Tras años de presiones cruzadas de organizaciones feministas y de la Iglesia Católica, el Congreso legislativo de Argentina aprobó este jueves el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw).
A partir de ahora, personas o grupos podrán denunciar al Estado argentino ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer cualquier infracción a la Convención en materia de segregación por razones de sexo en la política, el trabajo, la economía, la sociedad, la cultura o la esfera civil o penal, siempre y cuando se hayan agotado las instancias judiciales nacionales.
"Esto es muy importante porque el Protocolo garantiza mejor los derechos protegidos por la convención", explicó a IPS Soledad García Muñoz, responsable del Proyecto Cedaw-Argentina del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
"Argentina era el único país del Mercosur (también conformado por Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) y uno de los pocos en Sudamérica sin ratificar el Protocolo", aseguró García Muñoz, quien trabajó codo a codo con organizaciones de mujeres para vencer las resistencias que generaba este instrumento.
Con 116 votos a favor y 30 en contra, los diputados ratificaron el Protocolo. Dos semanas antes le habían dado media sanción los senadores. El trámite sigue ahora con la ratificación por parte del presidente, Néstor Kirchner y el depósito del documento ante la Secretaría General de las Naciones Unidas.
Las activistas están muy satisfechas, por ejemplo, la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, la asociación Mujeres en Igualdad, y Mujeres en Acción, que desde hace al menos siete años reclaman la ratificación.
Al ratificar el Protocolo, Argentina autoriza al Comité a enviar una delegación a investigar denuncias de violación "grave y sistemática" de los derechos protegidos, y una vez constatadas esas denuncias recomendar al Estado que adopte medidas correctivas.
La Convención sólo exigía la presentación de informes periódicos del Estado sobre la situación de la mujer. Las organizaciones de mujeres y feministas presentaban entonces "contrainformes" que exponían a menudo panoramas muy diferentes de la versión oficial.
La Cedaw, aprobada en 1979 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha sido ratificada por 185 países, Argentina incluida.
Pero sola, la Convención es "un tigre sin dientes", dicen las activistas, pues carece de fuerza procesal para investigar violaciones a los derechos de las mujeres.
De allí la importancia de que la comunidad internacional firmara en 1999 el Protocolo Facultativo, que hasta el momento fue ratificado por 83 países, sin contar Argentina.
En 2001 se envió por primera vez al parlamento el proyecto de ratificación, que ha dormido desde entonces por presiones de la cúpula de la influyente Iglesia Católica.
Los obispos sostienen que el Protocolo abre una vía a la despenalización del aborto, y muchos legisladores rechazaban la ratificación bajo ese argumento, admitiendo incluso que habían recibido cartas de prelados para que votaran en contra.
Los parlamentarios han alegado también que al habilitar visitas y recomendaciones del Comité se habilita una injerencia extranjera en asuntos internos y no una herramienta de cooperación en el cumplimiento de derechos asumidos. Las mujeres organizadas y los legisladores dispuestos a apoyar la ratificación rechazaron estos criterios. Antes de dar su voto afirmativo, la senadora Marita Perceval, de la opositora Unión Cívica Radical, consideró que el Protocolo "no crea derechos" sino que contribuye a proteger mejor los que ya por ley se salvaguardan.
"Hubo una fuerte campaña en base a mitos injustificados contra el Protocolo ( ), pero esperemos que los que se oponen terminen por comprender que estamos ante un tratado de derechos humanos positivo para las mujeres, pero también para toda la sociedad", remarcó la especialista García Muñoz.
De momento no existe mucha jurisprudencia en la labor del Comité. En relación a las denuncias que recibe, sólo una de las cuatro presentadas tuvo respuesta afirmativa. Fue un caso de violencia doméstica en Hungría. En otras dos (una de Alemania y otra de Turquía) el cuerpo consideró que no estaban agotadas las instancias internas, y en la cuarta, de Holanda, no halló infracciones a la Convención.
En cuanto a investigaciones sobre violaciones graves o sistemáticas de derechos, el Comité intervino en México en el caso de los múltiples asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, y realizó una serie de recomendaciones al Estado azteca, que había ratificado el Protocolo Facultativo.
En Argentina, con tradición de denuncias ante tribunales internacionales por asuntos de derechos humanos, la cuestión que podría convocar al Comité es la creciente trata de personas, en especial de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, anticipó García Muñoz.
