Las relaciones entre la dictadura militar de Birmania y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) volvieron a los malos términos por la renuencia del régimen a cooperar en la erradicación del trabajo forzado como le reclama la agencia multilateral.
El consejo de administración de la OIT declaró que los trabajadores, los empleadores y la mayoría de los gobiernos, los tres pilares del sistema de gobierno tripartito de la institución, expresaron gran frustración porque Rangún no pudo convenir un mecanismo para tramitar las quejas contra el trabajo forzado que se presentan en el país asiático.
Con recursos legales y presiones políticas, la OIT persigue desde hace 10 años a la junta militar birmana, apodada Consejo Estatal para la Paz y el Desarrollo, porque obliga a miles de ciudadanos, incluidos mujeres y niños, a ejecutar trabajos sin remuneración y en muchos casos extenuantes.
Por ese motivo, Birmania ha sido acusada de violar el Convenio 29 de la OIT sobre trabajo forzoso, que esa nación ratificó en 1955.
La Conferencia Internacional del Trabajo, el máximo organismo de la OIT, estableció en 1996 una comisión de encuestas, que dos años después confirmó en un informe las transgresiones "extendidas y sistemáticas" cometidas por la dictadura birmana.
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Desde entonces, el gobierno ha seguido una política oscilante, con cambios alternativos de su disponibilidad a negociar con la OIT, pero sin ceder en la cuestión de fondo sobre la erradicación del trabajo forzoso.
En junio, los delegados birmanos aceptaron la posibilidad de implantar un mecanismo para tramitar las quejas de ciudadanos sometidos a ese régimen de explotación laboral.
Como prueba de esa declarada voluntad, el gobierno dispuso al mes siguiente la liberación del conocido activista y abogado Aye Myint, y también dio por concluidos los procesos judiciales incoados en la población de la central Aunglan contra otras víctimas del trabajo forzoso que habían presentado quejas.
Pero la etapa de buenos términos concluyó abruptamente en octubre, cuando las autoridades rechazaron tres puntos planteados por una misión de la OIT que viajó a Rangún.
El gobierno objetó el libre acceso de la OIT a los ciudadanos que presentan quejas y también el carácter confidencial de esas audiencias. También se opuso a prolongar ese mecanismo por un periodo de 18 meses como demandaba la OIT y propuso en cambio sólo seis meses.
Por último, el régimen militar objetó la iniciativa de secundar al funcionario de enlace de la OIT en Birmania con otro agente para desempeñar tareas adicionales.
La reacción del consejo de administración de la OIT, adoptada este miércoles, fue severa. Las autoridades birmanas deberían "con carácter de máxima urgencia y de buena fe", concertar un acuerdo sobre el mecanismo para tramitar las quejas, dijo.
Aun más, el organismo admitió la posibilidad de que en su próxima reunión, en marzo de 2007, examine la presentación de un recurso ante la Corte Internacional de Justicia para que emita una opinión consultiva del caso originado en las violaciones atribuidas a Birmania.
El consejo de administración entendió igualmente que el director general de la OIT, el chileno Juan Somavia, podrá remitir a la fiscalía de la Corte Penal Internacional toda la documentación obrante en la agencia multilateral acerca del trabajo esclavo en Birmania.
Otro paso previsto por el consejo encomendaría a Somavia transmitir esos antecedentes al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para que los tome en cuenta cuando examine la situación en Birmania, una cuestión que ya figura en el programa oficial del máximo organismo de la ONU.
"Esto ya es demasiado", exclamó Roy Trotman, de Barbados, vicepresidente del consejo de administración de la OIT en representación de los trabajadores, cuando justificó el endurecimiento de las políticas contra el trabajo forzoso en Birmania.
Trotman urgió al consejo a emprender trabajos para adoptar nuevas acciones en caso de que fracasen en marzo próximo los pasos encomendados en la sesión del organismo que concluirá este viernes.
El sindicalista estimó que esos mecanismos "deben demostrar a Birmania la gravedad" con que la OIT encara estos hechos.
El vicepresidente del consejo en representación de los empleadores, Daniel Funes de Rioja, de Argentina, coincidió en que "no podemos esperar más". Los empleadores "somos conscientes de que hay que adoptar medidas que garanticen la credibilidad de esta institución", dijo.
Por parte de los gobiernos, los representantes de la Unión Europea (UE), Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda respaldaron la decisión del consejo de administración.
Matti Salmenperä, director del Ministerio de Trabajo de Finlandia, dijo en representación de la UE que las autoridades de Birmania una vez más no han mostrado disposición a comprometerse en una cooperación real.
Las objeciones a la libertad de movimiento y de contactos del funcionario de enlace de la OIT en Birmania y la negativa a aceptar el personal de apoyo suficiente "parecen ser nuevas excusas para no comprometerse seriamente en negociaciones" con la OIT, dijo Salmenperä.
A su vez, el subsecretario adjunto de asuntos internacionales del Departamento (ministerio) de Trabajo de Estados Unidos, James Carter, sostuvo que la práctica del trabajo esclavo continúa en Birmania, "en particular por parte de los militares, que lo hacen en impunidad", dijo.
Carter mencionó "nuevos y fidedignos" informes de militares birmanos imponiendo el trabajo forzoso en las aldeas del país para aplicar un plan nacional de cultivo del ricino. Esa iniciativa de la junta militar tiende a suplantar los combustibles minerales con el aceite de esas plantas.
El representante estadounidense recordó que la dirigente opositora Aung San Suu Kyi permanece en situación de detención domiciliaria, que la junta militar extendió en mayo pasado.
En cambio, representantes de otros países, en particular de la región asiática, exhortaron a fomentar la cooperación y el diálogo para superar las diferencias, como dijo el secretario de Trabajo de Filipinas, Arturo Brion.
Un delegado de Rusia adelantó que su país no acepta el carácter vinculante de una opinión consultiva que puede llegar a emitir la Corte Internacional de Justicia y afirmó que este tribunal carece de jurisdicción para entender en el caso de trabajo esclavo en Birmania.
Funes de Rioja apuntó que la cuestión de los abusos en Birmania no constituye un debate "entre amigos o enemigos" ni tampoco justifica el ejercicio de "solidaridades regionales ni de otra especie". La cuestión central es que la OIT ponga en marcha los mecanismos legales, afirmó.
