Mientras Estados Unidos procura frenar el programa nuclear de Irán, un juez argentino solicitó la captura de ex funcionarios de ese país islámico por su presunto vínculo con un brutal atentado antisemita.
Pero los fiscales argentinos que presentaron al juez Ricardo Canicoba Corral la orden de captura internacional de los ocho funcionarios iraníes y un dirigente libanés consideran que una lectura atenta de su dictamen debería acallar las suspicacias.
Las irregularidades cometidas por la justicia de este país en el proceso por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), cometido en 1994 en Buenos Aires, le exigen ahora redoblada solidez en sus fallos.
Doce años después, los magistrados consideran haber recabado elementos abundantes y sólidos como para requerir la captura de nueve destacadas figuras políticas de Medio Oriente a las que consideran sospechosas.
Entre ellas figuran el presidente de Irán en el momento en que se cometieron los atentados, Alí Akbar Hashemi Rafjsanjani (1989-1997), dos de sus ministros y otros cinco ex funcionarios, así como un dirigente del partido libanés chiita, prosirio y proiraní Hezbolá.
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Desde las semanas que siguieron a la explosión de la sede de la AMIA, con un saldo de 85 muertos y unos 300 heridos, la justicia argentina acumula indicios según los cuales el régimen iraní habría pergeñado el atentado, y Hezbolá (Partido de Dios, en árabe) lo habría ejecutado.
Desde 1998, y a raíz de la falta de colaboración de Irán con la investigación, el vínculo entre ambos países fue rebajado al punto de que se retiraron los embajadores y los encargados de negocios quedaron a cargo de la relación.
Pero sólo este mes la Unidad Fiscal de Investigación del atentado a la AMIA consideró corroborada la participación de siete ex altos funcionarios del régimen iraní encabezado por Rafsanjani y pidió sus capturas.
El fiscal Alberto Nisman, a cargo de la unidad, reiteró cuatro pedidos de captura que ya habían sido presentados por la instrucción anterior, y les sumó otros. Además, pidió dejar sin efecto, al menos por ahora, otras nueve solicitudes de arresto de ex diplomáticos.
Nisman defendió, en diálogo con IPS, la solidez de su tarea, así como la diversidad y contundencia de los testimonios, y consideró que ante este tipo de medidas siempre hay "opinadores" que buscan un supuesto interés oculto y que "se encolumnan con unos y otros, sin leer el dictamen".
El juez Canicoba Corral avaló este mes el pedido y citó a los enumerados por la fiscalía a declaración indagatoria. Estados Unidos celebró la solicitud y dirigentes argentinos que simpatizan con el gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez, aliado político y económico de Irán, la cuestionaron.
Nisman y abogados de las víctimas admiten que buena parte del dictamen se basa sobre testimonios recogidos durante la instrucción del juez anterior de la causa, Juan José Galeano, separado del proceso por irregularidades. Pero consideran que esas evidencias son relevantes y no pueden desecharse por completo.
En un escrito de 800 páginas, la fiscalía presenta testimonios de ex funcionarios iraníes, disidentes de un amplio espectro ideológico, diplomáticos, jueces, funcionarios, expertos en terrorismo de más de 10 países y personal de la embajada de Irán en Argentina.
Los testimonios contribuyen a reconstruir lo que los autores consideran una "matriz terrorista" basada sobre estaciones de inteligencia que funcionarían en embajadas iraníes, con células dormidas en comunidades islámicas locales, empresas de cobertura, casas seguras para guardar material destinado a sus atentados y provisión de documentos apócrifos.
Un testigo clave para el dictamen fue Abolghasem Mesbahi, jefe del servicio secreto iraní en Francia hasta su expulsión de ese país en 1984.
El ex funcionario había sido designado por Rafsanjani coordinador de inteligencia para Europa y encargado de una misión fallida para eliminar a un disidente en Londres en 1987.
Mesbahi huyó de su país en 1991, luego de ser acusado de "traidor a la patria", por lo que estuvo varios meses preso en Teherán.
Desde entonces se dedicó a la actividad privada en el extranjero, pero en sus primeros años de exilio mantuvo, según indicó, contacto con funcionarios iraníes con los que tenía relación personal. De esos vínculos aseguró haber obtenido información sobre el atentado a la AMIA.
Su testimonio permitió a un tribunal alemán dictar en 1997 condena por el asesinato, en 1992, de cuatro kurdos iraníes disidentes a cuatro libaneses y un iraní en un atentado cometido en el Restaurante Mykonos de Berlín.
El Tribunal Oral Federal argentino que juzgó a los acusados de brindar apoyo local a los atacantes, consideró en 2004 que las declaraciones de Mesbahi —presentadas a través de videoconferencias— fueron "claras, precisas y contundentes, sin fisuras ni contradicciones".
Entrevistado en tres oportunidades por Galeano, Mesbahi detalló la labor de cada área del gobierno iraní a la que consideró involucrada con el atentado, y aseguró saber por fuentes de inteligencia de su país "que toda la operación de la AMIA fue liderada, operada y ejecutada por Irán".
Algunos críticos señalan que Mesbahi es un testigo poco fiable pues "se desdijo" luego de haber acusado al ex presidente argentino Carlos Menem (1989-1999) de exigir a funcionarios iraníes 10 millones de dólares a cambio de retirar las imputaciones contra Irán.
Pero Mesbahi ratificó en 2003 su versión ante el Tribunal Oral Federal de Argentina, aunque sostuvo que, por tratarse de información a la que accedió por fuentes vinculadas con el régimen, no estaba en condiciones de identificar a la persona que supuestamente exigió el soborno.
El dictamen recopila antecedentes de declaraciones amenazadoras del gobierno iraní, y de atentados y asesinatos de disidentes atribuidos por tribunales de diversos países a integrantes del régimen de Rafsanjani.
Entre ellos, se cita el asesinato en 1990 en Suiza del Kazem Radjavi, diplomático iraní que renunció en 1981. Por ese crimen, la justicia suiza ordenó el arresto del entonces ministro de Inteligencia y Seguridad de Irán, Alí Fallajhijan, otro ex funcionario con pedido de captura por el caso de la AMIA.
También se cita como antecedente el homicidio en 1991 en Francia del ex primer ministro de Irán Chapour Bakthiar, secretario general del Movimiento Nacional de Resistencia Iraní, y de su secretario. Los acusados por la justicia francesa eran iraníes vinculados con el Ministerio de Inteligencia de su país.
Pero el antecedente más desarrollado en la pesquisa argentina es el asesinato del secretario del Partido Demócrata del Kurdistán de Irán y de tres colaboradores en el Restaurante Mykonos. Mesbahi afirmó que el patrón de ese atentado coincidía con el aplicado luego en la AMIA.
La justicia alemana señaló entonces que "Irán utilizó a Hezbolá para extender la revolución islámica a Líbano" y también "para combatir a opositores", y relacionó con el ataque de Mykonos a "servicios secretos iraníes".
El principal acusado fue el iraní Kazem Darabi, quien, según los fiscales argentinos, cumplió en el caso de Berlín el mismo rol que el ex agregado cultural de la embajada iraní en Buenos Aires en el caso de la AMIA, Mohsen Rabbani, uno de los funcionarios sobre los cuales pesa pedido de captura.
El dictamen recuerda que el gobierno iraní ofreció entonces cooperar con la justicia alemana, pero a cambio de que se frenara el juicio contra Darabi. El proceso siguió adelante y derivó en la condena de Darabi, que no gozaba de inmunidad diplomática
El extenso documento de la fiscalía argentina también enumera la detonación de un avión en vuelo sobre Panamá en 1994, que acabó con 21 vidas, un atentado en Gaza en 1995, el homicidio en Francia del disidente Reza Mazlouman en 1996.
En todos los casos, los magistrados percibieron vinculación entre los acusados y el régimen de Rafsanjani, así como similitudes entre el atentado a la AMIA y el que había destruido dos años antes la embajada de Israel en Buenos Aires.
Los fiscales destacaron testimonios coincidentes sobre una reunión a la que asistieron altos funcionarios del gobierno iraní, celebrada el 14 de agosto de 1993 en la nororiental localidad de Mashad, en la que se habría decidido el atentado contra la AMIA.
En el cónclave habrían participado el presidente Rafsanjani, el ministro Fallahiján, el canciller Alí Akbar Velayati, el jefe de la milicia Cuerpo de Guardianes de la Revolución (Pasdarán), Mohsen Rezai, y el comandante de Al Quds —una fuerza de elite del ejército—, Ahmad Vahidi.
Los testimonios, según la fiscalía, también incluían en la reunión a Mohsen Rabbani y al tercer secretario de la Embajada iraní en Argentina, Ahmad Reza Ashgari.
"La prueba reunida es más que suficiente para fundar la sospecha imprescindible que reclama un llamado a indagatoria", dijo a IPS la abogada Marta Nercellas, representante de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, que interviene en el proceso.
"Es imposible pedir prueba directa de un hecho como éste. Ninguna investigación puede hallar un acta certificada en la que se ordene por escrito realizar una masacre", ironizó.
Sin embargo, remarcó que "los indicios de la participación de los requeridos en la planificación, financiación y supervisión del atentado son múltiples, precisos y concordantes".
"Los relatos son múltiples y de diversa procedencia. La circunstancia de que haya testigos que son disidentes (del régimen iraní) no quita contenido probatorio a sus declaraciones. La credibilidad está respaldada por coincidencias esenciales de los relatos y porque otros datos objetivos coinciden con ellos", remarcó Nercellas.
Sobre la satisfacción expresada por Estados Unidos ante el dictamen fiscal, la abogada se manifestó "disgustada" de que representantes de ese país en la Policía Internacional (Interpol) hubieran permitido antes, en 2004, que se dejaran sin efecto pedidos de captura y que ahora, en cambio, prefieran respaldarlas.
Por otra parte, coincidió con el dictamen en que hubo múltiples ocasiones en las que Irán prometió cooperación, pero que, en los hechos, "se negó a colaborar".
Según el expediente, el régimen islámico no contestó ninguno de los exhortos que le elevó la justicia argentina, práctica que coincidió con la manifestada por la justicia suiza en el asesinato de Radjavi.
La fiscalía sostuvo que Irán ha procurado desacreditar a testigos calificados, lo que también sucedió en el proceso en Alemania por los asesinatos en el Restaurante Mykonos.
El dictamen cuestiona por "inaceptables" propuestas informales del gobierno de Irán "de brindar información a cambio de garantías de impunidad", y reproduce un memorándum extraoficial enviado el año pasado por la Embajada de Irán en Argentina a la Cancillería de este país.
A través de ese documento, Teherán propuso que los dos países aceptaran "que no existe ninguna acusación contra ciudadanos iraníes en relación con la causa AMIA" y que se revocaran los pedidos de captura, iniciativa a la que los fiscales consideraron inadmisible.
