En los Andes peruanos hay un refugio, aunque no hay guerra. Allí se protegen contra los bombardeos de agentes tóxicos quienes ya están contaminados.
Los organizadores del albergue son los mismos responsables de las nocivas emanaciones, paradójica realidad de los 35.000 habitantes de La Oroya, en la central región de Junín.
Un colegio de La Oroya, 180 kilómetros al este de la capital peruana, hace las veces de refugio. Allí acuden los menores de seis años cuyos análisis sanguíneos indican más de 45 microgramos de plomo por decilitro de sangre, para protegerse de las emisiones del complejo metalúrgico administrado por la compañía estadounidense Doe Run. El nivel máximo tolerable, según la Organización Mundial de Salud, es de 10 microgramos por decilitro (mcg/dl) de sangre.
El programa financiado por la planta de fundición de metales sólo resulta un paliativo. Si toda La Oroya fuese un hospital, este colegio sería la sala de cuidados intensivos. En Casaracra, a media hora por carretera del complejo metalúrgico, reciben educación y cuidados los niños con mayores concentraciones de plomo en sangre de esta ciudad.
Los pequeños son alimentados tres veces al día con productos naturales como la kiwicha (un grano rico en proteínas y con cualidades medicinales), se bañan con un champú especial para remover las partículas metálicas que se adhieren al cuero cabelludo y la piel, y reciben medicamentos apropiados.
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Viven en una nube blanca durante ocho horas, mientras afuera la chimenea continúa expulsando gases de dióxido de azufre, partículas de plomo, cadmio y otros metales pesados.
Son las 8:30 de la mañana y el autobús de Doe Run que va a Casaracra está a punto de partir. Hoy han llegado sólo 67 niños de los 80 que están inscritos en el programa. "A veces los padres no valoran estos servicios y no los mandan", dice Rully Huamaní, el enfermero encargado del programa, quien los recibe con una sonrisa.
Adentro, los pequeños son agrupados en categorías propias de los jardines infantiles convencionales, como angelitos, ratoncitos, leoncitos, abejitas, conejitos y ositos. Pero los letreros en las puertas de cada salón revelan la triste condición sanitaria de cada menor.
En el anuncio se sobresalen algunos nombres:
– Anabella Quispe Hidalgo: 1 año y 8 meses. Nivel IV (supera los 45 mcg/dl de sangre)
– Leonel Nahui Rodrigo: 2 años y 7 meses. Nivel V (supera los 70 mcg/dl de sangre).
– Conan Quispe Flores: 1 año y 11 meses. Nivel IV (Este niño tiene anemia severa, vive inapetente, tiene espasmos de sollozos y nunca sonríe. Es uno de los 14 que deberán ser llevados a Lima para empezar un tratamiento intensivo)
– Stuart Delgadillo Caso: 1 año y 10 meses. Nivel V (Este niño es el más intoxicado, con 91 mcg/dl de sangre).
Además, padecen de desnutrición crónica. El médico que dirige el programa, Roberto Ramos, insiste en que el problema principal es la inadecuada alimentación, antes que los agentes contaminantes de la fundición.
"Mis hijos han vivido con el plomo y ahora son universitarios por la adecuada alimentación que tuvieron", dice Ramos a IPS, como prueba de su hipótesis, sin considerar el efecto continuado de esta planta que funciona desde 1922.
En esos primeros años, el complejo metalúrgico era administrado por la compañía estadounidense Cerro de Pasco Corporation. En 1974 pasó a manos de la estatal Centromín Perú, hasta que en 1997 la empezó a operar la firma Doe Run como resultado de un proceso de privatización.
Los actuales operadores ofrecen desde hace dos años 14 programas sociales en convenio con el Ministerio de Salud, entre los que figura la sala cuna y jardín infantil Casaracra, las limpiezas de las calles, las duchas públicas y el lavado de manos, como píldoras para contrarrestar el mal del aire.
La empresa no niega que existan casos dramáticos originados por el plomo, pero ha promovido entre los pobladores de La Oroya la idea de que los gases tóxicos y las partículas de metales pesados pueden enfrentarse con buena comida y mucha limpieza.
Para inculcar esta idea, la empresa ha echado mano de diversos medios de comunicación, desde folletos hasta programas de radio, y además ha alentado la creación de organizaciones sociales, como asociaciones de promotoras de salud y de líderes a los que imparte talleres de todo tipo, incluso de manualidades, tejidos y decoraciones.
"Yo pensaba que a mi edad no podía trabajar en nada, pero aprendí a hacer tortas gracias a la empresa", reconoce a IPS Ciria Vásquez Rivera, de 60 años.
Mientras Doe Run impulsa sus programas sociales, poco se sabe sobre la real reducción de las emisiones tóxicas posteriores a 1997, año en que la empresa empezó a operar en La Oroya. Ni siquiera el Ministerio de Energía y Minas, el ente fiscalizador del sector, tiene clara esta información.
Durante una entrevista concedida a IPS, el gerente del área de Fiscalización Minera de ese ministerio, Luis Saldarriaga, y ex subdirector de la oficina de Promoción Minera del mismo, prefirió hablar de las metas fijadas por Doe Run sobre la reducción de los agentes contaminantes.
Confirmó que su despacho no contaba con informes sistematizados sobre la evolución de las emisiones, por lo menos en los últimos tres años.
Tras mucha insistencia, IPS logró acceder a información oficial sobre las emanaciones, que si bien incompleta, deja en evidencia que en algunas estaciones de monitoreo Doe Run sobrepasó largamente los niveles máximos permisibles para emisiones en chimenea, así como los estándares de calidad de aire en partículas de plomo, arsénico, cobre, zinc y dióxido de azufre en algunos meses de 2005.
Aunque Doe Run ha avanzado en la reducción de emisiones por plomo, ha hecho muy poco respecto al dióxido de azufre que ocasiona ardor en los ojos, la garganta y males respiratorios. Saldarriaga informó que diariamente son expulsadas 810 toneladas métricas de dióxido de azufre por la chimenea del complejo metalúrgico.
Durante el procesamiento de los minerales se generan 85 por ciento de los gases, según informó el ingeniero Carlos Vivas, del área de proyectos de la empresa.
La gravedad de la situación la reveló Fausto Roncal, director de Ecología y Protección del Ambiente de la estatal Dirección General de Salud Ambiental (Digesa).
La Oroya debió haber sido declarada en estado de emergencia (el nivel más crítico) hasta 11 veces en octubre y en 15 oportunidades en noviembre debido a que las emisiones por dióxido de azufre superaron las 175 toneladas métricas por día, que es el límite permitido, informó Roncal a IPS.
Pese a las evidencias, sólo Doe Run monitorea en forma permanente la calidad del aire. La Digesa realiza mediciones apenas tres veces al año o procesa la información que le entrega la empresa. Roncal sostuvo que esto se debe a falta de recursos, pero aseguró que el próximo año se invertirá en una estación de monitoreo.
Mientras ese momento llega, para los directivos de Doe Run su mejor aporte es el refugio infantil durante las horas de mayores emisiones, entre las 11:00 y las 13:00, y a partir de las 17:00.
Son las cinco de la tarde, hora en que el autobús regresa a los pequeños al hervidero: La Oroya Antigua, ubicada a pocos metros del complejo metalúrgico. Los menores de dos años llegan dormidos a los brazos de sus madres. Los más grandes enseñan sus tareas y emprenden el camino a casa, desde donde siempre se observa la misma chimenea.
El médico Hugo Villa, del hospital del Seguro Social, señala que "ningún programa será suficiente si no se ataca la fuente de la contaminación y no se moderniza el complejo".
La agencia estadounidense Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) advierte en un informe que "los programas en salud pública y los esfuerzos de higiene son de poco beneficio en la reducción de niveles elevados de plomo en sangre" en La Oroya. Y sólo podrían ser de alguna ayuda luego de controlar "las emisiones fugitivas y la construcción de fundiciones nuevas con tecnología de punta", señala el documento elaborado en agosto de 2005.
El documento fue preparado por el Centro Nacional para la Salud Ambiental, Agencia para el Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades, División de Servicios de Emergencia y de Salud Ambiental.
En respuesta, el presidente de Doe Run Perú, Juan Carlos Huyhua, dijo a IPS que los equipos del circuito de producción de plomo y zinc se han modernizado en forma paulatina y, precisamente por el interés en reducir los niveles de contaminación, la empresa presentó una propuesta al Ministerio de Energía y Minas a fines de 2004 para que se considere prioridad el tema de la educación y la salud pública.
El documento presentado al gobierno tenía como propósito conseguir que se ampliara el plazo para la ejecución del programa ambiental al que se comprometió la empresa en 1997, el cual terminaba en enero de 2007. Y lo consiguió. Doe Run tiene hasta 2009 para implementarlo, y a cambio de no pagar las multas a que estaba obligado según los términos del plazo inicial, acordó que tomará medidas ambientales adicionales.
"Si ahora Doe Run aplica estos programas no es por una medida de prevención sino por un daño ya generado. Estas son las consecuencias", puntualizó Roncal.
