Las modificaciones que el Poder Legislativo de Perú podría incorporar al proyecto de ley que establece un nuevo marco regulatorio para las organizaciones no gubernamentales (ONG) sólo han puesto un compás de espera, en medio de un clima de desconfianza y cautela.
La decisión de intervenir estatalmente a las ONG es la punta de un iceberg de un conjunto de decisiones y anuncios formulados por el presidente Alan García—socialdemócrata de 56 años que ya ha cumplido más de 100 días de su segundo periodo de gobierno— que sacudieron el ambiente político y desataron más de una controversia.
Plantear, como ha hecho García, la pena de muerte para los violadores de niños logró concitar simpatías en un país en que estos delitos son informados con lujo de detalles y en horario estelar en los noticieros nacionales.
Pero pedir esta máxima sanción para los terroristas, advirtiendo que desconocería acuerdos y tribunales internacionales para lograrlo, coloca a García en un curso diferente al de sus promesas electorales y va encauzando una nueva correlación política de la que no son ajenos el sector del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), la derecha y el empresariado.
El analista político Alberto Adrianzén, asesor del recientemente fallecido ex presidente Valentín Paniagua, señala que decisiones como las de intervenir las ONG, proponer la pena de muerte y amenazar con violentar acuerdos internacionales de derechos humanos, muestran una escalada de endurecimiento del régimen que va marcando así su perfil autoritario.
El jueves 27 de octubre, el Congreso aprobó, en primera votación, el proyecto de ley 25/2006-PE que modifica la norma que creó la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y establece nuevos mecanismos de control y fiscalización para las ONG que operan en Perú.
La iniciativa establece que las ONG —así utilicen fondos privados o estatales— se registren en la estatal APCI y que sus planes de trabajo estén priorizados de acuerdo a los lineamientos de desarrollo que proponga el Estado, entre otros cambios.
Tras una serie de encuentros de los representantes de las organizaciones afectadas con el primer ministro Jorge del Castillo y la presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas, ambos del partido gobernante APRA, se acordaron algunas modificaciones puntuales a la ley que luego de una segunda votación parlamentaria sería promulgada y remitida al presidente de la República, quien tiene la facultad de observarla.
La controversia, sin embargo, no cesa. La «priorización» de planes de trabajo se sustituyó por «armonización», algunas de las disposiciones no tienen carácter compulsivo y el ámbito de acción de la norma se está recortando a las ONG que trabajen en el campo del desarrollo.
El parlamentario y en algún momento abogado defensor del fugado ex presidente Fujimori, Rolando Sousa, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en la que se tomó la iniciativa de poner en debate la ley, señaló esta semana que las organizaciones de derechos humanos y las que defienden la libertad de prensa no se encuentran comprendidas como ONG de desarrollo y por lo tanto no serían afectadas por la ley.
Inmediatamente fue retrucado por Luis Sirumbal, presidente de la Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo, quien dijo que los derechos humanos y la libertad de prensa sí están comprendidos en el ámbito del desarrollo.
La reacción de las organizaciones afectadas tuvo un gran impacto, en parte porque se plegó a la protesta el Consejo de la Prensa Peruana, entidad en la que se agrupan los propietarios de los medios de comunicación. Las ONG y medios reclamaron por los recortes a un conjunto de libertades, entre ellas la de expresión, existentes en la norma.
«Nos encontramos, en términos globales, ante una de las principales batallas que está dando la sociedad civil en su lucha por fiscalizar la política», señaló Adrianzén a IPS.
George Vickers, presidente del no gubernamental Open Society Policy Center, con sede en Washington y vinculado a la Fundación Soros, dijo el lunes en Lima que la pretendida ley puede compararse a una medida similar aplicada en la Rusia del presidente Vladimir Putin, y a un proyecto en estudio aún en Venezuela, que buscan impedir la participación de la sociedad civil en esos países.
Hans Landlot, director del Instituto de Defensa Legal, ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos, señala que la norma que se discute en Perú es aún más dura que la que se aplica en Rusia y se pretende imponer en Venezuela.
En el plano internacional, instituciones como Human Rights Watch han señalado que la norma representaría «un retroceso muy serio para la democracia peruana». «Las restricciones creadas por la legislación —aprobada en primera votación—, contradicen flagrantemente las obligaciones internacionales de Perú de proteger los derechos de libertad de asociación, asamblea y expresión», enfatizan.
¿A qué obedece?
Se ha especulado mucho sobre las razones que explican esta «escalada» del gobierno, como la denominan algunos, o este comportamiento «contradictorio y errático», como señalan otros.
Para Adrianzén, es una reacción defensiva de un Estado con un poder disminuido por los poderes fácticos, que, frente a una sociedad civil distinta que tiene más demandas, que pide aumenten sus derechos y su participación, sólo encuentra una respuesta en el bloqueo.
El analista encuentra además que no se tiene en mente el control de las ONG, «sino golpearlas para desprestigiarlas, así como se ha venido desarrollando campañas contra instituciones como la Defensoría, la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), las organizaciones de derechos humanos, etcétera».
Antero Flores Araoz, ex presidente del parlamento durante el régimen de Alejandro Toledo (2001-2006), de filiación socialcristiana y autor de la iniciativa en el Congreso, señaló que «no hay ninguna concertación de intereses contra las ONG. Eso es lo que algunas de ellas están tratando de hacer creer. De lo que se trata es de complementar y perfeccionar la legislación que existe desde 1991 para la fiscalización de las ONG, que no pueden ser islas fuera del control del Estado»
«No existe una sola línea que atente contra el derecho de asociación, de contratación ni nada que se le parezca. Han hecho un griterío absurdo, probablemente para que continúe la falta de transparencia de algunas ONG en cuanto a las remuneraciones y otros beneficios de sus funcionarios», aseguró.
Algunos medios de comunicación locales desarrollan hace semanas campañas en las que la idea central es poner reflectores sobre los sueldos que se cobran en las ONG y establecer los parentescos y vinculaciones de algunos de sus representantes, como signos de corrupción.
LAS MINERAS Y LOS FUJIMORISTAS
Se ha especulado mucho sobre la presión de las empresas mineras y petroleras que operan en el país y que en más de una ocasión han tenido problemas con las poblaciones vecinas a sus campos de operaciones. En estos casos, los interlocutores elegidos para negociar las soluciones siempre provinieron de organizaciones locales vinculadas a temas ambientales o de desarrollo.
El caso más reciente fue el de la comunidad ashuar, indígenas amazónicos ubicados en la frontera peruano-ecuatoriana que mantuvieron tomadas las instalaciones de la empresa petrolera argentina Pluspetrol desde el 10 de octubre y durante aproximadamente una semana, por problemas de contaminación del río Corrientes.
La estatal Defensoría del Pueblo atendió el alerta de ONG ambientalistas, asumió la defensa de los nativos, comprobó los altos niveles de contaminación y de sus efectos en la población y, luego de un «pulseo» con el Poder Ejecutivo, hizo posible una solución negociada, frente a quienes demandaban mano dura para garantizar la inversión.
Flores Araoz niega que la movida parlamentaria contra las ONG obedezca a presiones de los empresarios mineros. «No existe ni ha existido ninguna presión de empresario alguno. Si bien hay algunas ONG que han creado problemas de enfrentamientos entre poblaciones al interior del país, el proyecto de ley nada tiene que ver con ello, pues con la legislación actualmente existente se les puede poner freno si actúan contra el país», dijo a IPS.
Otro grupo parlamentario que alentó la discusión de la ley fue el fujimorista, que tuvo directa injerencia en la redacción del texto. Analistas atribuyen esta participación a un «ajuste de cuentas» con las ONG de derechos humanos, principales denunciantes de los crímenes por los que se acusa a Fujimori, preso en Chile a la espera se dilucide un pedido de extradición de la justicia peruana.
Mientras Adrianzén sostiene que existió una alianza de partidos y empresarios mineros alrededor de este proyecto de ley, producto de una coincidencia de intereses —»todos ganaban, el APRA, Unidad Nacional, los mineros, los fujimoristas», señala—, para Flores Araoz todo fue producto de una coincidencia.
«Por el amor de Dios, no hay ninguna alianza de partidos. Esta es una ley que se aprobó en el parlamento anterior, y estando pendiente de promulgación por el gobierno anterior de Alejandro Toledo, el actual presidente la observó por temas absolutamente secundarios, motivo por lo cual nuevamente el Congreso se ha tenido que pronunciar», indicó.
LA LEY Y LOS CAMBIOS
En Perú hay 2.100 ONG registradas formalmente, de ellas unas 900 funcionan y sólo un tercio recibe algún tipo de beneficio estatal, es decir el retorno de los impuestos a las ventas. Esta información proporcionada por la independiente Asociación Nacional de Centros, representativa de las ONG que trabajan en el campo del desarrollo, señala asimismo que en su padrón general cuenta con sólo 75 organizaciones inscritas. Las ONG manejaron entre 2004 y 2005 unos 500 millones de dólares provenientes de la cooperación internacional.
Se espera que el pleno del Congreso apruebe esta semana los cambios que se han ofrecido: las ONG que tendrán que registrarse serán las que trabajen en el campo del desarrollo, las instituciones que perciban fondos privados no están obligadas a nada, y la armonización de sus políticas a las del Estado no tendría carácter compulsivo.
Sin embargo y aun si los cambios se producen, el clima de desconfianza tiene para largo porque la pregunta es: ¿y quién será el próximo?
* La autora es periodista peruana. Ha dirigido tres medios de comunicación en su país y en 1998 recibió el premio Coraje en Periodismo que otorga la International Women Media Foundation. Actualmente es consultora en comunicaciones para la región andina.
