«No sé por qué le estoy hablando. Mi vida estaba en paz. Mi vida estaba tranquila», pero ahora «volvieron otra vez las pesadillas, volvió el insomnio, que yo ya había superado. Yo ya tengo nueva identidad, tengo nueva vida, tengo nueva familia, me estoy exponiendo por hablar con usted».
Quien esto dijo, hace casi un año, a la periodista Maureén Maya, se identificó como un ex agente del B-2, servicio de Inteligencia del ejército, que actuó en la recuperación militar del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando había sido tomado por el entonces insurgente Movimiento 19 de Abril (M-19).
La publicitada conmemoración del vigésimo aniversario de la tragedia revolvió la memoria y la conciencia del ex agente, quien abordó a Maya, joven directora de la Fundación Cese el Fuego.
Maya es coautora, con el ex militante del M -19 y actual portavoz en el Senado del izquierdista Polo Democrático Alternativo, Gustavo Petro, del libro "Prohibido Olvidar – Dos miradas sobre la toma del Palacio de Justicia", que se lanzará este jueves en la capital colombiana. Los textos divergen hasta el punto que cada uno de ellos firma los capítulos de su autoría.
"¡Qué cese el fuego! ¡Es una orden!", clamaba hace 21 años, a través de Caracol Radio, Alfonso Reyes, el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuando los guerrilleros ya se reconocían derrotados por errores en el operativo iniciado tres horas antes y ante la casi inmediata reacción militar, que pronto copó el edificio en el marco norte de la Plaza de Bolívar, corazón político de Colombia.
"Por favor divúlguelo: ¡qué cese el fuego!", fue lo último que se le oyó decir, porque después la transmisión radial fue prohibida por la entonces ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, hoy embajadora en España, quien ordenó la transmisión en cadena de dos partidos seguidos de fútbol.
La primera orden del presidente Belisario Betancur (1982-1986) fue: "Restaurar el orden y por encima de todo evitar el derramamiento de sangre". Pero después, dejó al ejército la solución de la crisis.
La respuesta militar fue de fuego masivo e indiscriminado. Así, 25 horas después de la orden del jefe de la rama jurisdiccional, dada a las 14:00, hora local, del 6 de noviembre, la doble toma quedó inscrita en la historia colombiana como el "holocausto".
El 11 de ese mes, ante la Conferencia de Comandantes de los Ejércitos Americanos, realizada en Santiago de Chile, el entonces jefe del ejército de Colombia, general Rafael Samudio, expresó que "felizmente se pudieron salvar las instituciones y dar ejemplo al mundo de cómo se debe actuar en la lucha contra el terrorismo", recuerda el libro.
En la toma del Palacio perdieron la vida 11 de los más brillantes juristas de Colombia, y se dice que allí la Justicia misma murió. También murieron en esa operación 32 civiles, 33 guerrilleros y 11 efectivos de la fuerza pública. Maya da cuentas de otras 18 personas desaparecidas.
La toma había sido advertida por la prensa en octubre. La policía dispuso custodia para el edificio, pero la retiró horas antes del asalto, un hecho que sigue sin explicación.
El incendio fue provocado intencionalmente, concluyó un juez en 1989, y por la fuerza pública, según testimonios. El fuego devoró todo lo que había. Los documentos originales de los pedidos de extradición contra narcotraficantes reposaban en el Ministerio de Justicia.
El hombre del B-2 no ha querido volver a hablar. El día que se entrevistó con Maya estaba especialmente conmovido porque había tenido un encuentro con una familia de desplazados por la guerra, fenómeno que se disparó también a partir de 1985, y que suma hoy 3,8 millones de personas, según la Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
Relató que en 1989 fue seleccionado para integrar, con otros 25, "un comando especial", creado por "el gobierno" y entrenado "con profesionales extranjeros".
"Trabajamos cinco años en los que hicimos el trabajo sucio del Estado; todo lo peor, lo más terrible que pasó en el país durante esos años lo hicimos nosotros", incluyendo crímenes políticos, agregó.
En las grabaciones de televisión durante el ataque, el ex agente y ahora ex paramilitar es uno de los que aparece de civil, ametralladora en mano, entrando y saliendo del Palacio asediado, sacando a la gente con las manos en la nuca y conduciéndola unos 80 metros al otro lado de la calle, a la Casa del Florero.
A la Casa del Florero, lugar histórico porque allí estalló una revuelta contra la colonia española en 1810, llevaron también a los que trabajaban o estaban de paso en la cafetería del Palacio, 11 personas en total.
"Me acuerdo mucho del rostro de un joven", de un empleado de cafetería, y entonces Maya le pidió al ex B-2 que lo identificara en unas fotos que ella tenía consigo.
El hombre reaccionó agresivamente. "No quiero ver fotos, por favor, usted no sabe lo que ha sido esto para mí. Me acuerdo de ese muchacho, pero no, no quiero verlo", le espetó a la periodista.
Ella le preguntó por qué se acordaba tanto de esa persona. "Porque lo tuve enfrente. El muchacho tenía mucho miedo, lo vi en sus ojos y siempre supe que era inocente", fue la respuesta.
"Ellos fueron acusados de ser cómplices de la guerrilla, aunque sabíamos que muchos no lo eran, pero ya no se podía hacer nada porque habían sido torturados en la Escuela de Caballería, en la Brigada (13 del ejército) y en la Charry Solano (unidad de Inteligencia posteriormente disuelta por violaciones sistemáticas a los derechos humanos) y ya no se podía permitir que se fueran, sabían y habían visto cosas que no convenían", abundó el ex B-2.
Maya relató a IPS que el ex agente le contó las órdenes que recibieron. "A nosotros nos dijeron: nadie puede salir con vida del Palacio. No se puede parar de fumigar", era el término, contó. "Fumigar, fumigar y fumigar. (Que no quede) nadie".
"Ni siquiera sabemos dónde están los restos", dijo el martes a la prensa Jaime Beltrán, padre del mesero de la cafetería, que tiene igual nombre. Quizá el joven al que aludió el ex B-2, o quizá no.
"Llevaba un año trabajando ahí, para sostener a sus cuatro niñas y a su esposa", agregó Beltrán frente a la sede de la empresa de seguridad privada "Cóndor", propiedad del coronel en retiro Alfonso Plazas, quien siendo Comandante de la Escuela de Caballería dirigió la retoma del Palacio.
Fue la primera vez que los familiares de los desaparecidos del "holocausto" decidieron advertir a los vecinos sobre Plazas, como "responsable de crímenes de lesa humanidad". Para su "acción pública de censura", como la llamaron, se inspiraron en el modo de actuar de organizaciones defensoras de los derechos humanos de Argentina, dijo a IPS uno de ellos.
En la conmemoración de hace dos años, las familias y sus pocos acompañantes fueron dispersados de la Plaza de Bolívar con gases lacrimógenos. Esta vez la policía llegó pacíficamente con tres patrullas, y un suboficial comentó a IPS que Plazas es conocido en el medio porque no paga cumplidamente a sus empleados.
"Yo creo que el M-19 efectivamente acudió a Pablo Escobar", en esos días jefe del poderoso cartel Medellín y muerto por la policía en diciembre de 1993, para conseguir las armas necesarias para el asalto, dijo Maya a IPS. Es que se identificaban en un punto: el rechazo a la extradición de nacionales a Estados Unidos, apuntó.
Pero "la mafia los traiciona. Hace un pacto con el ejército y ambos deciden, ante esa oportunidad maravillosa, acabar con el M-19 y acabar con la Corte Suprema (de Justicia), que investigaba a los militares por violaciones a los derechos humanos y estaba aprobando el Tratado de Extradición", agregó.
Tres años después, el M-19 firmó la paz, logró una amnistía y una nueva Constitución, centrada en el Estado Social de Derecho que limitaba los poderes presidenciales, lo que quedó anulado con la reforma que permitió la reelección inmediata del derechista Álvaro Uribe, actualmente en cumplimiento de su segundo mandato.
El libro, de 462 páginas, registra que a partir del holocausto "se empezó a matar más fácilmente" en Colombia.
En 1985 ocurrió que "en nombre del éxito militar se sacrificaron las vidas de los funcionarios de la rama judicial y de otros civiles; que varios ciudadanos fueron torturados, asesinados y desaparecidos en batallones militares y que el gobierno encubrió este crimen", dice el texto.
Fue ese antecedente el que permitió el exterminio de la Unión Patriótica, un movimiento político propuesto por las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como mecanismo pluralista para integrarse a civilidad.
Se añade que coincide con el entonces diputado liberal Álvaro Uribe Rueda (no es familia del presidente), quien la semana siguiente al "holocausto" intentó un juicio de responsabilidades y advirtió que "es la fascistización de la vida colombiana lo que se anuncia en el horizonte".
Este mes, 21 años después, se espera un informe preliminar de la Comisión de la Verdad para los Hechos del Palacio de Justicia, elaborado por tres ex magistrados. Maya no se hace ilusiones: los autores han advertido que se trata de "un ejercicio literario", debido a que sólo ven como culpables a los guerrilleros amnistiados.
Pero la fiscalía colombiana va ya tras militares de alto rango. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya aceptó el caso de los 11 desaparecidos de la cafetería y de Irma Franco, una de las guerrilleras que salió viva del Palacio de Justicia.
