La ambigüedad mostrada por miembros clave del gobierno de Marruecos respecto de la pena de muerte envalentonó al Ministerio del Interior para tomar medidas enérgicas contra manifestaciones a favor de su abolición, pero activistas siguen optimistas en lograr ese fin.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos en este país señalan que, aunque sus sueños de eliminar la pena capital por ahora quedarán en suspenso, están convencidas de que las actuaciones policiales, paradójicamente, favorecerán su lucha.
La Coalición contra la Pena de Muerte marroquí no obtuvo permiso para congregarse fuera del parlamento el 10 de octubre para conmemorar el día mundial contra ese castigo extremo. Las autoridades no dieron explicaciones acerca de la prohibición.
En respuesta a ello, Driss Ould El Kabla, miembro de la Asociación de Derechos Humanos marroquí (AMDH), dijo a IPS que se estaba preparando una demanda contra ese ministerio.
"La prohibición de la concentración será de mayor utilidad para los abolicionistas que si se la hubiera permitido", sostuvo.
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Si la justicia acepta la demanda, "todo el mundo oirá hablar del asunto por mucho tiempo". En cambio, si se hubiera permitido la protesta, la población se habría olvidado enseguida de ella, añadió.
Esa decisión clave asumida por el Ministerio del Interior se convierte ahora en una carta de presión para el gobierno marroquí, apuntó.
Bouchra Khiari, diputado del opositor partido Frente de Fuerzas Democráticas, elaboró un proyecto para abolir la pena capital. Por ley, la iniciativa debe ser aprobada por el gobierno antes de pasar al parlamento.
Pero los abolicionistas creen tener suficiente respaldo si el proyecto pasa primero por los legisladores.
Por ahora el gobierno no decidió si va a habilitar el debate, dijo a IPS el ministro de Comunicación y portavoz del gobierno, Mohamed Nabil Benabdellah.
"No hay ninguna postura oficial a ese respecto. El proyecto no se ha estudiado aún", indicó.
Analistas del tema de derechos humanos creen que el asunto enfrenta al Ministerio de Justicia, contrario a la pena máxima, contra el de Interior, que se manifiesta a favor de mantenerla.
La falta de una postura oficial común sobre el asunto fue lo que probablemente motivó la prohibición de la protesta, explicó a IPS Michel Taube, presidente de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte.
La ambigüedad del gobierno propicia "fáciles errores policiales y muchos descuidos en materia de seguridad", apuntó.
Desde la llegada al trono del rey Mohamed VI, en 1999, Marruecos vive un periodo de transición. Se introdujeron muchas reformas relativas a los derechos humanos, pero también se enfrentaron a duras resistencias.
"A pesar de las últimas reformas y del desarrollo impulsado por el rey Mohamed VI, queda mucho camino por recorrer" hasta llegar a la abolición de la pena de muerte, afirmó Taube.
El proceso de transición hacia la democracia y mejora de la situación de los derechos fundamentales conlleva "una alternancia de aceleración y freno, influenciada por la actualidad y por algunas corrientes opositoras del entorno del monarca", añadió.
Los responsables de la seguridad se negaron a ser entrevistados por IPS. "Dadas las circunstancias actuales, el pedido para concederle una entrevista simplemente será ignorado", afirmó un funcionario que pidió reserva sobre su identidad.
La resistencia a la abolición de la pena de muerte procede principalmente de un puñado de poderosos funcionarios de seguridad, en especial de "aquellos responsables de violaciones a los derechos humanos en los años de opresión", aseguró Ould El Kabla.
En Marruecos fue constante la violación de los derechos humanos desde su independencia en 1956 hasta la década del 90.
Luego el rey fundó la Comisión de Equidad y Reconciliación para enmendar la situación con las víctimas de ese periodo, comúnmente conocido como los "años de plomo".
Pero altos funcionarios de seguridad de entonces siguen detentando cargos de poder en el ámbito de la toma de decisiones.
La Comisión recomendó derogar la pena capital en su informe final del año pasado.
La resistencia de los funcionarios comprometidos con la abolición es fuerte, pero hubo algunos signos alentadores que mantienen altas las esperanzas de los defensores de derechos humanos.
El Rey no firmó ningún decretó de ejecución desde su llegada al trono, remarcó Taube.
Además, el ministro de Justicia, Mohamed Bouzoubaa, declaró en la 61 sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en marzo de 2005, estar a favor de abolir la pena de muerte.
Esa Comisión de la ONU fue reemplazada ese mismo mes por el Consejo de Derechos Humanos.
Pero la declaración del ministro Bouzoubaa fue más bien interpretada como una convicción personal más que como una postura oficial del gobierno y del monarca.
"La postura oficial no es clara aún, aunque muchos altos cargos están a favor", indicó Ould El Kabla.
Defensores de la pena de muerte entre los funcionarios de seguridad arguyen que ésta fue necesaria para sofocar dos atentados contra el Rey de principios de la década del 70.
Pero los abolicionistas refutan que, en primer lugar, una posible derogación disiparía el descontento.
"Eso permitiría que la monarquía reforzara su imagen de país democrático y consciente de los derechos humanos, que respeta a la sociedad", apuntó Taube.
"El respaldo político de la comunidad internacional a Marruecos se reforzaría, en especial las relaciones entre este país y la Unión Europea", añadió.
