El asesinato de activistas sociales y la difusión de fotos de presuntos delincuentes detenidos por pobladores en el meridional estado mexicano de Oaxaca, a quienes golpearon, amarraron y colocaron carteles acusatorios, añadieron leña a la crisis social y política que desde mayo afronta ese distrito.
Con la muerte del profesor Pánfilo Hernández, ya suman 10 las personas asesinadas en lo que va del conflicto, la mayoría de las cuales eran simpatizantes de la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca (APPO), protagonista de la rebelión social.
Hernández, también miembro de la APPO, falleció en la víspera tras recibir varios disparos hechos desde un automóvil en movimiento.
Los responsables de estos crímenes son al parecer soldados y policías vestidos de civil, además de sicarios contratados por autoridades de Oaxaca, según organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Mientras legisladores y el gobierno de Vicente Fox permanecen empantanados en la búsqueda de soluciones, la situación empeora. En el centro del conflicto se encuentra el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, quien se niega a dejar el cargo, tal como lo demanda la APPO.
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"Mucha gente indignada se está saliendo de control, y es que el conflicto ya cumple 150 días, siguen los asesinatos de compañeros y no hay soluciones a la vista. No compartimos los actos de justicia popular y queremos evitarlos, pero el hartazgo es evidente", dijo a IPS desde Oaxaca Florentino López, portavoz de la APPO.
En una de la imágenes captadas el miércoles en el estado sureño y publicadas con gran destaque en la prensa local, se observa a una persona amarrada a un poste de energía eléctrica, con el rostro cubierto, huellas de sangre en la espalda y una cartel en su pecho que dice: "estoy así por rata (ladrón)".
En otra fotografía aparece un hombre con el rostro ensangrentado y el pecho descubierto con un cartel que reza "mírenme bien, soy ratero (ladrón) y violador".
"El coraje e impotencia de la gente explica estos actos que reprobamos, pero también hay que decir que los dirigentes de la APPO ya hemos logrado evitar que se llegue a los linchamientos y hasta a prender fuego a los acusados", expresó López.
Quienes fueron detenidos en la víspera por los pobladores de Oaxaca, capital del estado del mismo nombre, son dos presuntos delincuentes y tres policías. Todos fueron entregados luego a una comisión mediación.
"Condenamos estos hechos inaceptables, pero hay que ponerlos en el contexto de una situación de crisis donde hay ausencia de autoridades legítimas", señaló a IPS Adrián Ramírez, director de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos.
"Las fotografías son desgarradoras, pero se olvida que los muertos y las víctimas de la represión los ha puesto casi exclusivamente la APPO", añadió el activista.
Desde el 22 de mayo, el magisterio oaxaqueño de la llamada Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación está en conflicto por demandas salariales a las que se sumaron en junio reclamos sociales y políticos más vastos con un punto prioritario: la renuncia del gobernador Ruiz, acusado de corrupción y represión ilegal.
Esos maestros y más de 350 organizaciones sociales de Oaxaca conforman la APPO, cuyos miembros mantienen ocupadas las principales calles de la capital del estado y cerradas las escuelas, así como las oficinas de los poderes públicos.
Debido a ello, Ruiz, las autoridades judiciales, los legisladores locales y otras autoridades realizan sus tareas en lugares distintos a los asignados por ley.
El gobierno del conservador Fox, que promete que solucionará el conflicto antes de terminar su gestión de seis años el 1 de diciembre, desarrolló varias rondas de negociación con la APPO, pero todas fracasaron.
Mientras, en el Senado nacional, la instancia que legalmente podría declarar la desaparición de poderes del Estado en Oaxaca, no logra un acuerdo sobre el tema.
Los legisladores del gobernante Partido Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI), que conforman la mayoría en el Senado, se oponen a la salida de Ruiz, mientras el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) la apoya.
Ruiz, que es miembro del PRI, tiene el respaldo incondicional de sus correligionarios, mientras el PAN señala que lo mejor para Oaxaca sería que el gobernador pida licencia y se retire.
Pero para el PAN es fundamental mantener acuerdos legislativos con el PRI de cara a la asunción a la presidencia de México de Felipe Calderón, quien es miembro del partido gobernante.
El PRD sostiene que Calderón ganó las elecciones del 2 de julio de manera fraudulenta y amenaza con impedir que asuma el cargo.
Si el Senado no aprueba la desaparición de poderes para así apartar a Ruiz, la situación en Oaxaca empeorará aún más, advirtió este jueves Flavio Sosa, miembro de la dirección colectiva de la APPO.
"Lo que es real es que se está dando (de parte de los senadores) carta blanca a los que están asesinando todos los días a compañeros, a gente que tiene la esperanza de cambiar este país y nuestro estado por la vía pacífica, por la vía de la movilización popular, confiando en las instituciones", declaró el dirigente.
Aunque el escenario en Oaxaca parece complicarse, el sindicato de maestros, que es parte medular de la APPO, anunció que entre este viernes y el sábado estudiará en una asamblea la posibilidad de reabrir las escuelas del estado.
La paralización del ciclo lectivo 2006-2007, al que deberían asistir 1,3 millones de escolares de la enseñanza pública en Oaxaca, es una de las principales medidas de presión de los profesores y de la APPO para exigir la renuncia de Ruiz.
López, el portavoz de la APPO, advirtió que, "aunque los compañeros maestros decidan regresar a clases, las protestas y la ocupación de la ciudad de Oaxaca seguirán hasta que Ruiz deje el cargo".
