Cuando faltan pocos días para el plebiscito del 22 de este mes que definirá el futuro del Canal de Panamá, las encuestas anticipan una victoria contundente para el «Sí» a su ampliación.
De 1.758 personas que participaron en un simulacro de votación organizado por la consultora Dichter & Neira, 79 por ciento dijeron que votarían a favor del plan gubernamental de ampliar el canal interoceánico, mientras 21 por ciento se manifestaron por el "No", según publicó el diario La Prensa el miércoles.
Estas cifras, similares a las obtenidas por otras dos encuestadoras panameñas, revelan un aumento de las preferencias por el Sí, que en septiembre se situaban en 72 por ciento, y una disminución del No, que entonces aglutinaba 28 por ciento de las intenciones de voto.
La tendencia no obedece sólo a las muy halagüeñas estimaciones que la proponente Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha divulgado —1.150 millones de dólares en ingresos anuales adicionales durante los primeros 11 años de operación del tercer juego de esclusas— sino al alcance de la campaña de propaganda puesta en marcha sobre el proyecto.
Al presupuesto destinado por la estatal ACP para estos fines, estimado en un millón de dólares, hay que sumar los 315.000 dólares que, según información de la empresa Ibope Time, han invertido los grupos que promueven el voto afirmativo. Ello sin contar a las empresas del sector privado que han utilizado su publicidad institucional para manifestarse a favor del Sí.
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Los argumentos se repiten una y otra vez: el ensanche es necesario para mantener la competitividad de la ruta panameña, éste permitirá aumentar sustancialmente los ingresos que el Canal reporta al Estado, habrá más empleo, se potenciará el crecimiento de los sectores portuario, financiero y de la Zona Libre de Colón (zona franca), el administrador de la ACP, Alberto Alemán, y su equipo merecen la confianza del electorado.
En cuanto al No, salvo por las banderillas rojas del Frente Nacional por la Defensa de la Seguridad Social, sembradas en las calles y avenidas de la capital, y la pauta en medios impresos financiada por el sindicato de obreros de la construcción, Suntracs, su principal vía de expresión son las páginas de opinión en la prensa y los debates que se transmiten a diario en radio y televisión.
Entre sus exponentes se encuentran el economista Julio Manduley, el ex subadministrador del Canal, Fernando Manfredo y el ex presidente Jorge Illueca. Este grupo presentó al país el informe "Nuestro Canal: Una ampliación innecesaria y riesgosa ahora o una alternativa de desarrollo nacional para todos", en el que cuestionan desde las proyecciones de la demanda futura hasta los estimados de los costos de construcción.
El Canal tiene dos carriles de esclusas, compartimentos escalonados que mueven los buques entre el nivel del mar y el de los lagos que integran la vía, en un proceso conocido como esclusaje y alimentado con las aguas del lago Gatún.
La ACP propone añadir un tercer juego, con cámaras más grandes que aumentarían la capacidad de hacer esclusajes y de admitir buques post-Panamax, que superan las dimensiones de las esclusas actuales, limitadas a embarcaciones Panamax, de 32 metros de ancho, 12 de calado y 294 de eslora.
El proyecto demoraría entre siete y ocho años, a un costo estimado en 5.250 millones de dólares que se pagarían con aumentos en los peajes, dicen sus promotores.
Otros críticos, como el politólogo Carlos Guevara, fundamentan su rechazo en la "capacidad que tiene este proyecto de impulsar el saldo de la deuda pública a niveles desastrosos".
Guevara estima que para 2011 la deuda pública panameña —de 10.268 millones de balboas (o dólares) al 31 de diciembre— podría rayar en los 16.000 millones, tomando en cuenta que la ACP prevé necesidades de financiamiento externo hasta por 2.300 millones de dólares.
Mientras, el sociólogo Raúl Leis advierte del riesgo de que "el personal proveniente del extranjero desplace al nacional de las actividades de construcción, y la posibilidad de que la ampliación afecte la calidad del agua en el lago Gatún, de donde se obtiene agua para el consumo de los habitantes del área metropolitana, debido a que las tinas de reciclaje aumentan la intromisión de agua salada".
Esas preocupaciones surgen de un estudio presentado por la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, explicó Leis a IPS.
También las dirigencias de las dos principales fuerzas de oposición, el Partido Panameñista (Arnulfista) y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), se han manifestado oficialmente por el No, aduciendo que el gobierno debía haber consensuado una estrategia de desarrollo del país antes de llamar al plebiscito.
Juntos, estos partidos cuentan con más de 300.000 adherentes, pero su poder de convocatoria es más aparente que real, puesto que figuras como la ex presidenta Mireya Moscoso (1999-2004), del arnulfismo, y el ex vicepresidente Guillermo Ford, del Molirena, se han manifestado a favor del ensanche.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 40,5 por ciento de los panameños viven en situación de pobreza y 26,5 por ciento en extrema pobreza. Además, Panamá ocupa el segundo lugar en desigualdad de distribución del ingreso en América Latina.
En las últimas semanas, un elemento nuevo se sumó al debate de la propuesta de ampliación sometida a consideración pública en abril de este año: la presentación del presidente nicaragüense Enrique Bolaños de un proyecto de canal interoceánico en su país.
La idea no es nueva, pero el momento escogido para reflotarla resulta curioso, no sólo porque coincide con la celebración del plebiscito panameño, sino porque el mandato de Bolaños concluirá en enero de 2007.
Rodolfo Sabonge, director del Departamento de Planificación de la ACP, estaba presente en el almuerzo celebrado en el marco de la VII Conferencia de Defensa de las Américas en el que Bolaños hizo su anuncio. "En Nicaragua, el tema de un canal interoceánico siempre estará vigente", dijo Sabonge a IPS.
En Nicaragua, el segundo país más pobre de América Latina con 80 por ciento de sus cinco millones de habitantes viviendo por debajo de la línea de pobreza, cualquier gobierno necesitaría soluciones heroicas. Pero de allí a que un canal nicaragüense pase de ser una hipótesis, hay un trecho.
Bolaños dijo que la construcción costaría unos 20.000 millones de dólares, según publicó El Nuevo Diario, de Managua, el 22 de septiembre.
"Con una situación económica muchísimo peor que la de Panamá, Nicaragua difícilmente está en condiciones de reunir semejante capital", afirmó Guevara al ser consultado por este medio.
Además, la propuesta contempla un trazado por el San Juan, un río compartido con Costa Rica y que es objeto de un litigio fronterizo. Y hay algo más: un informe preparado por especialistas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos calificó la geología de Nicaragua como de alto riesgo, debido a su inestabilidad sísmica, según dijo Carlos Christian Sánchez en la publicación Crítica en Línea, el 1 de este mes.
Esto retrotrae a 1902, cuando el gobierno estadounidense de Theodore Roosevelt estudiaba las posibles rutas para la construcción de una vía interoceánica. Un comité del Congreso legislativo, designado para tal fin, estuvo a punto de pronunciarse a favor de un trazado por Nicaragua.
Y lo hubiera hecho de no ser por Philippe Bunau-Varilla, un ingeniero con intereses en la fracasada compañía del canal francés en territorio que luego sería panameño, quien lideró una eficaz gestión de cabildeo para lograr que Estados Unidos comprara a ésta los derechos para construir el Canal de Panamá.
Bunau-Varilla coronó su campaña con una jugada maestra: envió cartas a los miembros del Congreso con estampillas de Nicaragua en las que aparecía un volcán humeante. El comité votó a favor de Panamá, y la ruta nicaragüense quedó enterrada bajo la amenaza de la lava del Momotombo.
Sobre las características del proyecto del vecino país, Sabonge explicó a IPS que "el modelo que presentan los nicaragüenses implica una concesión, mientras que en el caso de Panamá, los beneficios son totalmente para el Estado".
Además, opinó que "si el Canal de Panamá se amplía, la viabilidad del proyecto por Nicaragua disminuye".
Panamá entró ya en el período de veda electoral previo al 22 de octubre, en el que no se publicarán más encuestas, que pasarían a ser crónicas de un Sí anunciado.
