«Compañeros, el enemigo es el Estado». Con esta frase saludó este jueves a su audiencia La Ley, la radiodifusora privada de la meridional ciudad mexicana de Oaxaca que permanece ocupada por activistas y es motor de una revuelta social que tiene contra la pared al gobierno estadual.
Apoderarse a la fuerza de un medio de comunicación "es un delito grave, lo sabemos, pero no nos han dejado otra alternativa", se justificó ante IPS el profesor "Selvis", coordinador de la estación, cuyas instalaciones son resguardadas por unas 300 personas que acampan rodeadas de trincheras hechas con bolsas de arena, alambres y viejos autobuses.
"Si el gobierno opta por la represión sabemos que la radio será la primera en ser atacada, pues sabe que La Ley nos sirve para mantener la lucha, que es estratégica para nosotros", dijo el coordinador que prefiere usar un seudónimo, pues teme por su vida.
La Ley, que pertenece al privado Radio Programas de Oaxaca, está ocupada desde el 21 de agosto por la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO).
En las últimas semanas, el edificio donde se ubica fue atacado por hombres armados no identificados en tres ocasiones por la noche, matando en una de ellas al activista Lorenzo San Pablo.
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La APPO es un movimiento integrado por más de 350 organizaciones sociales de Oaxaca, uno de los estados más pobres de México, que surgió en junio al fragor de las protestas del sindicato local de maestros que se declaró en paro de actividades el 22 de mayo en demanda de mejoras salariales.
Desde junio, la APPO ocupa la mayoría de edificios de la administración pública en la capital de Oaxaca y tiene campamentos y trincheras en varias zonas de esta ciudad de igual nombre, especialmente en el centro. Sus líderes advierten que no se moverán hasta que renuncie el gobernador estadual, Ulises Ruiz, a quien acusan de corrupto, represor y asesino.
"Compañeros, nuestro destino es la victoria. No debemos desmayar, hay que unirnos y seguir en la lucha", expresó un locutor desde las cabinas de La Ley.
A través de la emisora, la APPO informa a sus seguidores sobre sus estrategias, llama a movilizaciones y recibe decenas de llamadas telefónicas de sus simpatizantes. Además, pasan por sus cabinas líderes sociales, trabajadores, amas de casa y hasta niños que hablan a favor del levantamiento popular.
Sus conductores, quienes nunca dicen sus nombres, llaman a mantener las protestas, critican duramente al gobierno nacional del conservador Vicente Fox y a Ruiz, miembro del histórico Partido Revolucionario Institucional.
También transmiten temas musicales de cantautores identificados con la izquierda, además de discursos de líderes de esa corriente ideológica como el presidente de Cuba, Fidel Castro, y hacen constantes referencias a su par de Venezuela, Hugo Chávez, de quien destacan sus posiciones "antiimperialistas".
"Es ilegal, pero válido que la APPO haya tomado la radio, pues ha sido una de sus armas más efectivas, sin ellas quizá la historia sería otra", declaró a IPS Anabel López, portavoz de grupo no gubernamental Servicios para una Educación Alternativa, que trabaja en Oaxaca desde hace 12 años.
López lamenta no obstante, que en la radioemisora manejan "posiciones fundamentalistas (de izquierda) y que están muy cerrados". Pero hay que entender que la "ocuparon de manera espontánea y que siguen aprendiendo a manejarla", añadió.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que sesionó en la capital mexicana hasta el martes, pidió a Fox parar las agresiones contra empresas propietarias de emisoras de radio de Oaxaca, mientras la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos denunció que la APPO secuestró estaciones privadas para utilizarlas como "un instrumento de sedición".
"Aquí puedes ver que las instalaciones de La Ley están intactas, que nuestro único interés es mantener la comunicación con el pueblo. Si nos cortan esta posibilidad estaríamos en dificultades", declaró Selvis.
En la mayoría de los campamentos de la APPO hay receptores de radio en los que se sintoniza La Ley, cuyos estudios ubicados a unos siete kilómetros del centro de la capital de Oaxaca están férreamente vigilados por pobladores.
La seguridad se reforzó aún más en la víspera, cuando circularon insistentes rumores de que las fuerzas de la policía y del ejército podrían entrar a Oaxaca para desalojar a la APPO, lo cual finalmente no ocurrió. Este jueves y luego de varios intentos fallidos de negociación, el gobierno de Fox y esa organización restablecieron sus diálogos.
Para ingresar al edificio de La Ley, cualquier visitante debe pasar varios filtros de seguridad y hacer fila junto a muchas personas. Las puertas de acceso están flanqueadas por carteles en los que se lee consignas contra el gobernador Ruiz y se denuncia la desaparición forzada y el encarcelamiento de activistas.
En su interior, los pasillos están llenos de cajas con alimentos y botellas de agua, igual que muchas de las oficinas, que están ocupadas por unas 50 personas. La mayoría de ellas pernoctan allí desde hace varias semanas.
"Aquí no somos técnicos, pero hay mucha solidaridad de gente que sí sabe de esto de la radio y ellos nos han ayudado a operar la estación, nos han entregado alimentos y nos cuidan. No olvidemos que hay gente, sicarios de Ruiz, que nos quiere muertos", afirmó Selvis.
Leonarda Reyes, directora del no gubernamental Centro de Periodismo y Ética Pública, declaró a IPS que la ocupación de La Ley merece un castigo, pues "se trata de una atentado a la libertad de expresión".
Sin embargo, sostuvo que ese hecho debe enmarcarse en el contexto de un problema social y político grave, en el que muchos medios de comunicación no dieron voz a la APPO o enfatizaron los ataques en su contra.
La red Oaxaqueña de Derechos Humanos de Oaxaca, que integra a varios grupos, entre ellos a simpatizantes de la APPO e incluso miembros de esa organización, como "Flor y Canto", La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y Ñu'u Ji Kandi, sostiene que los medios de comunicación comerciales locales están en su mayoría alineados con las autoridades.
Reyes identifica ese hecho como negativo y atentatorio al libre ejercicio de los medios de comunicación, pero lo mismo indica que pasa con la APPO, que a través de La Ley sólo da voz a un sector, el que se opone a los poderes públicos.
Un directivo de La Ley, quien prefirió que no se mencione su nombre por seguridad, dijo a IPS que la APPO amenazó con destruir la estación si se hacía algo para evitar que opere.
"Esta ocupación es un atropello a la libertad de empresa y de expresión, por eso denunciamos penalmente a estas personas", indicó el representante de la entidad propietaria de la emisora.
Según las leyes, ocupar por la fuerza un medio de comunicación es un delito grave y merece penas de cárcel de más de cinco años.
El trabajo de los periodistas en Oaxaca ha sido difícil en los últimos años. Desde 1995, el diario local Noticias sufre agresiones y enfrenta un conflicto sindical cuyo origen se ubica en su actitud crítica ante las autoridades.
En las últimas semanas, además, se denunció la agresión a varios reporteros de medios locales y nacionales por parte de la policía y de miembros de la APPO. La SIP rechazó tales hechos y pidió investigarlos.
"La comunicación es una arma fundamental y más en este conflicto tan grave. Eso ya lo entendió la APPO", sostuvo la portavoz de Servicios para una Educación Alternativa.
En mayo, el sindicato de profesores puso en funcionamiento "Radio Plantón", que tenía un alcance de apenas unos dos kilómetros a la redonda, pero dejó de operar el 14 de junio, cuando la policía arremetió contra militantes de esa asociación de trabajadores que ocupaban la plaza central de Oaxaca. Durante la represión la policía destruyó el equipo radial.
Ese mismo día 14, jóvenes estudiantes que luego se integraron a la APPO tomaron la emisora local Radio Universidad. Ocho días después, las instalaciones de esa estación fueron atacadas a balazos por hombres vestidos de negro y que cubrían sus rostros, quienes además rociaron ácido en los transmisores, inutilizándolos.
La APPO decidió tomar entonces —a comienzos de agosto— el Canal 9 de televisión, que pertenece al gobierno del estado de Oaxaca, desde donde hicieron varias transmisiones hasta el 20 de agosto. Al día siguiente, policías fuertemente armados dispararon contra quienes custodiaban las antenas de transmisión, hiriendo a un activista y destruyendo los equipos.
"Ni creas que esto es fácil, aquí nos estamos jugando la vida", aseguró con énfasis el coordinador de La Ley.
El ataque a Canal 9 "despertó indignación, ante lo cual de forma espontánea los compañeros tomaron una docena de estaciones radiales de la iniciativa privada, que además nos venían atacando de forma injusta, diciéndonos violentos y acusándonos de no representar a nadie", relata el activista. La mayoría de esas emisoras fueron devueltas a sus dueños poco después. Pero dos de ellas, que operan sendas señales en amplitud y frecuencia moduladas, quedaron en manos de la APPO. El miércoles, una de las emisoras, Radio Oro, fue abandonada, pues sus equipos sufrieron desperfectos, dejando sólo a las frecuencias de la Ley en operación.
"Compañero, usted es periodista y debe apoyarnos, diga que la Ley debe seguir al aire y que no vengan los matones de Ruiz a atacarnos, pues les vamos a responder con unos buenos trancazos (golpes). Ahora sí no nos dejaremos", arengó a IPS Hilda, una mujer que pernocta en el campamento que resguarda la emisora.
