El gobierno de Chile quiere que el futuro aeropuerto internacional de la IX región engalane la celebración del bicentenario del país, en 2010. Pero unas 500 familias mapuches se oponen a su construcción por sus potenciales daños sociales y ambientales.
El 15 de noviembre, la gubernamental Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de la IX región de la Araucanía aprobó por 12 votos a favor, cuatro en contra —de los representantes de la comunidad— y una abstención, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del aeropuerto que se construirá en la meridional comuna de Freire.
Durante 2007 se pretende expropiar 495 hectáreas ubicadas en la localidad de Huilquilco y realizar la licitación internacional. Las obras comenzarían en 2008 y terminarían a fines de 2010. Ese 18 de septiembre se conmemorarán los 200 años de vida independiente del país y el aeropuerto es una de las principales "obras bicentenario" iniciadas en la administración anterior y retomadas por el gobierno de Michelle Bachelet.
"Este proyecto pretende dotar a la región de la Araucanía de un aeropuerto de categoría internacional, generando equidad en el desarrollo territorial", explicó a Tierramérica el secretario regional ministerial de Obras Públicas, Marco Antonio Vásquez..
La nueva terminal aérea, que reemplazará al actual aeródromo de Maquehue —distante más de 20 kilómetros—, tendrá un edificio de 5.000 metros cuadrados y una pista de aterrizaje de 2.440 metros de largo, ampliable a 3.200 metros. Se calcula una inversión privada de 50 millones de dólares.
Según Vásquez, la demanda de pasajeros aumentará significativamente hacia 2010 y Maquehue, cuya pista es de 1.700 metros, no puede ser mejorado. Además de colindar con un cerro y ser afectado por la neblina, su extensión implicaría expropiar terrenos a la etnia mapuche, la principal del país.
En la IX región, ubicada 600 kilómetros al sur de Santiago, reside 23,5 por ciento de los 604.349 descendientes de ese pueblo.
El lugar elegido para la nueva terminal está a solamente 15 kilómetros de la capital regional, Temuco, se emplaza cerca de la carretera y las 12 familias dueñas de los predios no pertenecen a esta etnia.
No obstante, ocho comunidades mapuches —de las 23 aledañas al futuro aeropuerto— formaron la agrupación Ayún Mapu (Tierra Alegre, en lengua mapuzungun) para coordinar su oposición al anteproyecto presentado por el gobierno.
Se niegan a sufrir contaminación acústica y a absorber los gases emitidos por los aviones, y creen que el EIA aprobado no incluyó todos los estudios necesarios para evaluar los reales impactos económicos, sociales y culturales de la obra.
"La Corema votó el EIA de un anteproyecto al que le faltan análisis hidrogeológicos, acústicos, de mecánica de suelo y dinámica de agua", dijo a Tierramérica Richard Caifal, de Ayún Mapu.
La alcaldesa de Freire, María Gricelda Campos, coincidió. "Le pregunté directamente al intendente (Eduardo Klein) de la IX región por qué se hizo un anteproyecto y no un proyecto y me dijo que el aeropuerto se iba a construir con o sin ellos", denunció a Tierramérica.
Sin embargo, Vásquez aseguró que el EIA incluye todos los análisis requeridos y que la empresa que gane la licitación será la encargada de elaborar el plan definitivo. La concesionaria deberá certificar el aeropuerto con la norma ISO 14.001 y asumir todas las responsabilidades por eventuales perjuicios.
No habrá compensaciones económicas sino un "plan integral de desarrollo territorial en el área de influencia del proyecto", donde —independientemente de lo que haga la concesionaria— todos los servicios públicos serán puestos a disposición de las 5.000 personas que integran las 23 comunidades, que en promedio se sitúan a 1.500 metros del lugar donde se emplazará la terminal.
Según la alcaldesa de Freire, comuna de 8.000 habitantes, el aeropuerto provocará el desborde del estero Pelales, perjudicará a los criadores de vacunos y a los productores de leche —"que serán expropiados de sus predios orgánicos"— y dejará sin trabajo y vivienda a un centenar de familias.
"Los mapuches realizarán sus ceremonias religiosas con aviones pasando por encima de sus cabezas", acotó. Además, hace cuatro meses la comunidad Fermín Manquilef comenzó a tramitar títulos de propiedad en la zona.
Campos exhortó a las autoridades a reformar la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente (1994), que permite que el gobierno sea "juez y parte" en los EIA. "Propusimos cuatro lugares en Freire donde no se generarían estos problemas, pero se optó por lo más económico", advirtió la jefa comunal.
Ayún Mapu presentará un recurso de reclamación contra el dictamen de la Corema, un recurso de protección ante los tribunales chilenos y otro ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
No se atreven a anunciar medidas más radicales. "Las comunidades están intimidadas, ya que cualquier manifestación de mapuches es calificada de acto terrorista", afirmó Caifal.
* La autora es corresponsal de IPS. Este artículo fue publicado originalmente el 25 de noviembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
