Las centrales internacionales de trabajadores salieron a apoyar públicamente el reclamo de los sindicatos de Colombia de que se apresure el establecimiento en ese país de una representación de la OIT.
Janek Kuczkiewicz, director del departamento de derechos sindicales de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (Ciosl), anunció el respaldo de la entidad a la jornada nacional de protesta que realizarán el martes venidero los sindicatos colombianos.
En otra esfera, los representantes de los trabajadores "estamos decididos a aumentar la presión" sobre el gobierno colombiano del derechista Álvaro Uribe y de los empresarios de ese país para que cumplan el compromiso asumido ante la OIT (Organización Internacional del Trabajo), dijo Kuczkiewicz a IPS en una conversación telefónica desde Bruselas, sede de la Ciosl.
El sindicalista hacía referencia así al acuerdo tripartito concertado el 1 de junio de este año en Ginebra, por el cual Bogotá aceptó que se acordara con la OIT, con el apoyo de trabajadores y empresarios, "una renovada presencia" de esa organización en el país.
El texto del acuerdo precisó que la presencia se establecerá "a través de una representación permanente".
La delegación de la OIT tendrá a su cargo la cooperación técnica que promueve el trabajo decente, que incluye la promoción y defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores, de sus dirigentes sindicales y de sus organizaciones.
En particular, el documento subrayó los derechos a la vida, a la libertad sindical, de asociación y expresión, a la negociación colectiva, así como la libre empresa para los empleadores.
En este aspecto, Kuczkiewicz recordó que en Colombia continúan las violaciones de los derechos sindicales. Sólo en 2005 fueron asesinados 74 dirigentes de trabajadores, indicó. El gobierno de Uribe ha afirmado que eran únicamente 24 o 25 las muertes, pero "siempre hay discrepancias entre los datos del gobierno y los nuestros", mencionó.
Un informe de la Comisión Colombiana de Juristas, divulgado este miércoles en Ginebra, consignó que los ataques contra las organizaciones obreras han proseguido en el país.
Entre enero de 2003 y diciembre de 2005, esas acciones causaron 271 muertes, a un promedio de unos 90 asesinatos de sindicalistas por año, precisó a IPS el representante de esa asociación de juristas Andrés Sánchez Thorin.
Tales crímenes se registran en el marco de más de cuatro décadas de guerra entre guerrillas izquierdistas y fuerzas gubernamentales, a las que luego se aliaron grupos paramilitares de ultraderecha fortalecidos desde los años 80 y ahora en proceso de desmovilización parcial.
A ese conflicto se suma la intervención de las bandas de narcotraficantes sostenidas por la demanda del mercado estadounidense de drogas ilícitas, el mayor consumidor mundial.
Pero, además de la violencia contra las organizaciones de trabajadores, también existe el antisindicalismo estructural de los empresarios y gobernantes colombianos, que niegan los derechos de huelga y de negociación colectiva, a la vez que ejecutan reestructuraciones masivas en empresas con el aparente único motivo de controlar la actividad sindical, dijo Kuczkiewicz.
En ese plano figura la reestructuración que lleva adelante el propio Estado, con la privatización de la administración postal y el consiguiente despido de más de 1.000 empleados, confirmó a IPS Freddy Pulencio, dirigente de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO).
Lo mismo ocurre con el anuncio de la inminente liquidación del Instituto del Seguro Social, con la subasta pública de 20 por ciento de las acciones globales de la sociedad estatal Ecopetrol y de 50 por ciento de las de la refinería de Cartagena, la segunda del país después de la existente en la nororiental Barrancabermeja, explicó Pulencio.
Ese es uno de los motivos de las agitaciones obreras que se efectuarán durante las horas de trabajo en la mañana del próximo martes 26 y de las marchas de protesta que se efectuarán por la tarde del mismo día en Bogotá y en otras grandes ciudades del país.
Pero otra razón de las movilizaciones de los trabajadores es la oposición al tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos, en negociación, advirtió Pulencio.
Por esos acuerdos, que afectan principalmente a las actividades agrícolas, generalmente se importan productos subvencionados de Estados Unidos o de la Unión Europea, contra los cuales no pueden competir los productores nacionales, describió el sindicalista de la USO.
En el rubro de propiedad intelectual, ese tipo de tratado prorroga por siete años más la vigencia de las patentes farmacéuticas de laboratorios extranjeros, con la excusa de que los medicamentos beneficiados pueden ser utilizados para curar otras enfermedades.
De esa manera se va a acabar con los genéricos, las copias de medicamentos con patentes ya vencidas, y los precios de venta al público en las farmacias aumentarán tres o cuatro veces su valor, reflexionó Pulencio.
Además del respaldo a las movilizaciones en Colombia del martes próximo, las centrales internacionales de trabajadores presionarán al Consejo de Administración de la OIT, que se reunirá del 2 al 17 de noviembre próximo en Ginebra, para que apresure la designación de un representante en ese país, anticipó Kuczkiewicz.
Vamos a exigir que se cumpla en forma urgente el acuerdo de junio pasado, con el nombramiento de un representante y la apertura de una oficina en Colombia, insistió. Tiene que ser una persona de alto nivel y que merezca la confianza de las comunidades regional e internacional, demandó el dirigente de la Ciosl.
Kuczkiewicz descontó que se establecerá una oficina en Colombia, porque el representante no podrá hacer sólo el trabajo, razonó.
El sindicalista dijo igualmente que la oficina tendrá que dedicarse al programa de trabajo decente, que la OIT define como la labor productiva en el cual se protegen los derechos y que genera ingresos adecuados con una protección social apropiada.
Por eso estamos hablando de un equipo, recalcó. Sin embargo, Kuczkiewicz recordó que los sindicalistas colombianos han observado que el gobierno manifestó en varias oportunidades su oposición al establecimiento de una oficina de la OIT. Los empleadores comparten el criterio gubernamental, especificó.
Sin embargo, los dirigentes obreros colombianos argumentan que esa actitud de gobierno y empresarios niega el acuerdo de junio pasado.
En Colombia ya funciona una oficina del la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con la misión de supervisar el acatamiento en el país de los tratados y de las disposiciones de los órganos internacionales de esa especialidad.
Kuczkiewicz sostuvo que, a pesar de algunas críticas de la comunidad internacional que reprochan a la oficina de derechos humanos "porque sus observaciones podrían ser más severas", esa presencia ya equivale a un mecanismo de control internacional en Colombia.
