Cientos de millones de dólares de cooperación internacional fluyen cada año hacia los países más pobres de América Latina. Pero el dinero no siempre llega a su destino, por lo que los Estados y las organizaciones sociales están aplicando nuevos mecanismos a favor de la transparencia.
La rendición de cuentas y la ayuda al desarrollo, junto con la anulación de la deuda y el comercio justo, son banderas del Llamado Global de Acción contra la Pobreza (GCAP, por su sigla en inglés), que está impulsando movilizaciones en todo el mundo que culminarán el 17 de octubre con la celebración del día internacional contra esta condición de vida.
En Nicaragua, uno de los países más pobres del hemisferio y que más ayuda externa recibe en América Central, los controles sobre los recursos, tanto del tesoro público como de la cooperación internacional, son fiscalizados por una serie de instituciones que disponen de programas computarizados y leyes contra la corrupción, explicó a IPS la directora de la gubernamental Oficina de Ética Pública, Haydeé Acosta.
Pero las organizaciones donantes no comenzaron a exigir a Nicaragua garantías en el uso de los fondos destinados al desarrollo sino después de que se desataron múltiples campañas anticorrupción, desde la sociedad civil y los medios de comunicación, como consecuencia de las denuncias de desviación de dineros durante el gobierno del ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2001), sentenciado a 20 años de prisión por varios delitos. Teófilo Jiménez, asistente del programa anticorrupción del no gubernamental Grupo Cívico Ética y Transparencia, capítulo nacional de Transparencia Internacional (TI), dijo que Nicaragua todavía luce débil en sus controles estatales de los recursos provenientes de fuentes externas.
Aunque Ética y Transparencia no conoce casos concretos sobre actos de corrupción actuales, Jiménez dijo que "hay una percepción de que la mayor parte de la ayuda se derrocha o se va en salarios y beneficios para los empleados y asesores de altos funcionarios, y que no llega a los proyectos destinados".
Esta opinión se basa en que Nicaragua no mejoró su posición en el barómetro mundial sobre percepción de corrupción, que expide TI. "En el reporte 2005 teníamos un índice de 3,6 sobre 10 puntos, y en 2006 es de 3,7, o sea que aumentó la percepción de corrupción", dijo Jiménez.
Además, el año pasado el gobierno reconoció que más de 12,5 millones de dólares destinados a la lucha contra la pobreza se usaron para contratar 60 asesores nacionales y externos en distintos entes públicos, como parte de proyectos de 2003 y 2004.
El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo cuestionaron en 2005 la ejecución de fondos en algunos proyectos de construcción de carreteras por deficiencias administrativas. Los recursos fueron suspendidos temporalmente y este año fueron finalmente desembolsados.
Entre los mecanismos creados para asegurar la transparencia en el uso de los fondos, se destacan la Caja Única del Estado, creada en 2002 para canalizar toda la ayuda externa que antes llegaba a las múltiples entidades estatales, y el Sistema Integrado de Gestión Financiera Administrativa y de Auditoría, el cual permite controlar en tiempo real la ejecución presupuestaria, según aseguran fuentes oficiales.
En Bolivia, en cambio, los mecanismos anticorrupción implementados son de tipo participativo. En 2002 se creó el Mecanismo Nacional Control Social, una organización ciudadana para fiscalizar las acciones del Estado, explicó a IPS el representante de esta institución, Juan José Diez de Medina.
Una ley surgida de un debate nacional sobre el buen uso de los recursos del Estado y la lucha contra la pobreza, junto con el apoyo de la Iglesia Católica, creó a la institución que logró la participación de colegios de profesionales, sindicatos y organizaciones no gubernamentales (ONG).
La ley 2231, de 2001, estableció dicha potestad, definida como el "derecho de las organizaciones e instituciones de la Sociedad Civil para conocer, supervisar y evaluar los resultados e impacto de las políticas públicas y los procesos participativos de toma de decisiones, así como el acceso a la información y análisis de los instrumentos de control social".
La iniciativa recibió el respaldo de los 314 gobiernos municipales que funcionaban en el año 2002, y pronto se eligieron a representantes de la sociedad civil. Los ciudadanos asumieron un nuevo rol fiscalizador y concentraron su atención en las compras de bienes, servicios y en la ejecución de proyectos sociales.
No obstante, los mecanismos departamentales han reducido su participación en el Control Social, aunque se mantiene su oficina en La Paz. Actualmente, el grupo fiscalizador tiene más presencia en las zonas rurales, donde los representantes de sindicatos de trabajadores y asociaciones de campesinos siguen de cerca a los gobiernos municipales.
Una de sus actuaciones más sonadas fue la denuncia pública contra la segunda administración de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), por el desvío de los recursos asignados por organismos internacionales para el alivio de la pobreza hacia el rubro de gastos reservados.
En Guatemala, la auditoría de los recursos de cooperación internacional es más complicada, toda vez que las ONG manejan unos 535 millones de dólares, monto equivalente a 30 por ciento del presupuesto general del Estado, según datos de la Contraloría General de Cuentas, entidad estatal encargada de fiscalizar el gasto público.
Conrado Monroy, asesor de la Contraloría, calculó que 30 por ciento del dinero en manos de las ONG se desvía para fines que nada tienen que ver con el desarrollo. Pero la Contraloría sólo puede auditar las cuentas de las ONG en el caso de fondos procedentes del Estado o de colectas públicas.
Un ejemplo de esta corrupción sucedió en el municipio de San Diego, oriente de Guatemala, una de las zonas más pobres y donde trabajan varias ONG estadounidenses. Monroy aseguró que habían recibido cobros por dragados de ríos que no existían o pavimentación de carreteras ficticias.
Los fondos procedentes de la cooperación internacional se auditan a través de mecanismos cruzados. Es decir, que tanto la Controlaría como las agencias donantes realizan estudios sobre el destino del dinero y su impacto.
Así, la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), que este año invertirá cerca de 15,2 millones de dólares en el país y el próximo podría alcanzar los 31,5 millones de dólares, opera abriendo una cuenta bancaria conjunta con la contraparte local donde deposita los fondos para el proyecto a ejecutar.
Cada mes, los responsables de la AECI evalúan si la marcha del proyecto se adecua a los planes, examinan las facturas presentadas y autorizan la retirada de nuevas cantidades de la cuenta.
Francisco Sancho, responsable de la Oficina Técnica de Cooperación española, afirmó "no albergar dudas acerca de la transparencia de la ayuda" y que "la mayoría de contrapartes y ministerios guatemaltecos cumplen con los planes de trabajo". En 2002 se formó la Coalición por la Transparencia, formada Acción Ciudadana (integrante de TI), la Cámara de Comercio y figuras del mundo académico. Su principal logro ha sido que el actual gobierno, presidido por Óscar Berger, de la conservadora Gran Alianza Nacional, adoptara en 2004 una agenda mínima para la transparencia, que según Mayra Palencia, coordinadora de la coalición, "avanza lenta, pero avanza".
Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, señaló que "la Contraloría General de Cuentas es parte del problema" de debilidad en el control de los fondos, así como la ineficacia de la fiscalía anticorrupción.
Marroquín también destacó avances en la transparencia, como el uso del sistema Guatecompras. Desde 2004, más de 90 por ciento de las entidades públicas utilizan este sistema informático, que permite el acceso público a la mayoría de compras y licitaciones que realiza el Estado.
Sin embargo, Guatecompras no puede evitar la corrupción por sí sola, ya que fiscalizar las más de 30.000 transacciones anuales que maneja sobrepasa las capacidades de organizaciones como Acción Ciudadana.
* Con aportes de Franz Chávez (Bolivia) y José Adán Silva (Nicaragua).
