Abordar el drama de las personas desplazadas de sus hogares por la añeja guerra civil en Colombia resulta determinante para las conversaciones en busca de paz, según representantes guerrilleros y de la sociedad civil de ese país que se dan cita esta semana en la capital cubana.
Estudios de la Conferencia Episcopal católica y de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), ambas colombianas, sitúan en 3,8 millones la cantidad de personas que entre 1985-2005 fueron expulsadas de sus lugares de residencia a causa de los combates entre fuerzas de seguridad del Estado y organizaciones armadas irregulares de izquierda y de ultraderecha.
"La Iglesia Católica y Codhes hemos sostenido que es urgente abordar el desplazamiento, dada la magnitud, dimensión y características críticas de esta migración forzada en circunstancias de violencia", dijo a IPS Jorge Enrique Rojas, director de esa organización no gubernamental humanitaria.
El tema figura en la agenda de trabajo que del lunes y hasta este jueves desarrollarán delegados del insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN), encabezados por Antonio García, responsable militar de esa guerrilla izquierdista, y grupos de la sociedad civil colombiana.
"La agenda humanitaria y de derechos humanos es clave para aliviar la situación de la población civil en medio del conflicto armado", afirmó Rojas.
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Añadió que los desplazados son víctimas de "estrategias de guerra en las que se imponen el control territorial y de la población, la apropiación ilegal de los bienes patrimoniales de las personas afectadas o los intereses económicos sobre áreas con recursos naturales".
El director de Codhes viajó a La Habana para participar en los encuentros del ELN con grupos sociales interesados en presentar propuestas para eventuales negociaciones de paz.
Estas reuniones son previas a la cuarta ronda de las pláticas de acercamiento entre esa fuerza guerrillera y el gobierno colombiano del derechista Álvaro Uribe, programada del 21 al 25 de este mes.
Las conversaciones, en las cuales el gobierno es representado por su Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, comenzaron en diciembre pasado.
En respuesta a una pregunta de IPS, García admitió, a su vez, que el "desplazamiento es un problema muy serio, muy profundo en la sociedad colombiana", al cual hay que buscarle salidas. "Creemos que es determinante para el avance del proceso (de paz) que se pueda abordar y buscar soluciones" a ese drama, apuntó.
En su opinión, resolver el problema de los desplazados, que según sus cuentas impacta a por lo menos cuatro millones de personas, así como la liberación de los presos políticos en Colombia crearían "un mejor ambiente para el país" y favorecerían "un clima de paz".
En su cuarta ronda de conversaciones, García y Restrepo deberían comenzar a definir lo que podría ser la agenda de futuras negociaciones de paz. "Tanto el gobierno como el ELN iremos introduciendo elementos de lo que podría ser una agenda ( ). El propósito es que se avance de la fase exploratoria", indicó el jefe guerrillero.
Esta fase ha sido definida como "muy compleja" por García, debido a que "tiene que ver con cuáles son los dos objetivos últimos de la paz, vistos desde el gobierno y desde el movimiento insurgente",
"Hay un clamor que tiene un tono de exigencia desde la sociedad civil: el gobierno y el ELN deben pasar de la ronda de diálogos a una fase de negociación", señaló Rojas en sus declaraciones a IPS.
En su opinión, a ello está obligado el gobierno de Uribe, quien inició su segundo mandato consecutivo en agosto, "porque se está agotando el modelo de la guerra sin fin y se impone la lógica de la solución política con la insurgencia".
En el caso del ELN, "porque ya no hay espacio político para insistir en la lucha armada como vía para las transformaciones estructurales que el país necesita. Es decir, la guerra no es el camino para resolver el conflicto, ni las armas son alternativa para superar sus causas", agregó.
Con unos 4.500 efectivos, según estimados militares, el ELN es la segunda fuerza guerrillera del país después de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al que se le atribuyen 46.000 combatientes. Ambas guerrillas izquierdistas enfrentan a las fuerzas de seguridad del Estado desde 1964.
En opinión de Rojas, pareciera que las nuevas realidades políticas imponen escenarios de negociación simultánea con el ELN y las FARC, en primer lugar por la falta de resultados concretos del Plan Patriota (estrategia contrainsurgente de Uribe con especial asistencia de Estados Unidos) como mecanismo para derrotar a esta última y capturar a sus principales dirigentes.
Otra razones apuntan al agotamiento de los recursos oficiales para continuar esa ofensiva y a que "las guerrillas están en condiciones de resistir indefinidamente, pero no de triunfar militarmente".
Por otra parte, hay cerca de tres millones de personas que en las elecciones presidenciales de mayo pasado "votaron por la izquierda democrática (Polo Democrático Alternativo) enviando un mensaje de apoyo a soluciones desde la institucionalidad y no desde la lucha armada", sostuvo Rojas.
Finalmente, Rojas indicó, sin especificar mayores detalles, que en América Latina se abren paso "gobiernos alternativos, independientes y autónomos que indican la posibilidad de cambios en escenarios democráticos".
En el conflicto colombiano actúan además escuadrones de la muerte estrechamente ligados al narcotráfico, agrupados como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ahora en proceso de desmovilización de una parte de sus efectivos. Estos paramilitares también se los relacionó muchas veces con las Fuerzas Armadas.
