Una nueva frustración soportan las mujeres que luchan por una participación menos desequilibrada en el poder político de Brasil. Las elecciones del 1 de octubre interrumpieron el lento e insuficiente aumento de la representación femenina en el Congreso legislativo.
A la Cámara de Diputados sólo fueron electas 45 mujeres, poco más que las 42 elegidas en los comicios anteriores, en 2002. La participación subió de 8,19 a 8,77 por ciento. El Senado, que renovó un tercio de sus 81 escaños, presenta resultados mejores, con cuatro nuevas senadoras, pero la proporción es la misma de cuatro años atrás, 14,81 por ciento del total.
"Hubo estancamiento y retrocesos", en relación a las elecciones de 2002, cuando había aumentado en 45 por ciento el número de diputadas, dijo a IPS la codirectora del no gubernamental Centro Feminista de Estudios y Asesoría (Cfemea), Natalia Mori, que acompaña políticas públicas y leyes de interés para las mujeres.
En 2002, solo cinco de los 27 estados brasileños quedaron sin representantes femeninas en la cámara baja, ahora son ocho, ejemplificó. Además hubo "pérdidas importantes", pues algunas líderes de la "bancada" (bloque legislativo) femenina no lograron ser reelectas, como Iara Bernardi y Luci Choinacki, ambas del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), o disputaron sin éxito otros cargos.
Es el caso de la diputada Jandira Feghali, del Partido Comunista de Brasil, que aspiró a un escaño de senadora por el sudoriental estado de Río de Janeiro. Las encuestas previas le daban un amplio favoritismo, pero finalmente perdió, pese a obtener 37,4 por ciento de los votos válidos.
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Su sorpresiva derrota, a manos de Francisco Dornelles, del conservador Partido Progresista, es atribuida a una campaña de miembros de la Iglesia Católica carioca, que la acusaron de defender "la liberación total del aborto". Panfletos llamaban a la ciudadanía a "votar por la vida", considerando que las posiciones de Feghali equivalían a "matar niños indefensos".
La coalición izquierdista que apoyó su candidatura logró que la justicia electoral ordenara una búsqueda de panfletos en la sede de la Arquidiócesis de Río de Janeiro, que no arrojó ningún resultado, pero agravó la confrontación dos semanas antes de los comicios. No fue acogido otro pedido, para que la justicia impidiera la prédica "irregular" contra la candidata en las iglesias.
Feghali, que sigue ocupando un escaño de diputada hasta febrero, reconoció haber perdido votos decisivos debido a esa campaña religiosa, que en vísperas de las elecciones se intensificó a través de mensajes a miles de teléfonos celulares.
El ataque conservador a la diputada se debe a que es relatora de un proyecto de ley que si bien no legaliza la interrupción voluntaria del embarazo, busca despenalizarla para que el sistema de salud pública pueda atender a las mujeres que sufren secuelas de abortos clandestinos, causa de miles de muertes en este país de más de 187 millones de habitantes.
La interrupción del embarazo es condenada como un delito en este país —con excepción de la practicada en casos de estupro o riesgo de vida de la madre—, lo que impide el tratamiento de sus secuelas en el servicio público de salud, el único al que tienen acceso las mujeres pobres. El hecho contribuye a la elevada mortalidad materna.
Esa realidad fue destacada por la organización no gubernamental Católicas por el Derecho a Decidir, en defensa de Feghali, "que como parlamentaria ha acogido con seriedad los reclamos del movimiento de mujeres". Como la legisladora es médica, fue natural su elección como relatora del proyecto de ley que trata el aborto como una cuestión de salud pública.
Esa batalla particular de la candidata a senadora ilustra bien uno de los obstáculos que enfrenta el movimiento por mayor participación de las mujeres en los poderes políticos. Los derechos reproductivos y sexuales, una bandera feminista, sufren el rechazo de religiosos y conservadores, dividiendo inclusive a la bancada femenina en el parlamento, que actúa de modo coordinado en otros asuntos.
Pero el movimiento celebra algunos triunfos de las elecciones del domingo. Cinco mujeres disputarán 10 gobiernos estaduales en la segunda vuelta electoral, que tendrá lugar el 29 de octubre, algunas como favoritas.
Manuela D'Ávila, periodista y estudiante de sociología de 25 años, fue elegida diputada por el Partido Comunista con la mayor votación en el sureño estado de Rio Grande do Sul. Tendrá así capital político para representar a la juventud femenina y a la renovación parlamentaria, destacó Mori.
Otras candidatas obtuvieron excelente votación, indicando que la bancada femenina podrá mejorar en su "actuación cualitativa" en la próxima legislatura, aunque no aumentó la cantidad de diputadas, sostuvo.
La batalla de las mujeres en el parlamento se articula con la lucha por acciones afirmativas también a favor de otros grupos sociales que "enfrentan más dificultades" de participación política, como los negros e indígenas, reconoció Mori. Las minorías étnicas están incluso excluidas de las estadísticas oficiales, por lo que ni siquiera se puede conocer la historia de su presencia en el Congreso, observó.
Los resultados decepcionantes de estos comicios confirman, para las activistas, la necesidad de una reforma electoral que, a ejemplo de la adoptada en Argentina a inicios de los años 90, promueva un aumento efectivo de mujeres en las instancias del poder político.
El financiamiento público de las campañas electorales, para que las mujeres puedan competir en igualdad de condiciones financieras, y la elección por listas partidarias cerradas son condiciones indispensables, según Almira Rodrigues, investigadora de Cfemea.
Pero las listas tienen que ser ordenadas con alternancia de sexo, de manera que las mujeres estén también entre los primeros lugares, para resultar electas, destacó. Si se adopta la paridad, a cada candidato le sigue una candidata y viceversa. Si se fija una cuota de un tercio femenino, serán dos hombres por cada mujer.
En Brasil, los electores no votan por partidos, sino por la persona del candidato identificado con un número. Por ello, poco resultó de la cuota estipulada en 1997, que recomienda a los partidos presentar 30 por ciento de mujeres entre sus postulantes.
