El cabo James Omedio y el soldado Abdullah Muhammad fueron ejecutados en 2003 en Uganda por haber asesinado al sacerdote católico irlandés Declan O'Toole, a su chofer Patrick Longoli y a su cocinero, Fidel Longole. La condena fue dictada por una corte marcial tras un juicio de dos horas y 36 minutos.
El asunto fue muy cuestionado en su momento por la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y por la comunidad internacional.
Un informe elaborado este año por el Ministerio de Defensa de Uganda muestra que en el trienio la situación no cambió nada. El ejército sigue ejecutando a soldados que violan los derechos civiles y utilizan esas ejecuciones sumarias como forma de eliminar los registros de abusos.
Para los militares, esa medida drástica es necesaria para controlar los delitos perpetrados por sus efectivos.
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El "Informe del avance de las acciones contra las violaciones a los derechos humanos de la Fuerza de Defensa del Pueblo de Uganda en el norte del país: 2003-2005" indicaba que el ejército ejecutó a 26 soldados en la región en ese periodo estudiado.
Las ejecuciones, ya sea en el paredón de fusilamientos o en la horca, se practican desde 1986 en esa región asolada por la guerra entre las tropas del gobierno y los rebeldes del Ejército de Resistencia del Señor (LRA), del líder Joseph Kony. En enero de ese año asumió Yoweri Museveni como presidente de Uganda.
Alrededor de 20.000 soldados están apostados en esa zona para proteger a los ciudadanos confinados en campamentos debido a los ataques rebeldes.
La ministra de Defensa, Ruth Nankabirwa, señaló que el ejército seguirá ejecutando soldados que violen los derechos de otros ciudadanos, porque así está previsto por ley, pero añadió que de hecho sucede muy rara vez.
Según el informe del Ministerio de Defensa, 11 soldados fueron ejecutados en 2003, siete en 2004 y ocho en 2005.
Hasta donde se sabe no hubo ejecuciones este año.
Pero otro informe de la no gubernamental Fundación para una Iniciativa de Derechos Humanos, con sede en Kampala, señala que "varias" condenas a muerte fueron dictadas por los tribunales miliares y unas pocas más por los civiles, en la primera mitad del año.
El documento titulado "Privación del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas en Uganda, enero-junio 2006", publicado a comienzos de este mes, recomienda revisar los procedimientos militares, en un intento por racionalizar los poderes de los tribunales militares respecto de los civiles.
El informe también expresa preocupación por el hecho de que el Código Penal no cubre a los infractores del servicio militar y también por que la justicia castrense esté separada de la civil.
"Esa separación permite en parte que se cometan abusos a los derechos humanos, en concreto, al sortearse los procesos de apelación", dice el informe.
Pero la ministra de Defensa no se excusa por ello.
La ejecución de soldados indisciplinados sirve de ejemplo para disuadir a otros de cometer abusos. "Eso mantiene elevados los estándares de disciplina en el ejército", declaró Nankabirwa.
La normativa que rige a la Fuerza de Defensa del Pueblo de Uganda de 2005 regula el comportamiento del ejército de acuerdo con la Constitución aprobada en 1995.
En la sección "Código de Conducta" se describe el propósito de la orientación y de la inculcación de disciplina en el seno de las fuerzas armadas. Los castigos para quienes violen las normas llegan hasta la pena de muerte,
Los soldados son juzgados por varios tribunales militares y comités de disciplina. La normativa también incluye disposiciones para las apelaciones ante el tribunal de apelaciones de la corte marcial.
Los tribunales castrenses tienen jurisdicción sin límites para juzgar a todas las personas sujetas a la ley militar.
Pero aunque el tribunal constitucional estableció que las cortes militares están subordinadas a todos los civiles, aquellos se consideran independientes de éstos, a menos que cambie la normativa.
Por lo tanto, los efectivos militares sólo pueden apelar a los tribunales militares y no a los civiles, si la sentencia fue primero dictada en ese ámbito.
"Gracias a ello, la situación de respeto de los derechos humanos dentro del ejército alcanzó niveles muy altos. En la Fuerza de Defensa del Pueblo de Uganda, estos tribunales contribuyeron en gran medida a asistir a la institución en la mejora y mayor eficiencia" a este respecto, sostiene el informe militar.
Las fuerzas armadas, una formación del movimiento guerrillero Ejército de Resistencia Nacional fundado por el presidente en la década del 80, se ganó, de hecho, buena reputación por su disciplina y profesionalismo, por encima de la de regímenes anteriores.
Desde la independencia en 1962, los ejércitos quedaron asociados a actos crueles, torturas, asesinatos y otras violaciones de los derechos humanos. Soldados armados deambulaban en ese entonces por las calles de la capital robando, asesinando y violando a ciudadanos atemorizados.
"Sinceramente creo que las medidas disciplinarias en el ejército lo transformaron en una fuerza limpia en comparación con cualquiera de los anteriores. Recuerdo que cuando era más joven, el simple hecho de ver un soldado infundía temor por miedo a ser lastimado", dijo a IPS Henry Nsubuga, un empleado bancario de Kampala.
El portavoz del ejército, el mayor Felix Kulayigye, dijo a IPS que las Fuerzas de Defensa seguirán utilizando la pena de muerte, por su historia y como elemento de disuasión, para no volver a caer en los abusos del pasado.
Por tanto, los presos civiles pueden apelar sus sentencias, pero los militares no tienen esa posibilidad.
El tribunal constitucional revocó en 2005 la imposición de condenas a muerte obligatorias en casos de civiles, pero rechazó la apelación de más de 400 sentenciados a ese castigo extremo para derogarlo totalmente.
La pena capital está vigente en este país, pero incluso la ministra de Defensa admite que el movimiento abolicionista es fuerte.
"Estamos atentos al debate. Si Uganda decide que debemos eliminar la pena de muerte totalmente, entonces tendremos que enmendar la ley", señaló Nankabirwa.
