Juan María Bordaberry tiene cierta celebridad fuera de las fronteras de Uruguay por haber pasado de ser presidente constitucional a dictador, en junio de 1973. Aunque no inventó el autogolpe, cometido en su caso con las Fuerzas Armadas, desde entonces se habla de «bordaberrización» para caracterizar a ciertos regímenes.
Bordaberry disolvió el parlamento, suspendió las libertades civiles e ilegalizó los partidos políticos y las organizaciones sociales al dar comienzo la dictadura cívico-militar que duró hasta 1985.
Tras una omisión de más de 20 años, el Poder Judicial de este pequeño país empieza apenas a juzgar a algunos responsables y agentes de aquella dictadura. Y entonces brotan, dentro y fuera de los estrados, datos y presuntas pruebas de inocencia que han conseguido gran realce en los medios de comunicación.
Ultracatólico y portavoz de una ideología personal que niega la democracia y cree en una suerte de derecho divino a ejercer el poder político, Bordaberry está acusado de atentar contra la Constitución y de coautoría en los asesinatos de dos líderes opositores a su régimen, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, perpetrados el 20 de mayo de 1976 en Buenos Aires.
Esos no fueron los únicos crímenes cometidos por fuerzas represivas a ambos lados del Río de la Plata mientras Bordaberry fue presidente, hasta el 12 de junio de 1976, cuando los militares lo sustituyeron por no comulgar con su propuesta de disolver para siempre los partidos políticos.
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Hubo otros muertos, dentro y fuera de Uruguay, antes y después de junio de 1973, unos 200 detenidos-desaparecidos, abundante cantidad de presos políticos y una extendida práctica de la tortura, por las que Uruguay también adquirió cierta celebridad internacional, más notable si se considera que por entonces había regímenes represivos en todo el Cono Sur de América.
El jueves por la noche, uno de sus hijos, el político Pedro Bordaberry, ex ministro del gobierno del Partido Colorado encabezado por Jorge Batlle (2000-2005), apareció en un programa de televisión prometiendo presentar pruebas de la inocencia del ex dictador.
La teleaudiencia presenció un contenido acordado por el entrevistado y los periodistas del programa "Zona Urbana", cuya dimensión no fue fácil de aquilatar.
El hijo argumentó que el padre no debía ser juzgado por atentar contra la Constitución, pues las responsabilidades del proceso que acabó en la consolidación del régimen dictatorial eran difusas y las culpas compartidas por muchos actores políticos y militares.
Además, al aceptar comandar el golpe de Estado, su padre le ahorró al país males mayores, como una dictadura al estilo "peruanista" —otro modelo sudamericano en la galería de regímenes no democráticos— de Juan Velasco Alvarado (1968-1975), pro comunista y con reforma agraria, dijo Bordaberry hijo.
El político insistió en su fe democrática personal, se resistió a repudiar al dictador, como le propuso quien lo entrevistaba, pero reiteró: "no estoy de acuerdo" con el golpe de Estado.
Luego expuso lo que llamó pruebas de la inocencia de su padre en los crímenes: dos diálogos mantenidos por él con uno de los hijos de Michelini, el senador oficialista Rafael Michelini, y con el actual secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, grabados sin conocimiento de los implicados.
En una de esas conversaciones privadas, Michelini expresaba su convicción de que Bordaberry no había ordenado matar a su padre, y Fernández exponía una versión de que esos asesinatos fueron perpetrados por un miembro de una banda paramilitar argentina con el fin de obtener valores presuntamente entregados a los dos políticos por guerrilleros uruguayos.
El programa incluyó un desafío de Bordaberry a Rafael Michelini a que lo desmintiera, seguido de la llegada de éste al canal, tras lo cual se emitieron las cintas y se desató una polémica entre el hijo del dictador y el hijo del asesinado, con gritos e insultos, que marcó 14,5 puntos de rating en Montevideo (casi 200.000 espectadores), pero que dejó poco gusto a verdad.
En la confusión, quizás no se haya notado que las grabaciones emitidas no prueban nada, excepto las opiniones de Michelini y de Fernández y la costumbre de muchos políticos de decir en privado lo que no dirían en público.
Además, Bordaberry no está acusado de disparar, ni siquiera de haber ordenado los disparos, sino de complicidad y/o ocultamiento por la responsabilidad institucional que ostentaba.
Extractos de las grabaciones emitidas en el programa coinciden con algunos párrafos de un reportaje publicado el 21 de septiembre por el prestigioso semanario Búsqueda, y que exponía esta tesis: Michelini y Gutiérrez Ruiz, dos de los más célebres opositores de la dictadura contra la que realizaron numerosas denuncias internacionales, fueron muertos con fines económicos, por argentinos y sin responsabilidad de autoridades uruguayas.
Se sabe hace mucho tiempo que la banda argentina del criminal Aníbal Gordon saqueaba a sus víctimas, pero ese fue el modus operandi de la represión de la última dictadura del país vecino (1976-1983), y nadie podría afirmar que el propósito que persiguieron por lo menos 10.000 desapariciones forzadas era alzarse con las fortunas personales de los secuestrados.
Las familias de Michelini y Gutiérrez Ruiz, querellantes en el juicio contra Bordaberry, han criticado esa versión por subrayar unos hechos y olvidar otros, con un resultado general de confusión y desconcierto que acaba siendo conveniente a los imputados.
La verdad de los hechos que se investigan es un rompecabezas muy complejo que requiere esfuerzos más profundos para completar las piezas, no sólo en los tribunales, sino también ante la opinión pública.
También es cierto que ese grupo de criminales actuaba en connivencia con las fuerzas del Estado argentino y con un grupo de enlace de agentes uruguayos.
De acuerdo con los fiscales, en los expedientes judiciales está probada la responsabilidad de Bordaberry y la de otros funcionarios de entonces, como su canciller Juan Carlos Blanco, así como la de varios militares uruguayos en las acciones mismas.
Las pruebas incluyen documentos desclasificados sobre la coordinación represiva de entonces entre Buenos Aires y Montevideo, de seguimientos, amenazas y otros hostigamientos a los luego asesinados y a sus familias, así como testimonios de otros secuestrados y presos.
Existen testimonios según los cuales Michelini y Gutiérrez Ruiz estaban por entonces buscando formas de negociación para una salida democrática a la dictadura.
Recuperada la democracia, una operación mediática acabó con la investigación parlamentaria realizada entre 1985 y 1987 para esclarecer aquellos crímenes. El diario montevideano El País publicó actas secretas de esa investigación, filtradas con la exitosa intención de abortar la pesquisa.
La dictadura uruguaya no hizo nada por investigar las muertes ni antes ni después de Bordaberry.
Más aún, las familias de los dos asesinados debieron soportar una serie concertada de hostigamientos del régimen en el proceso de enterrar los cuerpos. El sepelio de Gutiérrez Ruiz "se realizó en medio de fuerzas de represión a caballo, que llegaron a saltar por encima de las tumbas", dice la periodista Florencia Melgar en su libro "Sabotaje a la verdad", publicado este año.
Bordaberry dejó por escrito su complacencia ante esas acciones.
"( ) dentro de la información que he recibido relativa a las medidas adoptadas con motivo del entierro de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, figura lo concerniente a la actitud de un Oficial de la Policía que impidió que se colocara el Pabellón Nacional sobre el féretro del segundo de los nombrados. En mi concepto, esa actitud configura un hecho enaltecedor para el funcionario y para el Cuerpo que integra", dijo Bordaberry en una carta dirigida el 26 de mayo de 1976 al ministro del Interior de entonces, Hugo Linares Brum.
"( ) pero especialmente demostró, en mi opinión, sensibilidad frente al hecho que significa el rendir honores a los restos de un ciudadano requerido por actividad contra la Patria", seguía la carta, citada por el periodista Roger Rodríguez en un artículo publicado en agosto en el diario uruguayo La República.
Ahora, ni Bordaberry ni su hijo deben probar que es inocente, pues la presunción de inocencia está vigente en el sistema jurídico uruguayo desde que terminó el régimen dictatorial.
