos a apostarles grandes sumas y a librar grandes luchas por ellos.
El jueves, el presidente (de Venezuela) Hugo Chávez estuvo en Brasilia discutiendo con Lula ocho planes comunes en el área de la energía.
Uno de ellos es el Gasoducto del Sur, que saldría de Venezuela, pasaría por todo el Nordeste brasileño y llegaría hasta Uruguay y Argentina en una extensión de casi 10.000 kilómetros y un costo estimado en 23.000 millones de dólares.
Ecologistas e indígenas venezolanos consideran que el proyecto es "megalómano" y dañará el ambiente, pues pasará por miles de kilómetros de la floresta amazónica.
