Aparecen nuevas pruebas que vinculan los casos de cáncer detectados en Polinesia Francesa con los ensayos nucleares, realizados desde la década del 60 y durante 30 años por Francia en las islas del sur del océano Pacífico.
Hasta entonces y a lo largo de tres décadas, este país europeo llevó a cabo 192 ensayos nucleares en Polinesia Francesa, un conjunto de islas en el Pacífico, dentro de los cuales hubo 43 pruebas atmosféricas a pesar de la oposición de la población local.
A 40 años de aquellos ensayos, París finalmente comenzó a admitir que los habitantes de la Polinesia habrían tenido razón en temer a las consecuencias de la radioactividad.
Marcel Jurien de la Gravière, representante de una comisión francesa para la seguridad nuclear, anunció la semana pasada en Pepetee que se iba a proponer a los habitantes de ese país con mayores posibilidades de haber sufrido las consecuencias de las pruebas un "examen médico coherente y continuo".
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Los análisis se practicarán a unas 2.000 personas, indicó.
Jurien de la Gravière admitió que seis de los 192 ensayos "afectaron de modo significativo algunas islas y atolones" de la región.
Los seis experimentos del ejército francés se llevaron a cabo entre 1966 y 1974 en las islas de Mururoa, Fangataufa, Magareva, Gambier, Tureia y Tahití. Esos ensayos "representaron un leve riesgo (sanitario)", dice ahora el Ministerio de Defensa.
Actualmente dos de ellos son especialmente cuestionados, los llamados Aldébaran (1966) y Phoebe (1971). Las nuevas cifras oficiales revelan que en esos lugares se liberó mucha más radiación de la que se suponía hasta ahora.
En es época, esas islas tenían más de 150.000 habitantes. Otras 20.000 trabajaban en los lugares donde se realizaron las pruebas nucleares durante los 30 años de experimentación.
El cambio de postura del gobierno de Francia se debe a que el investigador del Instituto Nacional de Salud y de Investigaciones Médicas (Inserm, en francés) Florent de Vathaire señaló que los ensayos nucleares estaban estrechamente vinculados con la aparición de cáncer de tiroides, típicamente asociado a la radioactividad.
Ese investigador, jefe de la unidad de cáncer epidemiológico del Inserm descubrió "una relación estadísticamente significativa" entre los experimentos y la incidencia de cáncer de tiroides.
De Vathaire estudió unos 240 casos aparecidos en esas islas.
El 17 de julio, el investigador presentó sus resultados al Ministerio de Defensa y urgió la desclasificación de documentos militares que, según él, confirman sus hallazgos.
"Me gustaría estudiar los datos de los documentos clasificados, eso nos permitiría confirmar con mayor precisión la naturaleza de los peligros que los ensayos representaron para la salud" de la población, dijo a IPS De Vathaire.
Los enfermos de cáncer y sus parientes también hicieron pedidos similares.
"Hasta ahora las autoridades francesas habían dicho que las pruebas de bombas nucleares no significaron ningún peligro", dijo a IPS Patrice Bouveret del independiente Observatorio de Transferencias de Armamento.
"Ahora, las mismas autoridades dicen que, de hecho, hubo un 'leve' riesgo". apuntó.
Pero ese reconocimiento también procede de informes militares, indicó.
"Nadie más vio los documentos originales para verificar tales afirmaciones. Si las víctimas contaran con los documentos oficiales podrían proceder legalmente y reclamar que se haga justicia".
Los cuestionamientos no se limitan a las islas del sur del Pacífico. Francia realizó 17 ensayos en la región de Reggane en el Sahara argelino en 1961 y 1962, justo antes de la independencia de Argelia.
Activistas y víctimas reunidos en la Asociación de Veteranos de Ensayos Nucleares (AVEN) en Polinesia Francesa y en el Sahara argelino luchan por la desclasificación de documentos y para que las autoridades francesa reconozcan que esos experimentos causaron la aparición de un gran número de casos de cáncer en esas regiones.
Desde 2003, Jean-Paul Teissonière, abogado de AVEN y de la Asociación Mururoa y Tatou de Polinesia presenta varias demandas contra las autoridades francesas.
Uno de los objetivos es que Francia otorgue pensiones a las víctimas y sus familiares, indicó a IPS.
"Pero para establecer un vínculo de causalidad entre los ensayos y la gran cantidad de casos tenemos que argumentar por presunción, a menos que las autoridades revelen los documentos clasificados".
