Un iraní debe esperar en su país a cumplir 16 años para poder votar. A los 18, puede abrir una cuenta bancaria, obtener la licencia de conducir vehículos o vender propiedades. Pero puede ser ahorcado a cualquier edad.
Según el artículo 49 del Código Penal Islámico, la edad de responsabilidad en esa materia es de nueve años para las niñas y de 15 para los varones. Por todo esto, es difícil establecer cuándo una persona es considerada adulta en este país.
Hace seis meses, Nazanin, una adolescente de 17 años, se entregó a la policía tras apuñalar y matar a una de las tres personas que, según relató, intentaron atacarla a ella y a su sobrina de 14 años.
Pero Nazanin fue hallada culpable de asesinato y condenada a muerte. La muchacha apeló la sentencia, informó el periódico Etemad Melli el 31 de agosto.
En septiembre, el mismo diario reportó sobre la ejecución en la cárcel teheraní de Evin Sattar, un joven condenado por haber matado a un hombre cuando tenía 17 años, en una pelea por una cabina telefónica.
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Las autoridades esperaron a que Sattar cumpliera 18 años para enviarlo a la horca. Instituciones internacionales y organizaciones de derechos humanos dentro y fuera de Irán condenaron al Estado islámico por esa práctica. "Irán es el único país que en 2005 todavía ejecutaba a menores", dijo telefónicamente a IPS Piers Bannister, coordinador en Londres de la campaña de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional contra la pena de muerte.
"La comunidad internacional reconoció que los niños son especiales y requieren atención especial", agregó Bannister. "El mundo está unido en esta materia."
Como signatario de la Convención sobre los Derechos del Niños y de la Convención sobre Derechos Civiles y Políticos, Irán acordó no ejecutar a condenados por delitos cometidos antes de cumplir 18 años. Pero ha ignorado esos tratados en reiteradas ocasiones.
Desde 1990, Amnistía Internacional documentó la ejecución desde 1990 de 19 condenados menores de edad en el momento de cometer los crímenes por los que se los acusaba.
Organizaciones como el Comité de las Naciones Unidas para los Derechos del Niño, Amnistía y Hands Off Cain, entre otras, llamaron a Irán a abolir la sentencia de muerte para los niños.
Para enmascarar las ejecuciones, según estas instituciones, el gobierno iraní suele postergarlas hasta que el prisionero cumple 18 años o, directamente, miente sobre su edad.
Organizaciones de derechos humanos también acusan a Irán, el país con más ejecuciones detrás de China, también tiende a sentenciar a mujeres a muerte por delitos sexuales.
En cambio, es más probable que los hombres afronten azotes por las mismas infracciones porque, según la ley islámica (shariá), ellos pueden tener parejas temporarias.
"¿Es concebible que una niña de 10 años sea condenada a muerte por delitos sexuales, que habitualmente ocurren bajo la forma de violación al principio y luego continúan porque la pequeña no es capaz de comprender plenamente la situación y tiene miedo de contársela a alguien? ¿O a una niña de 11 años ahorcada por matar a alguien?", dijo a IPS una activista por los derechos femeninos que solicitó reserva de su identidad.
En 2004, Atefeh Sahaaleh Rajabi fue juzgada con celeridad y ahorcada en Irán septentrional. Su caso concitó la atención internacional porque careció de defensa legal.
Aunque documentos judiciales dijeron que tenía 22 años al ser ejecutada, su certificado de nacimiento y el testimonio de su padre demostraron luego que apenas tenía 16. Ya era tarde.
La fiscalía acusó a Sahaaleh de mantener relaciones sexuales ilícitas en cuatro oportunidades. Sin embargo, activistas de derechos humanos aseguraron, entrevistados por Amnistía y por realizadores de un documental de la BBC, que la niña sufría problemas psicológicos y fue violada reiteradamente por un hombre de 51 años.
Sahaaleh terminó en la horca. Su violador recibió 100 azotes.
"El magistrado que la juzgó no tomó la violación en cuenta. La Corte Suprema mantuvo la sentencia tras la apelación. La familia de Atefeh demandó al juez luego de la ejecución, pero fue absuelto", dijo a IPS el abogado y activista por los derechos de la infancia Nasrin Sotoudeh.
Desde la ejecución de Sahaaleh, Amnistía Internacional documentó casos de al menos otros nueve niños.
Kaveh Habibnezhad, de 14 años, falleció luego de ser sometido a flagelación. El muchacho había sido atrapado comiendo en Ramadán, mes en el cual, según el Islam, debe ayunarse durante el día, relató a IPS el empleado de un centro correccional juvenil del Estado.
Las leyes iraníes, basadas en la shariá, entran en conflicto con el derecho internacional, pues admiten la ejecución por delitos sexuales.
De no mediar denuncia de la víctima, el Estado puede actuar de oficio en casos de delito sexual, en su carácter de garante de la moral pública. Si el acusado confiesa o se presentan suficientes testigos, de acuerdo con la ley islámica, la sentencia suele ser automática.
Cuando el parlamento intentó elevar la edad mínima de hombres y mujeres para contraer matrimonio a 18 años, en la pasada presidencia del reformista Mohamed Jatami, la ley fue vetada tres veces por el Consejo de Guardianes, órgano del Estado integrado por seis clérigos a cargo de controlar el apego a la religión de normas y candidatos.
El parlamento insistió, y le ley fue remitida a un organismo de alzada, el Consejo de Conveniencia. Dieciocho meses después, el Consejo elevó la edad mínima de matrimonio para las niñas a 13 años.
Los homicidios y los delitos vinculados al sexo, tales como incesto, adulterio, prostitución u homosexualidad, son las principales causas por las que tanto adultos como menores pueden ser condenados a muerte.
Estas sentencias son impuestas rara vez por cargos relacionados con drogas. En un caso de asesinato, la familia de la víctima tiene "derechos de sangre", de acuerdo con la shariá. Esto le permite pedirle al condenado o su familia "diye" o "qisas", es decir, dinero a cambio de la vida.
"La familia del asesino puede pagar una compensación a la familia de la víctima, y así evita la ejecución. Entonces el asesino queda libre. Los ricos pueden vivir. Los pobres mueren", señaló Bannister.
Zhila y Bakhtiar Izadyar son hermanos. Viven en la occidental ciudad de Marivan y fueron hallados culpables de incesto cuando nació su bebé, en 2004. Su propio padre los entregó a la policía.
La información sobre su caso es escasa pero, según informes de prensa, el tribunal actuante sentenció a Zhila, la muchacha, a muerte, y a Bakhtiar, su hermano, a prisión y latigazos.
Las campañas y la presión internacional para salvar la vida de la joven llevaron al jefe de magistrados, el ayatolá Shahroudi, a intervenir en el caso.
Dado que en este caso no hubo una demanda particular, apeló a su autoridad para reducir la condena a muerte de la muchacha a una de latigazos, que sufrió poco después del parto.
"Shahroudi dijo expresamente a los funcionarios del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) que si los condenados a muerte por homicidio le envían sus casos luego de las sentencias, él impedirá la ejecución", informó a IPS un abogado que pidió no ser identificado.
En el pasado, Shahroudi intervino en al menos otro caso que involucraba a un menor.
El jefe de magistrados, sin embargo, no puede perdonar a una persona hallada culpable de homicidio, incluso si esa persona es un niño.
"Él solamente puede dejar los casos pendientes mientras tanto, así que se requiere un cambio en las leyes para ponerle fin a esto", opinó el abogado.
