Aún con contradicciones entre sus integrantes, el gobierno de Argentina atiende el reclamo de vecinos y productores de la occidental provincia de San Juan que se oponen al proyecto binacional de explotación aurífera en la frontera con Chile por el riesgo de contaminación que conlleva.
El proyecto quedó en suspenso. Kirchner viajó este mes a San Juan y pidió "que se desarrolle la minería, pero con respeto ambiental", una declaración que entusiasmó a activistas de la zona que ya habían sido recibidos por la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti, durante más de dos horas en Buenos Aires.
"Picolotti nos está ayudando, tenemos el aliento de ella para seguir resistiendo", dijo a IPS Andrés Molinara, de la organización de vecinos Autoconvocados de Calingasta en Defensa del Ambiente.
Calingasta es un departamento de San Juan, vecino al megaproyecto y en el que hay otros 10 yacimientos mineros activos.
La iniciativa de la canadiense Barrick Gold Corporation implica explotar una de las fuentes de oro intocadas más grandes del mundo, con 17,5 millones de onzas (600.000 toneladas) de reservas estimadas, ubicada 150 kilómetros al sudeste de Vallenar, en la tercera región chilena de Atacama, y 300 kilómetros al noroeste de San Juan, capital de la provincia homónima.
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Si bien el mineral está concentrado del lado chileno, Argentina se vería más afectada por la contaminación con el cianuro que se usará en la extracción, según expertos.
En Pascua Lama, el consorcio canadiense tiene previsto invertir 1.500 millones de dólares, un monto que, a pesar de ser un proyecto compartido con Chile, lo coloca entre las más importantes de Argentina. Se trata de una cifra que triplica su desembolso para la puesta en marcha de Veladero, otro yacimiento aurífero de la misma compañía y también en San Juan.
Según estima la propia firma, la mina binacional permitirá extraer al año 750.000 onzas de oro y 30 millones de onzas de plata, una riqueza que justificaría montar el campamento a unos 4.600 metros sobre el nivel del mar en la cordillera de los Andes.
Aún con críticas de ambientalistas y productores agrícolas, el proyecto ya fue aprobado por la Comisión Regional de Medio Ambiente de Atacama, en Chile, con la condición de que no se desplacen los glaciares existentes en la zona de explotación, el Toro I, Toro II y Esperanza, que la firma había sugerido remover.
Pero la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental de Minería de San Juan, que debió expedirse en septiembre, pidió una prórroga. En ese lapso, la Defensoría del Pueblo de la Nación advirtió que Barrick Gold y otras empresas mineras estarían ofreciendo "dádivas" a hospitales y escuelas de la región para captar voluntades.
Mientras, la voluntad de la administración de Néstor Kirchner de intervenir en este conflicto se presenta, empero, más tímida, débil y contradictoria que la determinación manifestada frente a Uruguay para rechazar la instalación de dos fábricas de celulosa en ese país sobre un río limítrofe.
Picolotti, antes de asumir el cargo en el gobierno, era directora del no gubernamental Centro de Derechos Humanos y Ambiente. Desde ese lugar había sido elegida este año como representante legal de los vecinos de Gualeguaychú, la ciudad de la oriental provincia de Entre Ríos que rechaza la construcción de esa planta del otro lado del río Uruguay por entender que será dañina para el entorno.
Ya como funcionaria, Picolotti se declaró contraria a la minería que utiliza cianuro, y se reunió con legisladores para pedir que se revise el código respectivo porque, a su juicio, está hecho como un traje a la medida de las empresas.
"La comisión parlamentaria que debe aprobar el proyecto de Pascua Lama no nos merece confianza", afirmó Molinara. Para los vecinos, el yacimiento se constituirá en "un país nuevo entre Argentina y Chile, donde perderemos toda soberanía". Aludió así al temor de que se repitan hechos como los de Veladero, el otro proyecto de Barrick Gold en San Juan.
En cercanías de esa mina, la circulación por la ruta nacional al Parque Nacional San Guillermo es interrumpida en una garita de seguridad de la firma. "Para entrar al lugar tenemos que ir por caminos alternativos", declaró indignado.
Además, la organización Madres Jachaleras, de la localidad de Jachal, a 200 kilómetros de Veladero, denunció ante la justicia local que el río de igual nombre que la ciudad está contaminado con arsénico, una sustancia que queda suspendida en el aire luego de la explosión de las montañas para la minería y que se deposita posteriormente en el agua.
Antes del inicio de la explotación de Veladero en el río sólo había 69 miligramos de arsénico por litro y ahora creció hasta 260 por litro. Mientras, en el agua de red, diversos laboratorios consultados por la entidad, hallaron 120 miligramos por litro.
"La secretaria de Ambiente, que es abogada, nos recomendó pedir en la justicia de Jachal la intervención de su oficina como parte interesada", reveló. La entidad procura así conseguir fondos para enviar muestras de agua a un laboratorio que tenga equipos para detectar la presencia de cianuro en el fluido.
Los vecinos tienen previsto ahora pedir al presidente Kirchner que anule las leyes del sector y el Tratado de Complementación Minera argentino-chileno de 1997. "Sabemos que es difícil, pero tenemos esperanzas. Queremos seguir viviendo aquí, pero Barrick Gold va a destruir todo sin que nadie controle", alertó Molinaro.
En diálogo con IPS, el embajador Raúl Estrada Oyuela, director de Asuntos Ambientales de la cancillería argentina, dijo que la provincia de San Juan "debe hacer un estudio de impacto ambiental" del proyecto.
"Lo que tienen es un informe técnico de 1.800 páginas sin un juicio acerca del impacto", advirtió.
Para el diplomático, la única evaluación seria fue la que se hizo del lado chileno, y allí se sostiene que el perjuicio será mayor para Argentina, sobre todo respecto del manejo del cianuro que se utiliza para separar el metal de la roca.
"En el informe no se explica por qué la empresa usará cianuro para extraer el oro y no centrifugación, que es una tecnología menos contaminante", apuntó el funcionario.
Estrada Oyuela, quien envió una nota al canciller Jorge Taiana sobre este tema, consideró que, si bien los recursos naturales son de cada provincia, el gobierno nacional tiene atribuciones sobre el ambiente y cuestiones relacionadas con el Tratado de Complementación Minera firmado por ambos países.
Sin embargo, admitió también que el gobierno nacional "no tiene una estrategia" frente a este problema. Mientras que la Secretaría de Ambiente y la cancillería frenan el proyecto, desde el Ministerio de Planificación Federal, del que depende la Secretaría de Minería, lo siguen alentando.
Esta semana, funcionarios del área minera de todas las provincias, integrantes del Consejo Federal Minero, se reunieron en San Juan para respaldar el proyecto luego de conocerse la posición de Estrada Oyuela y de Picolotti, que detuvo el pronunciamiento definitivo de la comisión parlamentaria.
A esa reunión asistió el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, y el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, ambos impulsores de los emprendimientos.
Para Estrada Oyuela, "no es que ahora haya una intención del gobierno nacional de frenar el proyecto Pascua Lama, pero es evidente sí que hay una intención de demorar la decisión de aprobarlo sin más".
