Mientras gobierno, expertos y políticos debaten una y otra vez qué tanta justicia, verdad y reparación le convienen a Colombia, las víctimas se adelantan con una propuesta de reforma constitucional que establezca sus derechos y mecanismos para que las atrocidades de la guerra no se repitan.
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MNVCE), integrado por más de 200 asociaciones, propondrá un Acto Legislativo que desmonte e impida recurrir de nuevo al paramilitarismo, bandas mercenarias de civiles armados que cíclicamente han servido para hacer "trabajo sucio" prohibido para la fuerza pública.
El conflicto armado en este país andino, con guerrillas izquierdistas desde 1964 y paramilitares desde 1982, hunde sus raíces en los años 40, cuando los paramilitares que apoyaban al Partido Conservador se denominaban "pájaros" y se dedicaban a despojar y asesinar a liberales y comunistas.
Desde entonces, "millones de personas han sido víctimas de múltiples formas de violencia", afirma la exposición de motivos del proyecto.
Según el MNVCE —surgido en 2005 con la sigla MVCE, y ahora con carácter nacional—, el propósito "es que los derechos de las víctimas tengan carácter permanente y puedan ser protegidos mediante recursos judiciales como la acción de tutela".
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El proyecto, cuyo texto obtuvo en exclusiva IPS, prevé agregar un artículo a la Carta Magna, adicionar un párrafo a otro y reformar cinco más. Fue elaborado con el concurso de destacados ex magistrados y expertos juristas que actuaron con discreción.
"Son derechos fundamentales de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, en los términos de los estándares internacionales de los derechos humanos y del derecho humanitario", reza el artículo que se agregaría a la Constitución de 1991.
El artículo a modificar señala hoy que el Estado responde patrimonialmente por violaciones generadas por acción u omisión de las autoridades, y personalmente con su patrimonio los funcionarios que activamente las hayan causado.
La propuesta del MNVCE agrega que habrá reparación integral en casos de crímenes sistemáticos, como los que se producen mediante la conformación de una estrategia armada paralela a la estatal.
Los cinco artículos a reformar aluden a sanciones expresas para los agentes estatales y miembros de la fuerza pública que incurran en alianzas con estructuras paramilitares, o bien a la prohibición de que la fuerza o las armas de guerra sean delegadas a civiles.
También se prohibirían "leyes que autoricen la creación de cooperativas de seguridad, redes de informantes y toda otra forma de paramilitarismo", resumió el MNVCE.
Dichas cooperativas y redes son parte del diseño de la política de seguridad democrática del gobierno del derechista Álvaro Uribe, que busca vencer a la guerrilla y que, según encuestas, cuenta con amplio apoyo de la población urbana.
Conscientes de que la iniciativa no tiene futuro con un parlamento 70 por ciento oficialista, las víctimas, en parte sobrevivientes y dolientes del exterminio del partido Unión Patriótica creado en 1985 para abrir la guerrilla a la vida civil, someterán la reforma constitucional a amplio debate público para buscar respaldo.
Se trata de la primera iniciativa legal de las asociaciones de víctimas desde que Uribe inició, en su primer mandato (2002-2006), una polémica negociación con los jefes del paramilitarismo, muchos de ellos narcotraficantes, para desmovilizar esas bandas a las que la Organización de las Naciones Unidas responsabilizó de cometer 80 por ciento de las violaciones a los derechos humanos en Colombia.
La negociación culminó este año con la concentración, en un antiguo centro vacacional, de menos de una treintena de jefes que, se supone, pagarán allí sus penas, aunque algunos continúan prófugos.
Su desmovilización produjo un descenso dramático de la matanza, pero desde el cese del fuego de diciembre de 2002 los paramilitares cometieron 3.005 asesinatos de civiles, según la Comisión Colombiana de Juristas, aunque el gobierno replicó que la cifra es menor de 250.
El marco legal del proceso de desmovilización prevé penas máximas de ocho años de reclusión para crímenes de lesa humanidad y, según el MNVCE, acusa "vacíos protuberantes", el principal, "que no prevé procedimientos claros" para que los crímenes no se repitan.
Un fallo de la Corte Constitucional estableció que los desmovilizados no obtendrán beneficios legales si no hay confesión plena de sus delitos.
El diseño legal difiere bastante de la realidad, a juzgar por el caso de Edgar Fierro, de unos 30 años, alias "Don Antonio" o "Comandante 101", del Bloque Norte paramilitar, que operaba en los departamentos septentrionales de Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico.
"Don Antonio" se desmovilizó el 5 de marzo, ese mismo día rindió versión libre de sus andanzas ante un fiscal y dio su primer paso para acogerse a los beneficios legales.
¿Por qué desea desmovilizarse?, preguntó el fiscal. "Por la paz, la familia, queremos la paz, estamos cansados de la guerra, aprovechar la oportunidad que ofrece el gobierno", contestó Fierro textualmente, según reveló el senador Gustavo Petro, portavoz del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), en un debate parlamentario promovido por la izquierda el 18 de octubre y centrado en el fracaso de la desmovilización paramilitar.
¿Utilizó usted algún arma y de qué características? "Yo no usaba ni portaba armas", "No recibí instrucción militar", afirmó Fierro, ex capitán del ejército.
¿Actividades dentro del grupo? "Era el inspector del Bloque Norte, pasaba revista a que las armas y munición estuvieran completas, en buen estado, llevaba la relación de material de guerra e intendencia y comunicaciones", aseveró.
"Mi jefe era 'Jorge 40'" (el comandante paramilitar Rodrigo Tovar), reconoció, pero no mencionó ningún otro nombre. ¿Personas secuestradas por su grupo? "No, eso no sé". ¿Bienes obtenidos por el grupo como tal? "No sé de eso".
El 11 de marzo, en un allanamiento ordenado por la Unidad de Derechos Humanos (UDH) de la Fiscalía en Santa Marta, capital del Magdalena, estaba Don Antonio, quien mostró su carné de desmovilizado. Creyó que la versión dada días antes había ocultado todos sus delitos, pero los fiscales lo requerían por asesinato y extorsión, y fue apresado.
En su poder tenía dos computadores portátiles, dos memorias USB, varios discos compactos y documentos. La información que contienen ha sido filtrada a cuentagotas a la prensa. Según Petro, la filtración es "un seguro de vida" para los investigadores, a quienes intentaron asesinar.
En esos aparatos están registrados 558 asesinatos, cometidos por paramilitares mientras regía el cese del fuego para las negociaciones solamente en uno de los departamentos más pequeños de Colombia, el septentrional Atlántico, entre 2003 y 2005.
También muestran que la misma tarde en que Jorge 40 se desmovilizó, su lugarteniente consignaba el exitoso embarque a Europa de un cargamento de cocaína.
En promedio tres veces por semana, Don Antonio coordinaba envíos de entre 140 y 180 kilogramos de cocaína, a razón de 200 gramos en cada caja de banano transportada por una empresa naviera.
La exportación se hacía, o se hace, previo pago de un soborno de entre 640 y 770 dólares por kilo a policías antinarcóticos de puertos sobre el Caribe colombiano, como Santa Marta o la vecina Cartagena de Indias.
Con cada kilogramo de cocaína vendido en Bélgica, Holanda o Francia, los paramilitares ganan o ganaban 10.000 euros (unos 12.700 dólares).
La transmisión nacional del debate parlamentario en directo por TV no fue vista en los septentrionales departamentos de Córdoba y Sucre, los de mayor dominio paramilitar. La señal, casualmente, "se cayó".
"¿Qué tal que al crearse el Frente Nacional nos hubiéramos empeñado en saber toda la verdad sobre la violencia?", inquirió molesto en el debate el veterano ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín, en referencia a la coalición de gobierno de los partidos Liberal y Conservador que pactó por 20 años, desde 1958, la alternancia en el poder de esas fuerzas, independientemente de los resultados electorales, al terminar la primera etapa de la guerra civil que dejó unos 300.000 muertos.
Para el senador Petro, si "toda la verdad" se hubiera conocido en esa época, "no estaríamos en estas".
