Esta ciudad boliviana de casi un millón de habitantes que vivió en 2000 la «guerra del agua», es anfitriona ahora de otros dos acontecimientos que en nada se parecen a las protestas de hasta 100.000 personas contra la privatización de los recursos hídricos.
Este jueves comenzó en Cochabamba la Cumbre Social para la Integración de los Pueblos, que continuará hasta este sábado, reuniendo a casi 3.000 representantes de movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales de América Latina y el Caribe, la mitad de ellos bolivianos, en el céntrico Instituto Americano.
Esta reunión —que reitera los temas y el formato del altermundista Foro Social Mundial nacido en 2001 en la brasileña Porto Alegre—, es organizada por la Alianza Social Continental (ASC), que adquirió notoriedad por liderar la campaña contra la creación del Área de Libre Comercio de las Américas, y por el Movimiento Boliviano por la Soberanía y la Integración Solidaria de los Pueblos.
La Cumbre acontece de forma paralela y con estrecho vínculo con la II Cumbre Sudamericana de Naciones, encuentro oficial que reunirá este viernes y el sábado en esta misma ciudad a representantes de 12 países de la región. Hasta este miércoles, 11 jefes de Estado o de gobierno habían confirmado su presencia.
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela son los 12 miembros de la Comunidad Sudamericana, constituida en diciembre de 2004.
Varios de los delegados de la reunión oficial debatirán con los activistas de la Cumbre Social sobre los 13 asuntos que las organizaciones consideran estratégicos para la integración sudamericana.
Desde ambiente e infraestructura, pasando por derechos sociales y pueblos indígenas, toda la agenda del encuentro pondrá a debate la integración sudamericana que, liderada hasta hoy por los gobiernos, ha priorizado apenas los aspectos comerciales en las relaciones entre los países.
El propósito de la Cumbre Social, dicen sus organizadores, es dar voz a las poblaciones que hasta ahora sólo han tomado contacto con los modelos de desarrollo adoptados por los gobiernos a través de sus impactos.
Pero, a pesar del inédito clima de diálogo entre organizaciones y gobiernos que suelen estar en campos opuestos, no todas son flores en las relaciones entre las dos Cumbres.
A inicios de la tarde de este jueves, los debates envolverán a activistas y al embajador plenipotenciario para Temas de Integración y Comercio de la cancillería boliviana, Pablo Solón, y al viceministro brasileño de Relaciones Internacionales, Samuel Pinheiro-Guimarâes, uno de los responsables de la política exterior de Brasilia.
Al final de la tarde, otra reunión pondrá frente a frente a representantes de la Cumbre paralela con los vicecancilleres que estén presentes para el encuentro oficial.
"De esos encuentros no emergerán decisiones, pero tampoco serán un mero intercambio de informaciones", dijo a IPS el coordinador de la ASC, Gonzalo Berrón. "Vamos a mostrar cuáles son los puntos más críticos de la agenda de integración", agregó.
Esas cuestiones — algunas de ellas "calientes", según Berrón— están expuestas en un texto que el Grupo de Reflexión de la ASC dirigió un mes atrás a las cancillerías de los países de la Comunidad Sudamericana.
Por ejemplo, la ocupación Haití desde mediados de 2004 por fuerzas de la Organización de las Naciones Unidas lideradas en lo militar por Brasil y en lo político por Chile, y la ausencia de debate sobre las migraciones.
Pero la agenda que despierta la antipatía de muchos movimientos sociales es la Iniciativa para la Integración de Infraestructura de la Región Sudamericana (Iirsa).
Coordinada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con promesas de abultados aportes financieros del estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), la Iirsa es un paquete de más de 300 obras, entre hidrovías, ferrocarriles y centrales hidroeléctricas, que aún está por iniciarse.
La IIrsa es también la mayor manzana de la discordia entre las dos Cumbres y el único elemento que, hasta ahora, ha dado alguna institucionalidad a la Comunidad Sudamericana. Fue propuesta en 2000 por el entonces presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), y abrazada con entusiasmo por el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
Se trata de una suerte de base sobre la cual se apoya la Comunidad Sudamericana. Pero, a medida que es divulgada —el primer debate público fue cinco años después de su lanzamiento, en noviembre de 2005 en la sede del BNDES en Río de Janeiro— ha recibido críticas de todos lados.
Las organizaciones sociales acusan a la Iirsa de servir a grandes grupos internacionales exportadores de los recursos naturales de América del Sur, sin que la población local saque provecho alguno de esas riquezas.
El anfitrión de la II Cumbre, el mandatario boliviano Evo Morales, envió al encuentro paralelo una carta clara y directa, evitando las expresiones dulcificadas de la diplomacia.
Entre otras consideraciones, Morales advierte que "debemos revisar la Iirsa para tomar en cuenta las preocupaciones de las personas que quieren ver avenidas en el marco de polos de desarrollo y no autopistas por las cuales pasan contenedores para la exportación en medio de corredores de miseria y aumento del endeudamiento del país".
Varias de las obras que constan en los planes de la Iirsa, del BID y del BNDES siguen la lógica de establecer plataformas para la exportación de productos naturales hacia fuera de la región.
Ese es el caso de las grandes centrales hidroeléctricas de San Antonio y Jirau, planificadas a un costo de 13.000 millones de dólares para ser construidas sobre el río Madeira, en el noroccidental estado brasileño de Rondônia, en la frontera con Bolivia, afirma el sociólogo Luis Novoa.
"Tenemos estudios que señalan la posibilidad de que el lago a ser formado por el embalse del río Madeira acumule sedimentos en su fondo y se expanda, inundando territorio boliviano en algunos años", estima el brasileño Novoa.
En su opinión, existe la posibilidad de que las dos hidroeléctricas sean apenas la punta de lanza de un complejo aún mayor, que implicaría la construcción de otras dos usinas y de una hidrovía para transportar la soja y otros productos agrícolas que serían cultivados en zonas de la floresta brasileña.
Habituales afectados por proyectos de este tipo, los aborígenes se anticiparon al inicio de la Cumbre Social y realizaron el lunes y el martes el encuentro "Integración de América del Sur desde el Punto de Vista de los Pueblos Indígenas", que reunió a representantes de casi dos millones de personas de varias etnias.
"Queremos que los acuerdos gubernamentales de integración incluyan el respeto a los derechos indígenas ya establecidos en otros documentos internacionales, como la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce las organizaciones socio-políticas de los indígenas, así como el derecho a las riquezas contenidas en nuestros territorios", pidió el cacique de la etnia xukuru, Marcos Luidson de Araújo Tatuí, procedente del nororiental estado brasileño de Pernambuco.
"Las grandes inversiones que sólo miran al mercado externo, como las del sector del papel y la celulosa, son obstáculos a la demarcación de nuestros territorios y causan muertes y suicidios entre indígenas que sufren al sentirse confinados en un pequeño espacio de tierra", agregó.
