Las decisiones de las últimas semanas de la justicia colombiana refrendan denuncias de organizaciones de derechos humanos «sobre la incrustación del paramilitarismo en los poderes locales y regionales», dijo a IPS Carlos Rodríguez, subdirector de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).
La Corte Suprema de Justicia tiene pruebas de que varios legisladores del noroccidental departamento de Sucre, todos oficialistas, organizaron un escuadrón de la muerte y militaron en él, decidieron matanzas de campesinos que provocaron el desplazamiento forzado de miles de personas y falsearon, mediante violencia, los resultados electorales.
Los senadores Álvaro García Romero y Jairo Merlano, con orden de captura librada por la Corte y aún prófugos este jueves, y el parlamentario de la Cámara Baja Eric Morris, quien se entregó el martes, están acusados además de cobrar sobornos por cada contrato estatal concedido, que se repartían entre ellos y su banda paramilitar. La ex parlamentaria Muriel Benito-Revollo fue apresada el miércoles por la fiscalía, que previamente detuvo a cuatro legisladores departamentales de Sucre, por el mismo caso.
"Puede caer buena parte del establecimiento", "los juicios no pueden ser una fachada", "por una vez tenemos que pensar en el futuro y revelar toda la verdad", planteó la senadora oficialista Gina Parodi, quien había sido abucheada en la legislatura anterior cuando se aprobó el marco legal que facilita la desmovilización paramilitar, denominado Ley de Justicia y Paz y que ella criticó duramente.
En ese entonces, estos grupos de extrema derecha vinculados al narcotráfico y que han actuado junto al Estado en la guerra civil colombiana, influenciaban a 35 por ciento del parlamento, según ellos mismos decían.
La controvertida desmovilización cubrió, según cifras oficiales, a 41.000 combatientes.
Las bandas paramilitares fueron conformadas a partir de 1982 para combatir a guerrillas izquierdistas en armas desde 1964 y diezmar a su base de apoyo entre la población.
Pero pronto derivaron en instrumento para la usurpación violenta de tierras a campesinos y terminaron cometiendo 80 por ciento de los crímenes en la longeva guerra colombiana, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MNVCE) en Sucre sostiene en un informe al que tuvo acceso IPS que los desmovilizados que reciben un estipendio mensual estatal por reintegrarse a la vida civil actúan hoy en nuevas bandas llamadas "Águilas Negras" y "Nueva Generación".
Además, los jefes desmovilizados siguen coordinando "acciones de exterminio contra los campesinos y líderes sociales y defensores de derechos humanos en todas las regiones del país", afirma el documento del MNVCE.
Todos los implicados estarían "protegiendo la ruta del narcotráfico en Sucre, que en últimas es lo que generó el holocausto de esta región", se lee en el texto.
La Corte Suprema comienza además a vincular a estos grupos a la presión armada con fines electorales. El senador García Romero está acusado del asesinato de una maestra de escuela de 30 años que había oficiado como jueza electoral y estaba denunciando el fraude.
En 10 años como parlamentario, García Romero sólo tomó dos veces la palabra en el legislativo y únicamente para responder a las acusaciones de paramilitarismo del actual portavoz del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) en el Senado, Gustavo Petro.
Según la Corte, García Romero está acusado de "organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley" desde 1997 e incluso de planificar el asesinato a piedra y garrote de 20 campesinos en Macayepo, Sucre, en 2000.
García Romero y Morris pertenecen a Colombia Democrática, partido fundado por el presidente Álvaro Uribe y dirigido por su primo Mario, senador. Merlano milita en el Partido de la U, principal fuerza uribista.
"Nos aterra el silencio del presidente" sobre parlamentarios de su movimiento "que por la mañana aprueban una ley y por la tarde ordenan una matanza", dijo Petro el martes.
El silencio es "sorprendente y preocupante", pero "lo que se espera por parte del presidente es que actúe, dado que es su obligación promover la vigencia y el cumplimiento de los derechos humanos", dijo el jurista Rodríguez.
El subdirector de la CCJ —entidad con estatus consultivo ante la ONU— instó a la Corte Suprema a "llegar hasta el fondo, no sólo en el departamento de Sucre sino en todo el país".
Mientras la coalición oficialista, que ostenta 70 por ciento de los escaños del parlamento, llamaba en el breve debate del martes a esperar a que la justicia decidiera, el gobierno argumentaba que las revelaciones de las últimas semanas debían agradecerse al proceso de desmovilización de los paramilitares.
Pero las pruebas y testimonios que sirvieron de base a la decisión de la Corte están en poder de la fiscalía hace más de cinco años, como recordó el martes, a través de W Radio y desde el exilio, un testigo que fue guardaespaldas y chofer de los políticos acusados.
Lo nuevo fue el hallazgo en marzo de dos computadores incautados durante un allanamiento a un paramilitar al servicio de "Jorge 40", jefe hoy oficialmente desmovilizado, cuyo contenido refrenda y amplía lo que la fiscalía ya conocía.
También han contribuido las confesiones de Rafael García, ex jefe de informática del servicio de inteligencia civil (Departamento Administrativo de Seguridad, DAS), condenado en octubre a 18 años de prisión por "limpiar" los archivos de ese organismo de datos sobre narcotraficantes y paramilitares.
Rafael García denunció además un presunto fraude en la costa atlántica en las elecciones presidenciales de 2002. La Corte Suprema lo llamó el miércoles a indagatoria. El miércoles, el Ministerio Público (Procuraduría General) expidió pliego de cargos contra su entonces jefe y director del DAS, Jorge Noguera, por compartir información privilegiada con narcotraficantes y paramilitares.
En el mismo debate del martes, la senadora comunista Gloria Ramírez advirtió que el escándalo no es "un hecho fortuito", y recordó que, hasta no hace mucho tiempo, en el propio recinto parlamentario "se hablaba de zonas liberadas" para referirse a aquellas dominadas por el paramilitarismo.
Ramírez, sobreviviente de la Unión Patriótica, partido extinto tras el asesinato de al menos tres mil de sus miembros, apuntó que las listas de personas a asesinar "fueron suministradas por los organismos de inteligencia", según denuncia del ex funcionario García.
También mencionó que varios paramilitares actualmente envueltos en el escándalo de Sucre pertenecieron inicialmente a Convivir, una red de cooperativas de seguridad privada impulsadas por el actual mandatario cuando era gobernador del noroccidental departamento de Antioquia y durante el gobierno del presidente liberal Ernesto Samper (1994-1998), acusado de recibir financiación del narcotráfico en su campaña.
El portavoz del Partido Liberal en el Senado, Juan Fernando Cristo, advirtió del riesgo de que se consolide la "percepción" de que el colombiano es "un Estado mafioso", y urgió a los líderes desmovilizados a que "digan la verdad sobre la infiltración del paramilitarismo en el Estado y sus actividades con el narcotráfico".
La guerra en Sucre se recrudeció en 1996 con combates, asesinatos selectivos de civiles, matanzas indiscriminadas y secuestros. Cinco de sus municipios han llegado a más que duplicar la tasa nacional de homicidios, según la Vicepresidencia de la República. Los asesinados desde 1990 superan los cinco mil.
Los restos de estos muertos, muchos de los cuales aún figuran como desaparecidos, son hallados en fosas comunes cuya ubicación es señalada por familiares o vecinos y en algunos casos por ex paramilitares arrepentidos. La fiscalía ha desenterrado 193 cuerpos. Otros muchos fueron cercenados y arrojados al mar.
* Con aportes de Helda Martínez (Bogotá).
