En respuesta a la lluvia de denuncias de trabajadores inmigrantes, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) abrió una investigación sobre posibles violaciones de derechos laborales, explotación, adeudos salariales, detenciones arbitrarias y deportaciones colectivas.
"Las quejas recibidas fueron transmitidas a los gobiernos respectivos con llamamientos urgentes o cartas de alegato", informó Jorge Bustamante, el relator especial de la ONU para los derechos humanos de los inmigrantes.
Aunque no dio los nombres de los países, se conoce que Bustamante ha solicitado oficialmente visitas a Australia, Canadá, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, Japón, Malasia, Mauritania y Sudáfrica.
En esta lista están incluidos tanto países expulsores de nacionales, como receptores, en su mayoría de personas procedentes del mundo en desarrollo.
Entre los reclamos también figuran la falta de atención a enfermos en los puestos fronterizos, las muertes por uso excesivo de la fuerza de parte de la seguridad estatal, deportaciones, violencia contra mujeres, el trabajo forzado cercano a la esclavitud, la retención de pasaportes, restricciones a la libertad de desplazamiento y la negación del derecho de asociación y reunión.
De los 191 millones de inmigrantes registrados el año pasado, cerca de 115 millones vivían en países industrializados, según la ONU. Tres cuartas partes de ellos residían en 28 naciones y uno de cada cinco en Estados Unidos.
También Estados Unidos encabeza la lista mundial de países receptores, con más de 38 millones de inmigrantes en 2005, lo que representa casi 13 por ciento de su población.
La ONU señala que "el problema principal es prevenir la inmigración irregular o no autorizada". Estados Unidos estima que en su territorio residen entre 10 millones y 12 millones de extranjeros sin la documentación requerida, en Corea del Sur cerca de 140.000, en Japón 221.000, en Australia unos 60.000 y en Nueva Zelanda 20.000 personas.
En un informe dirigido a los 192 estados miembro de la Asamblea General de la ONU, Bustamante indicó que "está muy preocupado por la alarmante cantidad de reportes recibidos este año referentes a emigrantes que perdieron la vida en el mar", la mayoría de ellos en África y Asia.
"La Política Marco de Emigración para África", adoptada por el consejo ejecutivo de la Unión Africana (UA), señala "la creciente preocupación de los (54) estados (miembro) por el aumento de la discriminación y la xenofobia contra los emigrantes" de ese continente.
"La discriminación contra los emigrantes crea tensiones sociales tanto en los países de origen como en los receptores, obstaculiza su buena integración en las sociedades de destino, y limita el disfrute pleno de sus derechos fundamentales", agrega la UA.
La lucha contra el racismo y la xenofobia es, en consecuencia, un elemento fundamental para una completa política nacional de inmigración, agregó.
Preguntado sobre si los países en desarrollo tienen razón de acusar a las naciones ricas de encubrir racismo en sus decisiones de control selectivo de inmigrantes en sus fronteras, Peter Sutherland respondió que las convenciones de Ginebra acertadamente obligan a sus signatarios a brindar abrigo a aquellos que tienen legítimos temores de ser perseguidos en su tierra natal.
Este es un derecho indiscutible que todos los países europeos y otras naciones signatarias deben respetar, agregó el representante especial de la secretaría general de la ONU para la Inmigración Internacional y el Desarrollo.
"La comunidad internacional ha hecho muchos esfuerzos para crear un sistema de asilo mediante convenciones, políticas y prácticas que desarrollan las promesas hechas en Ginebra en 1951. No es un sistema perfecto por muchos motivos, pero ha sido constantemente mejorado, comentó Sutherland a IPS.
Sostuvo, además, que los 25 países integrantes de la Unión Europea (UE), en particular, han desarrollado una amplia legislación desde el final de la década del 90 para crear un enfoque común para las políticas de asilo y refugio.
Más allá de los casos legítimos de asilo establecidos por las reglas de Ginebra, los países no están obligados a permitir el ingreso de inmigrantes económicos.
"Ciertamente, hay legislación que amplía los derechos de inmigración mucho más las convenciones de Ginebra, por ejemplo el derecho de reunificación familiar es aceptado por la mayor parte del mundo desarrollado. Así mismo, hay regímenes relativamente liberales que admiten a aquellos que quieren estudiar o capacitarse en otros países", dijo Sutherland.
"Creo que aquellos que vienen al mundo desarrollado, ya sea bajo programas de reunificación familiar o como refugiados, deben gozar del derecho a trabajar desde el momento de su llegada", dijo.
Pero, aseveró que la inmigración económica no es un derecho. Las naciones mantienen la soberanía sobre la decisión de permitir la entrada de individuos bajo esa categoría.
No es irrazonable que esta decisión sea hecha con base en las necesidades económicas de cada país, es decir, que las naciones pueden permitir el ingreso de personas para llenar el déficit que presenta su mercado laboral, agregó Sutherland.
"En efecto, yo diría que, si los países fueran más abiertos y honestos al hacer esto y si crearan los medios necesarios para poner en contacto a los buscadores de trabajo con los empleadores, crecería el apoyo general a la inmigración", dijo.
Sutherland afirmó que mucha de la actitud general contra la inmigración está vinculada con el hecho de no estar reglamentada, la falta de legislación sobre inmigración es corriente hoy, los criminales y contrabandistas están haciendo las políticas de inmigración en muchos casos, además están sacando inmorales ganancias de esto. Esto debe cambiar, apuntó Sutherland. Finalmente, es obvio que los esfuerzos por seleccionar los inmigrantes deben estar basados en sus destrezas económicas y en ningún caso en su raza, género, religión u origen étnico.
Así que los sistemas de selección en sí mismos no son malos, por el contrario, pueden ser útiles tanto para los países receptores como para los de origen.
"Pero los sistemas de selección, como cualquier otra cosa, pueden ser objeto de abuso. Necesitamos prevenir eso enérgicamente", agregó.
Dirigiéndose al Comité Económico y Financiero de la ONU la semana pasada, el embajador brasileño Ronaldo Mota Sardenberg dijo a los delegados que los estados tiene el derecho a controlar sus fronteras, pero no deben penalizar legalmente la inmigración irregular. Cuando se hace esto, agregó, se abre el camino a masivas deportaciones y detenciones ilegales.
La creciente oleada de inmigrantes, tanto documentados o no, también tiene impacto en las naciones que están buscando restringir que ingresen en sus países.
John Reid, el secretario (ministro) británico del Interior, anunció esta semana que con la propuesta de ingreso de Bulgaria y Rumania a la UE el año próximo, su gobierno planea imponer estrictos criterios de empleo para los inmigrantes de esos países.
Aunque varios estudios han mostrado el positivo impacto de los inmigrantes, Reid dijo que el aumento de residentes (incluyendo la procedente de Polonia luego de que este país ingresó a la UE el año pasado) ha implicado una presión en la disponibilidad de vivienda y de aulas, pues muchos inmigrantes viven en Inglaterra.
