La propuesta del gobierno de Kenia de amnistiar a corruptos que devuelvan los fondos obtenidos en sonados casos hizo sonar la alarma en este país, donde algunos temen que la iniciativa no haga más que fomentar las prácticas ilícitas y, por último, una cultura de impunidad.
"Si calculas el monto de dinero perdido por la corrupción, no puedes permitirte la amnistía", dijo Maina Kiai, presidente de la Comisión Nacional de Kenia sobre Derechos Humanos.
"Estamos hablando del dinero de los contribuyentes, del cual el gobierno no es el dueño, así que no puede decidir la amnistía. Los contribuyentes keniatas son los propietarios y quienes tienen que decidir", señaló, y agregó que se debe decidir en un referéndum.
La propuesta de perdonar a los corruptos surgió tras conocerse los nombres de funcionarios implicados en lo que se conoció como escándalo de Anglo Leasing, publicados por la ministra de Asuntos Constitucionales y de Justicia, Martha Karua.
La situación, descubierta por los medios de comunicación en abril de 2004, involucró millonarios contratos ilícitos para que el país contara con un sistema de emisión de pasaportes a prueba de falsificaciones y la construcción de laboratorios forenses para la policía.
En el acuerdo participó la empresa Anglo Leasing y la ficticia Finance Limited.
Parte del dinero pagado en esa operación se habría recuperado, según versiones de prensa. La lista cuenta con nombres de funcionarios del gobierno actual y del anterior.
El escándalo enfrentó al gobierno de Mwai Kibaki con donantes donadores y provocó la renuncia de David Mwiraria a su cargo de ministro de Finanzas y de Kiraitu Murungi de la cartera de Justicia.
Ambos nombres integran la lista de Karua juntos al ex ministro de Seguridad Interna Chris Murungaru, y el entonces vicepresidente Moody Awori, quien se resistió a dejar el cargo alegando que no había cometido ningún delito.
La mayoría de los nombres de la lista también figuran en un documento sobre el escándalo compilado por John Githongo, ex secretario permanente para la Gobernanza y la Ética, quien era responsable de asesorar a Kibaki para tratar de frenar la corrupción.
Githongo dimitió el año pasado alegando que se frustraban los esfuerzos de los miembros del gobierno para luchar contra las prácticas ilícitas. Actualmente vive en Gran Bretaña.
La Comisión Anticorrupción de Kenia sostiene que entrevistó a 270 personas en relación con el escándalo de la empresa Anglo Leasing y recomendó procesar a algunas de ellas, dentro de las que hay cuatro ex ministros y tres ex secretarios permanentes.
La oficina del fiscal prometió esta semana tomar acciones respecto de los casos aportados por la Comisión.
Además del escándalo de esa empresa, Kenia vivió otro caso de corrupción, el asunto Goldenberg, a principios de la década de los 90, conocido como el mayor acto de corrupción de este país de África oriental en toda su historia.
Ese caso se refiere a unos 600 millones de dólares perdidos en exportaciones fraudulentas de diamante y oro. En ese escándalo participaron miembros clave del gobierno, como el ex jefe de Estado Daniel arap Moi y varios de sus ministros.
Hasta ahora nadie ha sido procesado por ningún delito vinculado a este asunto.
La población teme que las grandes sumas de dinero involucradas en los grandes escándalos de corrupción permitan a los funcionarios manipular la oferta de amnistía.
"¿Cómo saben que los saqueadores van a devolver todo lo que robaron? Alguno puede entregar sólo una décima parte del total y dejar el resto en bancos extranjeros y de todas formas ser perdonado", dijo Ochieng Asila, vendedor de diarios de Nairobi.
"Deja que los que robaron afronten toda la (fuerza) de la ley, devuelvan el botín y queden encerrados en prisión. No podemos seguir permitiendo que el gobierno juegue con el dinero de los contribuyentes mientras millones de keniatas no pueden acceder a prestaciones básicas", agregó.
Lo mismo piensa Geoffrey Birundu, de la Red Nombra y Avergüenza a la Corrupción, una coalición que reúne a organizaciones que luchan contra ese flagelo
"Si no hubiera sido por el saqueo, el gobierno habría tenido dinero para hacer perforaciones en la árida provincia Nororiental y construido hospitales en zonas remotas del país, donde la gente se muere mientras camina kilómetros y kilómetros hasta un centro médico. Las muertes son innecesarias", alertó.
Organizaciones de derechos humanos anunciaron que iniciarán una campaña de educación en todo el país para aumentar la comprensión de la población respecto de las desventajas de una amnistía, en caso de que el gobierno decida seguir con la medida.
Algunos parlamentarios estarían planificando promover un proyecto de amnistía, según versiones de prensa.
"El problema de corrupción en Kenia existe porque (los miembros) de la clase política se juntan sin importar su afiliación política cuando se trata de discutir asuntos que los van a proteger y a engrosar sus bolsillos", indicó Kiai.
Algunas personas pueden ahora considerar una ironía el hecho de que Kibaki haya llegado al gobierno en 2003 con una plataforma anticorrupción. (FIN/IPS/traen-vf/dm/jm/af ip if dv/06)
