A pesar de estar contigua a la ciudad sede del gobierno de Bolivia, las soluciones tardan en llegar a la empobrecida El Alto, el último escalón del levantamiento social en defensa del gas natural que hace tres años pagó con más de 60 vidas el derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada.
"Si (el presidente de Bolivia) Evo Morales no cumple con la agenda de octubre, debe formarse una nueva alternativa", advirtió a IPS Roberto de la Cruz, el combativo líder de los días de la batalla y ahora concejal alteño.
También el director del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca-El Alto), Carlos Laruta, comentó a IPS que las presiones sociales volverán seguramente el año próximo, tras un periodo razonable de gracia hacia Morales, el primer presidente de origen indígena de la historia del país.
Morales, líder del Movimiento al Socialismo y de los cultivadores de la ancestral coca, fortaleció su presencia política en el marco de la rebelión que se desencadenó en septiembre de 2003 en el occidente boliviano, para culminar con una semana de movilizaciones y represión en El Alto y en La Paz y la posterior fuga del país de Sánchez de Lozada, la noche del 17 de octubre.
Las manifestaciones de campesinos indígenas que se sucedieron por un mes desencadenó un movimiento social que interpeló al poder político de entonces por la proyectada venta de gas a Estados Unidos y México, a través de un puerto de Chile, con el cual hasta hoy se mantienen sólo relaciones consulares a raíz de la disputa territorial derivada de la Guerra del Pacífico, de 1879.
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El denominado "Pacific LNG" proyectaba una inversión de 5.000 millones de dólares para el transporte de gas natural hasta el occidental estado estadounidense de California y México, desde los ricos yacimientos del sur de Bolivia, que posee la segunda mayor reserva de este combustible de América del Sur después de Venezuela con 48 trillones de pies cúbicos.
Una alianza de la firma española Repsol, British Gas y la estadounidense Pan American Energy había sido alentada por el gobierno derechista de Jorge Quiroga, de agosto de 2001 a agosto de 2002, que sucedió al hoy fallecido Hugo Banzer, quien debió abandonar por enfermedad el cargo que había asumido en 1997.
El corto mandato y el temor de una pérdida de popularidad para quien estaba dispuesto a volver al gobierno por las urnas, determinó a Quiroga a postergar el programa energético, que luego fue asumido por el también derechista Sánchez de Lozada a partir de su segundo mandato en 2002.
Sánchez de Lozada, que en su primer gobierno de 1993 a 1997 había concretado las privatizaciones de empresas petroleras, de telecomunicaciones, de fundición de minerales, ferrocarriles y de la aerolínea estatal, perdió popularidad rápidamente por la falta de un programa que respondiera a las demandas populares de mejores condiciones de vida.
El intento de aplicar un impuesto a los salarios de los trabajadores por recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI), en febrero de 2003, fue el detonante de la rebelión policial que, sumado al descontento social, derivó en movilizaciones callejeras y disturbios reprimidos por el ejército, que dejaron 30 muertos.
Sectores indígenas del altiplano boliviano, liderados por Felipe Quispe, denominado el "Mallku" (jefe aymara), y una nueva fuerza popular urbana surgida de los barrios pobres de El Alto lideraron la que después fue conocida como la "guerra del gas".
Este fue uno más de los episodios de una larga batalla social, que incluye también la "guerra del agua" encarada por sindicatos y agrupaciones de vecinos en la central ciudad de Cochabamba, en junio de 2000, cuando se opusieron al aumento de las tarifas de ese recurso potable y desestabilizaron al entonces presidente Banzer, quien ya había encabezado una dictadura de 1971 a 1978.
Tras las renuncia de Sánchez de Lozada, las organizaciones sociales crearon la llamada "agenda de octubre", que exige la nacionalización de los hidrocarburos y la refundación de la República mediante una asamblea constituyente.
Por su parte, las movilizaciones se tradujeron en la región oriental y para los partidos de derecha en asociación con grupos empresariales en una amenaza de división de Bolivia, con la propuesta de crear la "Media Luna", conformada por cuatro de los nueve departamentos en que se divide este país, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.
El Congreso legislativo eligió entonces la sucesión democrática y entregó el gobierno al, hasta ese momento, vicepresidente Carlos Mesa (2003-2005), quien se había distanciado de Sánchez de Lozada debido a la represión ordenada por éste.
Pero Mesa sufrió las consecuencias de una actitud débil frente a las empresas petroleras, a las cuales temía aplicar mayores impuestos, pese al respaldo social del que gozó durante sus primeros meses de gobierno.
Mientras la gente en las calles exigía la nacionalización, Mesa se limitó a administrar un gobierno presionado por partidos de derecha y agobiado por un rechazo del empresariado del departamento de Santa Cruz, ante lo cual terminó acortando su mandato para ceder su lugar transitoriamente al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez.
Las elecciones de diciembre pasado arrojaron como claro ganador, con 53,7 por ciento de los votos, a Morales, quien hoy tiene frente a sí la tarea de ofrecer una alternativa a cerca de medio millón de habitantes de la ciudad de El Alto, que aún guardan expectativas en su gestión.
Inmigrantes de poblaciones rurales, con oficios básicos o como ayudantes para la industria de la construcción, o talentosos comerciantes de una infinidad de productos, los alteños están en los primeros lugares de las escalas de personas con menores ingresos.
Las estadísticas estiman que los alteños viven en promedio con medio dólar al día, que casi no les alcanza para un pan y algún otro alimento complementario, en un país donde la pobreza afecta a 63,7 por ciento de sus 9,3 millones de habitantes.
Tres años después de la rebelión, la situación no ha cambiado mucho para El Alto. Su población sigue desatendida y espera de mejores condiciones de habitabilidad, empleo y bienestar, según Laruta.
El gobierno de Morales atendió la agenda política con la convocatoria a la Asamblea Constituyente y con la nacionalización de los hidrocarburos, anunciada el 1 de mayo, pero "con eso la gente no come", y queda pendiente la agenda social, opinó el director del Cipca-El Alto.
Para De la Cruz, "octubre es sinónimo de gloria, porque recuperamos la dignidad y planteamos una agenda". "El Alto es la cuna de la rebeldía y la esperanza porque demostró que un pueblo unido es más fuerte que un sistema", sentenció.
Hoy, con un gobierno ungido con el mayor respaldo electoral de las últimas tres décadas, De la Cruz siente "desilusión, porque estima que la nacionalización de los hidrocarburos es una teoría sin confiscación de bienes a las transnacionales y se anima a afirmar que el presidente Morales es "reformista".
El gobierno nacionalizó los hidrocarburos mediante la recuperación de las reservas de gas y petróleo, con la finalidad de obtener ingresos anuales estimados en 600 millones de dólares y negocia con las firmas transnacionales su permanencia en el país a cambio del pago de mayores impuestos y sólo como prestadoras de servicios a la casi extinguida estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
De la Cruz espera que la Asamblea Constituyente haga cambios reales y otorga un periodo de gracia a Morales, aunque expresa dudas frente a una política energética que "garantiza la propiedad de las multinacionales".
Laruta, a su vez, afirma que los sectores populares continúan apoyando a Morales, pero advierte que se aguardan respuestas a los problemas derivados de la pobreza, y alerta que el año próximo podría llegar cargado de dificultades para el gobierno.
