La Cámara de Diputados de Argentina aprobó una iniciativa que declara la emergencia forestal en todo el país y establece una moratoria a la tala de bosques, pero los ecologistas advierten del riesgo de que se desvirtúe el espíritu del proyecto.
Tras varias postergaciones, los diputados avalaron el miércoles el proyecto en general aunque resolvieron postergar el tratamiento de cada artículo. En diálogo con IPS, el activista Hernán Giardini, de la organización Greenpeace Argentina, advirtió que en esa votación pormenorizada "está en riesgo el espíritu de la norma ya acordada".
La iniciativa, aprobada por 150 legisladores sobre un total de 176 presentes, establece el alto a los desmontes hasta que cada provincia tenga su propio plan de ordenamiento territorial. Pero diputados que impulsaron la norma aseguran que algunos gobiernos provinciales presionan para que la moratoria sea de adhesión voluntaria.
El proyecto de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Bosques Nativos —un patrimonio de 33 millones de hectáreas en todo el país—, apunta a frenar una pérdida estimada en al menos 250.000 hectáreas por año para favorecer el avance de la agricultura intensiva y la ganadería.
La aprobación había sido largamente reclamada por Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y la Fundación Vida Silvestre Argentina, entre otras entidades que desde hace años denuncian la grave pérdida de bosques en el noroeste y noreste del país y que participaron de la redacción del anteproyecto.
Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, explicó que la mayoría de los desmontes obedecen a la necesidad de extender la frontera agrícola o ganadera, y que nadie repara en que en algunos bosques sometidos a deforestación "viven familias con sus casas y sus escuelas".
Una vez sancionada la ley, "cualquier desmonte será ilegal, incluso los que se realizan con el supuesto amparo de las autoridades provinciales", advirtió. De allí la fuerte resistencia de gobernadores y legisladores de provincias norteñas.
Los críticos de la norma, representantes de las provincias de Salta y Misiones, quisieran que cada distrito adhiriera voluntariamente a la moratoria, pero los ambientalistas sostienen que ese tipo de cambios le quitaría sentido a la iniciativa.
Para que el proyecto sea transformado en ley, la iniciativa deberá pasar además por la cámara alta. "Es difícil, en el Senado el poder está repartido equitativamente entre las provincias, pero al menos tenemos tiempo para seguir presionando", dijo Giardini.
La iniciativa declara transitoriamente la emergencia forestal en todo el territorio y prohíbe los desmontes sin previa autorización de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Para que el organismo ceda el permiso, cada jurisdicción deberá presentar un plan de ordenamiento de su territorio.
El plan de cada provincia deberá establecer distintas categorías de bosques nativos de acuerdo a la superficie mínima requerida para ser hábitat de especies nativas, a su vinculación con otras comunidades naturales, su estado de conservación, si alberga o no especies raras o en extinción, su potencial agrícola o forestal, etcétera.
Según estos criterios, las zonas verdes —o categoría III— son de bajo valor de conservación y pueden ser transformadas total o parcialmente. Las amarillas —categoría II— tienen un mediano valor de conservación y pueden ser destinadas solo a actividades sustentables, como recolección, turismo e investigación.
Los bosques que sean clasificados con el color rojo, es decir categoría I, serán aquellos de "muy alto valor de conservación" y por lo tanto no deberán modificarse. Sólo después de presentar esta categorización, la Secretaría de Ambiente levantará la prohibición de desmontar, según el proyecto.
Una vez sorteado el embargo, cada interesado deberá presentar un estudio de impacto ambiental a la autoridad competente en cada jurisdicción. Si se trata de un bosque en el que viven pueblos originarios, las comunidades deberán dar su consentimiento a la tala por escrito.
En este punto, legisladores de provincias forestales o que favorecen la expansión de las actividades agropecuarias intensivas, preferirían que en lugar de un estudio de impacto ambiental se exigiera una declaración jurada por parte del inversor.
En caso de incumplimientos, la norma sostiene que los empresarios serán apercibidos, se les aplicarán multas equivalentes a valores de entre 300 y 30.000 salarios de la categoría más baja de la administración pública, y se les suspenderán o revocarán definitivamente las autorizaciones.
