La cancelación de un contrato minero en Guyana Francesa agravó la preocupación internacional por otro proyecto que sigue adelante en Guatemala, con un grave costo para el pueblo local y el ambiente.
El gobierno francés anunció el mes pasado que le había retirado un permiso a la compañía canadiense Cambior para buscar oro en la región amazónica de Kaw en Guyana Francesa, pequeño protectorado francés entre Suriname y Brasil con una población de 200.000 habitantes.
París le había concedido a Cambior un permiso por 25 años en 2003 para extraer 34 toneladas de oro. Pero, ante la presión de ambientalistas y de los habitantes locales, el gobierno creó una comisión en mayo de 2006 para analizar el impacto ambiental del proyecto.
La comisión señaló en un informe publicado el 10 de octubre que el proyecto no debía realizarse porque la liberación de agua contaminada con cianuro de las minas representaba un riesgo ambiental inaceptable.
La ministra de Ambiente de Francia, Nelly Olin, aseguró que Cambior había sido informada de la conclusión de la comisión, y que la compañía finalmente había abandonado el proyecto. En cambio, se había decidido crear un parque nacional ambiental en el lugar donde estaba previsto el proyecto.
Pero desde 2003, agricultores y activistas por los derechos humanos en Guatemala han luchado en vano contra un proyecto muy similar minero de la corporación canadiense Glamis. Esta empresa ha extraído oro y plata en el sudoccidental departamento guatemalteco de San Marcos desde octubre de 2005.
Cambior habría empleado el mismo proceso que Glamis aplica en Guatemala para extraer los metales preciosos. Las rocas con oro y plata son tratadas con varios químicos, incluyendo cianuro. Las aguas residuales son volcadas en los ríos cercanos.
La Iglesia Católica, campesinos mayas, grupos ambientalistas y defensores de los derechos humanos guatemaltecos afirman que la mina de San Marcos contamina los ríos Cuilco y Tzalá, fundamentales para la provisión de agua en la zona.
Pero en febrero de este año, el gobierno guatemalteco sólo expandió el contrato para permitir la extracción de zinc, mercurio, plomo, hierro y cobre en la misma área.
"Hay una diferencia si un gobierno es sensible al ambiente, al trabajo, a los derechos humanos y a las preocupaciones en torno a la salud", dijo a IPS la activista Iris Stolz, de la organización cristiana alemana Terre des Hommes.
"Los gobiernos europeos son conscientes de los costos políticos de ignorar esas preocupaciones. Además, la capacidad de la sociedad civil para ejercer presión a los gobiernos e instituciones es de vital importancia en esos casos", añadió..
Stolz coordina la campaña de Terre des Hommes contra el proyecto de la minera canadiense en Guatemala.
Una encuesta reveló que 95 por ciento de la población local se opone al proyecto minero. "Este resultado muestra la importancia que las comunidades mayas le dan a la tierra, a la selva y al agua para su supervivencia y desarrollo", dijo a IPS el activista Mario Antonio Godinez, de la organización ambientalista Ceiba.
Ulrike Bickel, experto en desarrollo de la organización católica Misereor, señaló que "el gobierno guatemalteco no respeta los intereses de su propio pueblo, y está violando las convenciones laborales internacionales".
Bickel, quien ha visitado el lugar y entrevistado a residentes, así como a legisladores guatemaltecos y funcionarios de gobierno, afirmó que el permiso a la corporación canadiense está manchado por sospechas de corrupción.
"El legislador guatemalteco Alfredo de León nos dijo que varios de sus colegas recibieron sobornos por apoyar la concesión", dijo a IPS.
La oficina legal guatemalteca que representa a Glamis está vinculada con el presidente Oscar Berger.
El mandatario, un abogado que dejó de practicar la profesión cuando asumió en enero de 2004, era socio de la firma legal Berger, Sosa & Permueller. Uno de sus principales socios era Rodolfo Sosa de León, ahora consejero legal de Glamis en Guatemala.
La hija de Sosa de León está casada con el hijo del presidente, Oscar Berger Widmann.
Activistas subrayan que el gobierno le dio a Glamis concesiones tributarias extraordinarias y libre acceso a los recursos hídricos. "Glamis no paga ningún impuesto en Guatemala, y disfruta de una total exención hasta 2008", aseguró Bickel.
El Banco Mundial entregó 45 millones de dólares en créditos a Glamis, cerca de un quinto de la inversión total en el proyecto, de 261 millones de dólares.
