La carencia de leyes que penalicen la explotación sexual de menores, sumada al machismo y a la ubicación geográfica han hecho de Guatemala un rentable refugio para traficantes de personas y proxenetas.
"Tenía problemas en casa, y una amiga me llevó a trabajar con ella en un bar". De esta forma, Alba, con 14 años, comenzó a ser explotada en un prostíbulo de la periferia de la capital guatemalteca. Su madre le pedía que llevara dinero al hogar y vio que ésta era una oportunidad de obtener ingresos.
Para la familia de Alba, de escasos recursos, los 160 dólares quincenales que lograba la niña suponían un ingreso importante.
Alba era la única menor de edad en el negocio, un club para clientes de buenos ingresos, y también la más requerida, al extremo de despertar la envidia de sus compañeras.
Este no es un caso aislado. Aunque no existen datos exactos, en 2002 se calculó en 2.000 el número de menores explotados sexualmente sólo en Ciudad de Guatemala, de acuerdo con un informe elaborado por la organización no gubernamental Casa Alianza y la red internacional contra la prostitución infantil Ecpat (por sus siglas en inglés).
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De estos 2.000 menores, 1.200 procedían de El Salvador, 500 de Honduras y 300 eran de la propia Guatemala. Para María Eugenia Villarreal, directora para América Latina de Ecpat, América Central es un corredor para la trata de menores, la pornografía y el turismo sexual.
Al final de ese corredor se sitúa Guatemala, donde la explotación sexual comercial de menores no está tipificada como delito, y el punto a partir del cual el tráfico desciende debido a los controles fronterizos más rígidos de México y Estados Unidos.
Villarreal afirmó a IPS que "el problema sigue creciendo", y las víctimas podrían estar rondando las 15.000 en todo el país. La mayoría son niñas, entre 15 y 17 años, explotadas sobre todo en lupanares de la capital y de zonas fronterizas y portuarias.
El parlamento guatemalteco estudia una modificación legal que reconocería esta explotación como un delito y lo sancionaría con penas de entre seis y 12 años de prisión. Guatemala es el único país del istmo que todavía no ha actualizado sus leyes y, según los expertos, los partidos políticos no están muy apurados en hacerlo.
"No veo esperanzas a corto plazo de que se reforme el Código Penal en Guatemala, porque se tocan intereses de personas con influencia política y económica", señaló Héctor Dionisio, coordinador del programa legal de Casa Alianza.
Doria Giusti, oficial de la representación en Guatemala del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), dijo a IPS que "la niñez no tiene tanta prioridad en el Congreso (legislativo), (la explotación sexual de menores) es un tema tabú y la mayoría de los diputados son hombres, por lo que la visión machista influye".
Hoy en día, el Código Penal castiga delitos como la corrupción de menores y el proxenetismo agravado (en caso de menores o familiares), pero se resuelven con multas de un máximo de 400 dólares. Además, los explotadores suelen exigir que esta suma sea aportada por los propios jóvenes bajo el argumento de que ellos son los culpables de la sanción económica.
La pena de prisión abarca entre uno y seis años para quienes introduzcan personas al país con objeto de prostituirlas, pero rara vez se lleva a efecto, ya que si la condena es inferior a cinco años, puede ser conmutable.
El proceso de captación se lleva a cabo a través de intermediarios, que pueden ser familiares, o mediante tratantes ligados al crimen organizado, que engañan a las niñas ofreciéndoles trabajo de camareras y buenos salarios.
En la frontera de Tecún Umán, paso a México en el occidental departamento de San Marcos, los lupanares se nutren de jóvenes que necesitan dinero para emigrar de forma irregular a Estados Unidos, o que han sido estafadas y abandonadas sin documentos por sus coyotes (traficantes y guías para llegar a territorio estadounidense).
Una vez "enganchadas", las menores se ven atadas por las deudas que contraen con sus explotadores, quienes les proveen de ropa, maquillaje, alojamiento y comida y las inician en el consumo de alcohol y drogas, que en muchos casos desemboca en la adicción.
Sin embargo, Alba pudo escapar de ese mundo gracias a que el burdel fue denunciado, y a su determinación de conseguir un trabajo digno. Recibió apoyo en el centro de Casa Alianza, donde estuvo internada un mes y medio, antes de volver al hogar familiar y conseguir un puesto como empleada doméstica.
Tres años después de escapar de la explotación dice sentirse bien consigo misma y considera que "está mal que los hombres busquen estar con menores". Pero la reinserción suele resultar complicada. Leonel Dubón, director de programas de Casa Alianza, explicó que una víctima suele necesitar ocho meses de tratamiento en el centro. "Llegan destruidas emocionalmente, con un vacío existencial, con adicción al alcohol y drogas, y con dificultad para expresar y recibir afecto".
En los últimos tres años, Casa Alianza ha atendido a más de 300 niñas. Alrededor de 40 por ciento sufrían, además, infecciones de transmisión sexual.
Los menores explotados suelen proceder de entornos donde impera la pobreza y la marginalidad, y de hogares conflictivos, condiciones en las que viven muchos guatemaltecos, dado que 56 por ciento de la población es pobre, según datos oficiales.
Sin embargo, los expertos aseguran que no existe un prototipo de clientes de los servicios sexuales de las menores, y éstos pueden ser de cualquier edad y condición social y económica.
La sociedad guatemalteca parece haber desarrollado insensibilidad ante esta explotación. Giusti indicó que se trata de "un secreto a voces" y que existe "tolerancia y miedo a denunciar", así como la visión de que una adolescente ya es como una mujer adulta.
"Se trata de una relación de poder, fundada en el machismo, que censura más a la víctima que al victimario", aseguró Villarreal. La explotación de menores, agregó Dionisio, "no está mal vista y los hombres llegan a pensar que si las menores están ahí es porque les gusta".
La organización Casa Alianza recuerda que la explotación es un problema grave de dominación sexual y económica, que no termina cuando la persona cumple los 18 años (la mayoría de edad), y que involucra a mafias de alcance internacional.
