Mientras miles de uruguayos esperan gritar el próximo domingo goles argentinos en el derbi del fútbol local, el Banco Mundial contribuyó este martes de modo involuntario a incentivar el roce entre los gobiernos de ambos países y un nuevo bloqueo de puentes.
La decisión de la institución multilateral de otorgar un préstamo a la firma finlandesa Botnia para financiar su fábrica de celulosa en Uruguay alienta a activistas argentinos a decidir, en cuestión de horas, un previsto corte de tránsito, por tiempo indeterminado, en la ruta de acceso a uno de los tres puentes que unen a las dos naciones sobre un río limítrofe.
La Corporación Financiera Internacional, brazo del Banco a cargo de créditos al sector privado, aprobó un crédito por 170 millones de dólares para Botnia. Por su parte, la Agencia Multilateral de Garantías, también dependiente del Banco Mundial, aprobó un seguro de riesgo político por 300 millones de dólares.
Las decisiones tomadas por estas instituciones con sede en Washington abren camino a otras líneas de créditos privadas para el proyecto, severamente criticado por vecinos argentinos de la zona.
Uruguay recibió estas noticias con alivio, pero a la vez con "mucha mesura", señaló a IPS el ministro de Turismo, Héctor Lescano. "No es momento de 'colgarse del alambrado', dijo, usando una expresión en jerga futbolística que refiere al entusiasmo de los hinchas ante un triunfo.
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La "mesura" del gobierno uruguayo tiene el objetivo de no agregar piedras al difícil camino de encuentro que intenta abrir la misión de facilitación iniciada días atrás por un enviado especial del rey de España.
Las expectativas de Montevideo de comenzar a resolver la controversia con Buenos Aires están centradas también en la próxima reunión del presidente Tabaré Vázquez con su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a concretarse posiblemente el 8 de diciembre en ocasión de la Cumbre Sudamericana en Bolivia, indicó Lescano.
El gobierno de Argentina admitió que las gestiones especiales para trabar el crédito realizadas en Washington por su secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, no fueron satisfactorias. Sin embargo, las decisiones tomadas en la órbita del Banco Mundial ya se preveían desde la semana pasada.
Pero desde la costa uruguaya también se escuchan opiniones contrarias a la instalación de la fábrica.
"Para el movimiento ambientalista, este crédito va más allá de la construcción de una planta de celulosa, pues, lamentablemente, respalda con mucho peso el modelo forestal impuesto, seriamente perjudicial para el país natural que se pregona", dijo a IPS la activista María Selva Ortiz.
La integrante de la organización ambientalista uruguaya Redes-Amigos de la Tierra consideró "nula" la intervención de la población del área que rodea el proyecto, participación "que tanto ha promocionado el Banco Mundial" como política general de toma de decisiones.
La institución multilateral no "ha tenido en cuenta ninguna de las observaciones fundadas que presentamos" contra la planta y las plantaciones de insumos, explicó.
Redes-Amigos de la Tierra acusó a Botnia ante el no gubernamental Tribunal Permanente de los Pueblos, que puso en el banquillo de la sociedad civil en mayo en Viena el accionar de las corporaciones transnacionales europeas en América Latina.
"Existe evidencia de que la concreción de este proyecto" finlandés en Uruguay "configuraría violaciones a los derechos laborales, ambientales, políticos y civiles", de acceso a los servicios básicos esenciales y a la tierra, además de atentar "contra la soberanía y la seguridad alimentaria", afirmó la organización.
El coordinador de la Asamblea Ciudadana Ambiental de la ciudad argentina de Gualeguaychú, Gustavo Rivollier, coincidió con la advertencia de Redes-Amigos de la Tierra, y fue un poco más lejos al señalar que el Banco Mundial aprobó un "crédito de la muerte" al que consideró "una afrenta" a su país.
"La gente está angustiada y salvo una idea superadora, creo que nos vamos a quedar el verano (austral) en la ruta", advirtió, en alusión a la decisión que seguramente tomará el movimiento social de Gualeguaychú, distante más de 20 kilómetros de la fábrica de Botnia, río Uruguay de por medio.
La firma finlandesa ya ha concluido 70 por ciento de la construcción de las instalaciones cerca de la ciudad uruguaya de Fray Bentos.
Ambos gobiernos rioplatenses habían jugado sus cartas fuertes en Washington. Argentina envió a Picolotti, funcionaria que tiene vínculos directos con el movimiento social de Gualeguaychú, y el gobierno de Vázquez al su ministro de Economía, Danilo Astori, y al secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández.
El Banco Mundial explicó en un comunicado que el préstamo se otorgó en razón de que los dos estudios encomendados concluyeron "que la planta generará beneficios económicos significativos para Uruguay y no causará ningún daño ambiental", pues "operará según las normas mundiales más elevadas y cumplirá con las normas ambientales y sociales".
Agrega que investigaciones "independientes ofrecieron pruebas concluyentes de que el área local, incluida la ciudad argentina de Gualeguaychu, no sufrirá repercusiones medioambientales adversas".
La mayor inversión extranjera en la historia de Uruguay, de 1.200 millones de dólares en una planta prevista originalmente para producir un millón de toneladas anuales de celulosa, permitirá crear de modo directo e indirecto 2.500 puestos de trabajo una vez que se ponga en marcha y generará un valor añadido equivalente a dos por ciento del producto interno bruto uruguayo, afirmó el Banco.
Al igual que el gobierno argentino de Néstor Kirchner y los asambleístas de Gualeguaychú, las organizaciones uruguayas Redes y Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida enviaron al Banco Mundial una carta para pedirle que no aprobase el préstamo.
En esa misiva se alertó "que el modelo forestal, consolidado a partir de la producción de celulosa, produce impactos negativos en los recursos hídricos y por tanto viola la Constitución uruguaya, que en la reforma de octubre de 2004 estableció la prioridad del uso del agua para consumo humano".
A pesar de coincidir en los principios del cuidado ambiental y de la salud humana, los activistas uruguayos discrepan con el bloqueo de rutas utilizado para protestar por los asambleístas argentinos.
"Se saca de la órbita el debate", pues no sólo es la instalación de plantas de celulosa, sino el modelo de desarrollo impuesto, que apenas incorpora más materias primas con escaso valor agregado, suplantando praderas y comprometiendo al sistema ganadero, proveedor de alimentos naturales, detalló Ortiz.
La activista consideró un logro la decisión de la Empresa Nacional de Celulosa de España (ENCE) de desechar la construcción de su planta cerca de la de Botnia, y llamó a insistir en esa línea contra las "amenazas" de la instalación de esa y otras fábricas del sector en suelo uruguayo.
Es que los bloqueos volvieron a instalarse en la víspera en la ruta argentina 136, que conduce al puente binacional, y todo indica que será por tiempo indeterminado, en una copia fiel de lo ocurrido en el pasado verano austral, cuando se tensaron al máximo las relaciones entre Montevideo y Buenos Aires.
Montevideo adujo entonces que el bloqueo le produjo un perjuicio de unos 500 millones de dólares debido a la merma de visitantes argentinos a las playas del sureste, una afluencia tradicional por diversas vías y que significa prácticamente el 80 por ciento de su convocatoria turística extranjera.
El ministro Lescano estudia intensificar ofertas alternativas, con beneficios para los visitantes y una ofensiva en el sur de Brasil, ante lo que parece una inevitable caída del ingreso de turistas argentinos por la vía terrestre.
El canciller uruguayo Reinaldo Gargano recordó en nota enviada el lunes al gobierno argentino que la medida viola las normas del Mercado Común del Sur (Mercosur), que los dos países integran junto con Brasil, Paraguay y Venezuela, un dictamen del tribunal de controversias de ese bloque relativo al bloqueo anterior y lo dispuesto por la Corte Internacional de Justicia, órgano con sede en La Haya.
Gargano intentará otra vez ubicar el problema de "los obstáculos a la libre movilidad de bienes, servicios y personas por la frontera" en la agenda de la reunión de cancilleres del Mercosur, convocada para el 15 de diciembre en Brasil.
Sin embargo, el secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales de la cancillería argentina, Alfredo Chiaradía, adelantó que su país "no dará consenso" para que se considere el asunto.
Por su parte, el embajador argentino en Uruguay, Hernán Patiño Meyer, admitió que "los cortes no ayudan a establecer el diálogo", al que apuesta su país con la "facilitación" del rey Juan Carlos.
El enviado del monarca español, Juan Antonio Yáñez Barnuevo, fue recibido en persona por Kirchner el fin de semana pasado. En Montevideo, lo atendió Gargano, quien le aclaró que "Uruguay no negocia bajo presión".
El último roce entre ambos países aún no fue zanjado y guarda relación con el reclamo argentino a la autorización de Uruguay a Botnia para que duplique el volumen de agua del río que utilizará. Montevideo aduce que esa medida ya estaba prevista en acuerdos anteriores.
Pero esta vez la situación en el bloqueo puede tensarse más que el año anterior, ante la aparición de muestras de intolerancia de uno y otro lado de la frontera, e incluso entre manifestantes argentinos y turistas de esa misma nacionalidad detenidos por el corte de las rutas, que podría afectar a los tres puentes sobre el río Uruguay, como ya ocurrió.
Una situación impensada en el pasado entre dos países nacidos de la misma matriz histórica y que comparten vida y obra de su gente, como en el fútbol —la pasión predominante en ambas naciones— que llevará posiblemente este domingo a los hinchas de Peñarol a celebrar los goles de los argentinos Alejandro Delorte y Rubén Capria, y a los de Nacional los de su compatriota Carlos Juárez.
(*) Con aportes de Marcela Valente, desde Buenos Aires
