En tres años desde su puesta en marcha, el programa de salud sexual y reproductiva de Argentina pasó de 124.000 beneficiarios a 2,3 millones. Pero un seguimiento realizado por organizaciones no gubernamentales advirtió problemas en su implementación.
El Consorcio Nacional de Monitoreo en Derechos Reproductivos y Sexuales (Conders), un colectivo de 570 agrupaciones y personas abocado a revisar la operación del plan en el interior del país, indicó que la falla más frecuente es el desconocimiento del programa por parte de la población en general.
La supervisión fue realizada en 14 de las 23 provincias argentinas. En algunos de estos distritos, las autoridades provinciales y comunales han reforzado los insumos que envía el gobierno nacional, pero en otros no ha sido así.
En general, el plan funciona mejor en las capitales que en los hospitales y centros de salud del interior de las provincias.
Entre los problemas anotados aparecen denuncias de venta de dispositivos intrauterinos (DIU), que el Estado nacional envía para su colocación gratuita, así como el racionamiento de pastillas anticonceptivas o condones también gratuitos, lo cual obliga a las beneficiarias y beneficiarios a concurrir más seguido a los centros sanitarios.
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También se perciben carencias de capacitación de agentes sanitarios, que exigen requisitos innecesarios para otorgar los beneficios, y de servicios de consejería en salud reproductiva que exige la ley, discontinuidad en la provisión de algunos métodos y la ausencia casi total de anticonceptivos de emergencia garantizados por la norma.
Conders observa como un déficit que, sobre el total de beneficiados, 95 por ciento sean mujeres y que 21 por ciento de ellas sean menores de 20 años. Estos datos sugieren que el servicio carece de estrategias para llegar a los varones y en particular a los adolescentes de ambos sexos, que deberían ser blanco privilegiado del programa, sostienen los expertos.
"Nos preocupa que no se facilite la llegada de más adolescentes", dijo a IPS la doctora Mabel Bianco, directora de la Fundación para el Estudio y la Investigación de la Mujer (Feim), una de las organizaciones que integra el comité coordinador de la iniciativa Conders.
En Argentina, uno de cada seis nacimientos son de madres que tienen entre 15 y 19 años, según datos del informe 2005 del Fondo de Población de la Organización de las Naciones Unidas. Los especialistas entienden que este indicador es una muestra de la falta de educación sexual y del acceso a métodos anticonceptivos.
El Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que se puso en marcha en 2003, tiene como una de sus metas reducir este índice. Pero el Conders detectó que en algunas provincias se exige que los adolescentes que consultan por anticoncepción vayan con un adulto, una condición que no está en el proyecto.
El informe recogió datos según los cuales en algunos distritos las jóvenes se acercan a los servicios de salud sexual y reproductiva sólo después de ser madres. "Faltan servicios amigables para los adolescentes, en los que no deban esperar demasiado, o junto a mujeres embarazadas", explicó Bianco.
La experta, por otra parte, sostuvo que, para atraer a los hombres al plan, un paso fundamental fue quitar el tema de salud sexual y reproductiva del área de "maternidad e infancia" para colocarlo como parte de "atención primaria" de la salud. Pero ese cambio se concretó a nivel de entidades de carácter nacional, pero aún debe aplicarse en los centros dependientes de las provincias.
Difícilmente los varones se sumen a servicios de ginecología y obstetricia, explicó Bianco. Por eso, consideró clave el cambio de área. "Es importante implicar a los hombres, porque la anticoncepción también es su responsabilidad, pero el programa prevé además la prevención de enfermedades de transmisión sexual, el cáncer genito-mamario y el de próstata", recordó.
El informe de Conders tiene el apoyo del gobierno nacional centroizquierdista de Néstor Kirchner.
"El monitoreo es excelente", admitió a IPS Valeria Islas, coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación. "El plan tiene problemas en la implementación y procuramos mejorar a través de mayor capacitación y de una mejor distribución de métodos", reconoció.
Para la funcionaria, más que campañas de difusión se requiere un trabajo social específico que permita a potenciales beneficiarios "apropiarse de sus derechos" en materia de salud sexual y reproductiva. Este enfoque, mediante organizaciones comunitarias, "permitirá ampliar estrategias" de captación, sostuvo Islas.
Tras muchos años de resistencia de sectores conservadores vinculados a la Iglesia Católica, el programa fue puesto en marcha en 2003 una vez que se sancionó la ley de Salud Sexual y Reproductiva.
En sus fundamentos reivindica derechos sexuales y reproductivos y garantiza la libre elección de métodos anticonceptivos.
Sostiene, además, que es obligación del Estado informar sobre salud reproductiva, proveer de métodos anticonceptivos y brindar el servicio a adolescentes sin exigir el acompañamiento de adultos.
Desde entonces el número de personas bajo programa creció 18 veces, y el de promotores de salud abocados al servicio se multiplicó por 14. El ministerio asegura que entre 2003 y 2005 el total de mujeres que se colocaron DIU en entidades públicas pasó de 12.200 a casi 112.000.
Las que recibieron anticonceptivos orales pasaron de 63.000 a 1,3 millones, y las beneficiarias de métodos inyectables crecieron fuertemente también al pasar de 2.400 a cerca de 223.000. Finalmente, el programa pasó de entregar 31.150 condones en 2003 a más de 601.000 en 2005.
No obstante, Conders advirtió que hay resistencia del personal de salud hacia la demanda de anticonceptivos, reticencia a recomendar el DIU o la anticoncepción de emergencia, trato inadecuado a pacientes, largas esperas para conseguir turnos y atención enfocada en el modo de evitar el embarazo y no en otros temas de salud sexual.
También destacaron que en muchos casos la atención está "centrada en mujeres en edad fértil" y es "mala o poca" para adolescentes, mujeres de la tercera edad, varones y para las minorías étnicas y sexuales.
