La peruana Isabel Limancca se expresa mejor en quechua, pero domina el español lo suficientemente bien como para desafiar al Estado desde este sureño poblado andino.
En 2004 se instaló en Lima la Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del Seguimiento de las Acciones Políticas del Estado en los Ámbitos de la Paz, la Reparación Colectiva y la Reconciliación Nacional.
Pero ningún funcionario de esta dependencia estatal de pomposa denominación ha llegado para abrir una oficina y atender a las víctimas en San José de Secce, capital del municipio de Santillana, provincia de Huanta, en la región de Ayacucho, una de las zonas más afectadas por la guerra.
Con la contribución de sus asociados, Limancca ha conseguido enviar a la Comisión una primera lista de 303 casos de personas afectadas. "Y seguiremos mandando más nombres de víctimas hasta que nos hagan caso", dice.
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El presidente de la Comisión, Julio Aliaga, admitió a IPS que la entidad nunca llegó a Santillana, si bien su trabajo consiste en fiscalizar el cumplimiento del Plan de Reparaciones.
Hacemos "talleres con los gobiernos regionales para determinar las prioridades de las reparaciones colectivas, especialmente en las poblaciones donde ha habido un alto número de víctimas". Por ejemplo, las comunidades del distrito de Santillana.
Aliaga menciona un presupuesto de 15 millones de soles (4,6 millones de dólares) para reparaciones colectivas, pero no sabe todavía cuándo empezará la distribución de los fondos ni a qué comunidades beneficiará. "Lo vamos a hacer según la lista de víctimas que nos proporcione la Comisión de Reparaciones", instalada en octubre.
Seis años después de terminado el conflicto (1980-2000) entre las guerrillas del maoísta Sendero Luminoso, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, el ejército y las autodefensas paramilitares, queda un largo camino para que las víctimas reciban algo.
Limancca, de 44 años, no sólo reclama la atención del Estado. También pelea contra la indiferencia de sus vecinos que prefieren olvidar. Va de casa en casa en poblados aislados de los Andes en busca de nuevos casos.
"Olvidarnos de nuestros familiares es ocultarle a nuestros hijos lo que pasó en nuestro pueblo. No es justo. Ellos tienen derecho a saber por qué desaparecieron, por qué los mataron", dice a IPS. "Yo ya le conté todo a mi hijo. Ahora falta encontrar el cuerpo de mi esposo".
El 17 de febrero de 1985, una columna de 150 guerrilleros de Sendero Luminoso irrumpió en la comunidad campesina de Marccaraccay, parte del distrito de Santillana. Los pobladores se pasaron la voz.
La noticia llegó a la casa del gobernador, Emiliano Cavalcanti, quien dijo a su esposa entonces embarazada, Isabel Limancca que él se adelantaría para saber qué camino seguir para escapar. Pero los senderistas lo interceptaron.
"Nunca encontré su cadáver", relata Limancca. "La gente me ha dicho que se lo llevaron a las alturas, lo ataron a un árbol, lo torturaron a cuchillazos y lo mataron. Pero nadie sabe dónde llevaron su cuerpo".
El Estado ha previsto una serie de beneficios para los familiares: becas de estudio en escuelas y universidades, empleos temporales, asistencia médica y psicológica. Pero para tener acceso a ellos, hay que acreditar la desaparición o muerte de un familiar. Como Limancca, miles de peruanos no pueden cumplir con ese requisito legal.
En busca de subsanar el obstáculo, la Defensoría del Pueblo otorga un Certificado de Ausencia por Desaparición Forzada. Pero de los 8.558 casos de desaparición registrados, hasta el momento sólo ha conseguido expedir 217 documentos.
El trámite es largo y costoso, puede incluir desplazarse hasta la capital de las regiones, y en la mayoría de casos a Lima.
De los poco más de 200 certificados, sólo 55 corresponden a Ayacucho, donde habitaban casi tres cuartas partes de los desaparecidos.
"Acreditar la desaparición de uno o varios familiares es uno de los dramas más penosos que afronta la Defensoría. Así como muchas personas, por temor o desconocimiento, no registraron el asesinato de alguno de sus familiares, tampoco denunciaron las desapariciones", explica a IPS Eduardo Vega, defensor adjunto para Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.
"Las leyes son muy severas" con requisitos a veces imposibles de cumplir, señala. "Para empezar, hay que darle mucho valor a la palabra de las víctimas y a los familiares para acreditar que una persona existió. Hemos tratado de flexibilizar un poco los requisitos ( ) Debemos partir de que la presunción debe ser a favor de la víctima".
Magdalena Figueroa relata a IPS que su hijo Feliciano Guerra escapó de San José de Secce con su esposo, Alcides Bermudo López, y sus tres hijos menores (Reiser, de cuatro años, Nora de tres, y Hermógenes, de tres meses) rumbo a Pichari, en la selva de Ayacucho.
"Los senderistas los secuestraron junto a otras 35 personas a las que acusaban de 'yana umas' (cabezas negras, miembros de las autodefensas), y cuando se los estaban llevando a un campamento, el ejército los interceptó y mató a todos creyendo que eran del mismo grupo. Nunca encontramos sus cadáveres. Nada sabemos de ellos", dice entre lágrimas Figueroa, de 66 años.
Estamos en la plaza principal y todos se pasan la voz de que ha llegado la prensa. Todos quieren narrar a IPS sus historias, todos quieren saber qué hacer para recibir la prometida reparación, todos abrigan aún esperanza de encontrar restos.
Feliciana Quispe, de 52 años, cuenta en quechua que el 6 de septiembre de 1987 más de 100 senderistas se presentaron disfrazados de militares y llamaron a asamblea a la comunidad de Llahuas.
"Separaron a los que pertenecían a las 'rondas' (autodefensas) y entonces se quitaron los uniformes y gritaron: '¡Viva la lucha armada! ¡Muerte a los yana umas! Allí nomás les cortaron el cuello a todos. Mataron como a 15", narra con detalle.
"Vinieron otro día y mataron a las autoridades. En Llahuas mataron a mi tía, Antonia Morales, que me crió cuando era niña, y quedé huérfana. Los senderistas la mataron porque salió a defender a su hijo y a él también lo mataron. Me mataron a cinco familiares", dice.
"Ya no podíamos vivir allí porque se robaban nuestros animales, nuestros alimentos. Tuvimos que ir a vivir a las alturas. También mataron a Saturnino Haurcaya, a Paulino Limaquispe, a Víctor Potosino, a Teodosio Quispe Rimachi, a Gregorio Llantoy, a Víctor Lunasco ", recuerda vivamente Feliciana Quispe.
"Todos queremos que nos llegue la justicia".
El alcalde de Santillana, Luciano Velasque, dice que las heridas de la guerra difícilmente sanarán.
"De poco vale cualquier forma de compensación si continuamos postergados por los gobiernos de turno. Aquí la pobreza sigue igual o peor. El conflicto interno nos ha vuelto más pobres todavía", afirma. Los policías asesinaron a tres de sus tíos. "Por eso en la plaza siempre va a haber gente llorando. No habrá reconciliación si continúa la pobreza".
Carlos Falconí, trovador andino e integrante del famoso Trío Ayacucho, recorre por estos días las poblaciones más afectadas, enseñando a los niños a componer huaynos y yaravíes (ritmos tradicionales) para que canten sus tristezas.
"Es una manera de que se desahoguen, para saquen todo el dolor y pena que llevan dentro", explica.
"Estuve en Accomarca, donde Sendero Luminoso mató a más de sesenta porque se levantaron contra la lucha armada. Allí los niños sufren mucho. Se despiertan de noche, llorando, gritando. Aquí la guerra sigue", afirma.
Los niños se han aprendido uno de sus huaynos, "Viva la patria".
Es canto lo que canto Es llanto este mi llanto Cuando los ojos de los niños Se inundan de rencores ¿es llanto este mi llanto? ¿es canto este mi canto? Aunque me maten Sabré levantarme Aunque me cercenen los pies Sabré pararme".
Limancca me observa regresar por el camino que me trajo a San José de Secce y me dice: "No todos los días nos preguntan por nuestras familias asesinadas y desaparecidas. Llévese esta lista para que no se olvide".
