El derecho de los emigrantes a enviar dinero a sus familias en los países de origen es resguardado y garantizado y ningún Estado podrá echarle mano como asistencia externa al desarrollo, según el texto que firman este sábado los gobernantes de Iberoamérica.
Las remesas de los emigrantes a sus familias en los países de origen sumaron 125.800 millones de dólares en el mundo en 2004 y siguieron en notable crecimiento, según el último informe del Banco Mundial, que ubica a América Latina y el Caribe como la principal región receptora de esos fondos, con 48.300 millones de dólares en 2005.
El artículo 12 del Compromiso de Montevideo, que adoptaron los gobiernos de los 22 países en la XVI Cumbre Iberoamericana, establece que esos fondos "no deben ser catalogados como ayuda oficial al desarrollo, puesto que son flujos financieros privados, de solidaridad familiar, y responden al derecho de todo ser humano a asistir al sustento y bienestar de otras personas".
"Este derecho debe ser reconocido y salvaguardado, al igual que el derecho de los destinatarios a recibirlos", reafirma el documento aprobado el viernes por los cancilleres, quienes también definieron otros documentos base de esta cumbre de Montevideo, que tiene como centro la problemática de las migraciones.
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La temática cobra especial importancia, puesto que este bloque nacido en 1991 es integrado por España, el segundo destino preferido por los emigrantes latinoamericanos después de Estados Unidos y de donde salieron 4.850 millones de dólares en concepto de remesas el año pasado, según el Banco Central de ese país.
También los gobiernos iberoamericanos se comprometerán en la capital uruguaya a "abstenerse de promulgar disposiciones legislativas o adoptar medidas administrativas coercitivas, que puedan obrar en detrimento del derecho" de los emigrantes a asistir con dinero a sus familias en el terruño.
A Marruecos, primero en la lista de destino de remesas de extranjeros radicados en suelo español, le sigue Ecuador, uno de los países latinoamericanos más dependientes de este dinero, que sumó el año pasado en total la cifra récord de 2.266,6 millones de dólares, casi 40 por ciento de los cuales llegó precisamente de España.
Pero el mayor receptor mundial de dinero de sus emigrados es México, con casi 22.000 millones de dólares al año, según la escala del Banco Mundial, que ubica a Colombia en el noveno lugar, con 3.800 millones de dólares, y a Brasil en el escalón 11 con 3.500 millones de dólares.
Otro gran receptor de dinero de emigrantes es República Dominicana, con 2.700 millones de dólares el año pasado, 59 por ciento de los cuales fueron enviados desde Estados Unidos y 30 por ciento desde España. Estudios indican que 38 por ciento de los habitantes de ese país son asistidos por familiares residentes en el exterior.
El Banco Central de Reserva (central) de El Salvador informó, a su vez, que las remesas recibidas, en especial de Estados Unidos, sumaron 2.800 millones de dólares en 2005 y se estima que este año esa cifra trepará hasta los 3.300 millones.
Según el informe divulgado el 31 de octubre por el Banco Mundial, ese volumen de dinero representó 15 por ciento del producto interno bruto (PIB) salvadoreño, y las autoridades admiten que equivale a casi 80 por ciento del presupuesto nacional.
Esta entidad crediticia multilateral se detiene en América Central y el Caribe, por ser especialmente dependientes de estas remesas, como el caso de Haití, cuyos emigrados contribuyen con casi 53 por ciento del PIB, de Jamaica, que representa 17 por ciento, y Honduras, con 16 por ciento.
En menor medida, pero igualmente significativo es el aporte de los chilenos residentes fuera de fronteras. Las remesas recibidas alcanzaron el año pasado a 1.700 millones de dólares, que equivalen a 1,5 por ciento de su PIB.
Uruguay es otro país favorecido por el dinero de sus 440.000 emigrados, casi 14 por ciento de su población dentro de fronteras. En 2005 se llegó a 106 millones de dólares, casi uno por ciento del PIB, y sigue en alza, según indicó a IPS el director de Asuntos Consulares, Álvaro Portillo.
Pero todo este dinero, a juicio del Banco Mundial, no sirve para abatir la pobreza ni ayuda al desarrollo, como pregonaba en 2001 el Banco Interamericano de Desarrollo y sostenían expertos de la región.
Este análisis es compartido por Social Watch (Control Ciudadano), la red de organizaciones no gubernamentales, que en su informe en español 2006 presentado el 31 de octubre con motivo de esta XVI Cumbre Iberoamericana sostiene que el monto enviado por los inmigrantes latinoamericanos "se aproxima a lo que ganarían en sus países de origen" en caso de haberse quedado.
Los inmigrantes transfieren a sus familiares entre 10 y 20 por ciento de sus ingresos y "el resto lo dejan en los países industrializados donde viven y trabajan", advirtió el documento. Además del costo que significa para los países expulsores de nacionales perder en su gran mayoría a los más jóvenes y, en particular en el sur de América, a los más calificados.
"Las remesas pueden aliviar la pobreza temporalmente, pero deberían entenderse como complemento y no como un sustituto de políticas de Estado que fomentan la producción, el empleo y el crecimiento económico y que combaten la exclusión y la inequidad", añadió Social Watch, en argumento similar al contenido en la resolución de la Cumbre.
Social Watch sostuvo que "en su mayoría, estas remesas de emigrantes son usadas por los familiares para cubrir gastos básicos", ya que "casi 70 por ciento de ellas son destinadas a alimentos, alquileres de vivienda, vestimenta y atención de salud y apenas cinco por ciento son para uso productivo".
Por eso esta red de la sociedad civil va más allá y sugiere seguir el ejemplo de México con la Iniciativa Ciudadana 3 x 1, "un mecanismo de cofinanciación donde cada dólar aportado por asociaciones de emigrantes a proyectos de desarrollo es complementado por otro dólar de cada uno de los niveles de gobierno (federal, estatal y municipal)".
Los gobernantes iberoamericanos se hicieron eco esta vez de esa demanda, al anotar en su Compromiso de Montevideo que procurarán "incentivar oportunidades que motiven el mejor aprovechamiento" de los flujos de remesas "en actividades productivas y de inversión que favorezcan a las familias en las comunidades de origen de los migrantes".
La Cumbre también atacó el costo de las remesas, un asunto recurrente desde hace años, pero que hasta ahora ningún gobierno había abordado, para provecho de las entidades financieras privadas de transferencia de fondos. "Las comisiones hoy fluctúan entre cinco y siete por ciento", según Portillo.
"Debemos facilitar el envío de remesas, reduciendo su costo, garantizando el acceso a los servicios bancarios", señalan la resolución de Montevideo.
El gobierno uruguayo es uno de los que anunció una política al respecto. Portillo informó que "ya se ha acordado con el Banco de la República (principal banco estatal) un sistema de envío de remesas para bajar significativamente los altos costos que aplican las pocas empresas trasnacionales que hacen hoy estas transferencias, muchas de las cuales no superan los 300 dólares por vez".
En esa misma dirección parece caminar España, cuyo gobierno se propone movilizar el sistema financiero nacional para dinamizar y abaratar las remesas evitando los intermediarios privados.
Todos pasos que, según el secretario general de Iberoamérica, Enrique Iglesias, deberán ser "acciones concretas" que surjan de la Cumbre de Montevideo, para que estos encuentros no sean meras reuniones sociales de mandatarios.
